La reforma de la funcion pública ha sido dictaminada sin apenas cambios ni debates en el Congreso
El proyecto de ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública, que por las materias que regula es uno de los textos más importantes de la legislatura, quedó ayer dictaminado sin apenas cambios ni debates en la comisión correspondiente del Congreso. En tres cortas sesiones, que en conjunto no han supuesto ni nueve horas de examen (en realidad, muchas menos si se tiene en cuenta el tiempo invertido en votar las diferentes enmiendas y el articulado), el texto ha quedado listo para su discusión en el Pleno del Congreso de la semana que viene.La holgada mayoría socialista y el escaso calor puesto por los grupos de la oposición en la defensa de sus enmiendas han propiciado una tramitación rutinaria y acelerada del texto. Las expectativas de un debate profundo y enconado entre el Grupo Popular y el PSOE, tras dos meses de negociaciones infructuosas para consensuar la ley, y después de un airado intercambio de acusaciones por la ruptura de las conversaciones entre la oposición y el Gobierno, han quedado relegadas por el momento al Pleno del Congreso.
En la sesión de ayer, en la que no se modificó ni una coma del texto remitido por la ponencia, se debatieron y votaron -en dos horas y media- ocho artículos y 15 disposiciones adicionales y transitorias. Artículos y disposiciones en las que se regula, entre otros temas de menor importancia, la estructura de cuerpos y escalas de la Administración del Estado, la jubilación forzosa, el régimen disciplinario y la Seguridad Social de los funcionarios.
Reglamentarismo
El Grupo Popular, en sus distintas intervenciones, acusó al Gobierno de otorgarse un voto en blanco, a través del proyecto de, ley, para deslegalizar la función pública y reformar a su antojo, sin dar cuenta al Parlamento, la Administración Pública. Criticaron el papel que se reserva el Gobierno para unificar, crear o suprimir cuerpos de la Administración, y el excesivo reglamentarismo en materia de permisos y sanciones.
La derecha se quejó también de que el Gobierno se reserve la facultad de atribuir las funciones y que las mismas no continúen adscritas a los cuerpos; de la excesiva titulitis (exigencia de títulos universitarios) contenida en el proyecto; y de la supresión de las situaciones administrativas de excedencia especial y de supernumerario, al tiempo que se crea la de servicios especiales.
Uso prudente y moderado
Los representantes del PSOE recordaron a la oposición que ilustres liberales se habían pronunciado públicamente contra los funcionarios que consideran en propiedad y de por vida su puesto de trabajo. Aseguraron que el Gobierno hará un uso prudente y moderado de las facultades que le otorga el proyecto de ley, e indicaron a la oposición que no se rasgue las vestiduras por la deslegalización de la modificación de los cuerpos de la Administración, porque ya existen cuerpos, los de los organismos autónomos (personal del Insalud, por ejemplo) que no han sido creados por ley, y la decisión fue tomada por las Cortes franquistas.
La jubilación forzosa a los 65 años, incluida en el artículo 32, provocó también numerosas intervenciones desde las filas de la oposición. Se dijo que esta reducción en cinco años de la edad de jubilación iba a tener efectos económicos muy perjudiciales para los funcionarios afectados, máxime cuando sus pensiones se calculan en base a sus retribuciones básicas y trienios, que son una parte pequeña de sus percepciones totales como trabajadores activos.
Los miembros de la oposición dijeron que se conculcaban derechos adquiridos, e incluso el diputado Antonio Carro calificó la medida de claramente inconstitucional. El representante centrista, momentos antes, había dicho que bordeaba la inconstitucionalidad.
El representante de la Minoría Vasca, que en líneas generales se mostró conforme con el proyecto, se opuso tajantemente a la disposición transitoria octava, a la que calificó de "restos del naufragio de la LOAPA", que regula distintos aspectos de contratación de funcionarios durante el período de transferencias entre el Gobierno central y las comunidades autónomas.
