Una larga crisis salvada con 270.000 millones de pesetas

La crisis de Banca Catalana, que ha costado al Banco de España y al Fondo de Garantía de Depósitos más de 270.000 millones de pesetas, es consecuencia de un crecimiento excesivamente rápido. Un grupo de financieros e industriales catalanes -con la familia Pujol al frente- compró la pequeña Banca Dorca, de Olot, el 18 de marzo de 1958. 22 años después, aquella pequeña entidad se había convertido en un importante grupo bancario que agrupaba siete instituciones -Banca Catalana, Banco Industrial de Cataluña (BIM), Banco Industrial del Mediterráneo (BIM), Banco de Barcelona, Banco de Gerona, Banco de Alicante y Banco de Crédito e Inversiones-, con unos depósitos globales de 260.000 millones de pesetas.El rápido crecimiento de Catalana funcionó durante los años del desarrollismo, pero se estancó a partir de 1974 con el descenso de la demanda de suelo industrial y de vivienda y los problemas urbanístico- sociales. En esta época, los directivos, que no supieron valorar debidamente la crisis industrial e inmobiliaria, compraron, en una huida hacia adelante, el Banco de Gerona (1975), el de Barcelona (1977) y el Banco Industrial del Mediterráneo (BIM) (1979). El grupo insistió además en una política de inversión que lo llevaría a la crisis.

Desequilibrio patrimonial

El 22 de septiembre de 1981, una inspección del Banco de España descubrió un desequilibrio patrimonial de 6.762 millones de pesetas. Los dirigentes de Banca Catalana empezaron a buscar soluciones y acudieron al presidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol -hasta fecha reciente hombre fuerte del grupo- Posteriormente, mientras se negociaba la ayuda de algunas cajas, un boletín confidencial anunció, el 11 de junio de 1982, la suspensión de pagos de un importante banco catalán. Cundió el pánico entre los clientes y en pocas horas se retiraron depósitos por valor de 10.000 millones de pesetas.Después de una amplia renovación, en julio se frenó la fuga de depósitos y el nuevo equipo gestor se lanzó a la recuperación de depósitos y a la emisión de bonos. Esta emisión se demostró insuficiente y se elaboró otro plan de salvación del grupo que el Banco de España no aceptó porque no incluía el traspaso de la entidad al Fondo de Garantía de Depósitos.

Los siete grandes de la banca se reunieron para tratar el tema en conjunto el 21 de octubre de 1982 y los rumores sobre la difícil solución de la crisis, ya disparados tras la no aceptación del plan de saneamiento por parte del Banco de España, se acentuaron, lo que se tradujo en una nueva fuga de depósitos. Los administradores dimitieron el 2 de noviembre de 1982 y el Banco de España tomó el control.

Durante los meses de noviembre y diciembre se celebraron unas tumultuosas juntas de accionistas de Cátalana, BIM y BIC. El desequilibrio, del que sólo se había descubierto una pequeña parte en 1981 -6.762 millones- se cifró oficialmente en 129.112 millones de pesetas, pero en las asambleas no se pidieron responsabilidades al antiguo equipo rector. El Banco de España concedió ayudas crediticias por valor de 125.000 millones y el Fondo de Garantía de Depósitos otras cantidades en diversos conceptos, hasta superar los 270.000 millones de pesetas, flujo que salió enteramente de las arcas públicas, y que en parte se recuperará en los próximos años.

El Banco de Vizcaya

Para salvar la catalanidad del grupo, se intentó que La Caixa y el Banco de Sabadell compraran la entidad. Finalmente, sin embargo, un pool formado por casi toda la banca privada fue el que se adjudicó el grupo Catalana, en subasta, el 17 de mayo de 1983. La gestión se encargó al Banco de Vizcaya. El Banco de Vizcaya, despuis de un excelente ejercicio en el año 1983, en el que el grupo Catalana generó 6.000 millones de pesetas de recursos, decidió hacer efectiva su opción de corripra y compré la entidad en enero de 1984.