Pobres museos

LA CONMEMORACIÓN, hoy, del Día Internacional de los Museos no es, en España, precisamente una oportunidad para- el alborozo. Si el estado de atención a multitud de museos locales es deplorable, todavía lo es más la falta de un conocimiento canal de su número y condiciones. De aquí se deduce que, no poseyendo todavía un diagnóstico preciso de la situación, mal se puede disponer de un programa para remediarla. Por otro lado, cuando entre la penuria estadística algún dato parcial asoma es, casi sin excepción, para confirmar la indigencia. Para cubrir las necesidades de un centenar de museos de carácter estatal existen en España 99 conservadores de obras de arte. Cifra insólita si se tiene en cuenta que sólo el parisiense Museo del Louvre cuenta con 200. Para que la vida de los museos no fuera reflejo de mezquindad, la Administración socialista abrió gratuitamente a los españoles los centros bajo su control.

Pero esta medida popular, tan bien recibida, parecía anunciar un cambio de más alcance en la consideración del arte, desmentido hasta ahora por una inercia que empieza a asemejarse al abandono. A su luz -o a su sombra-, ni siquiera aquella determinación de la gratuidad, que ha suscitado colas espectaculares con motivo de exposiciones no menos espectaculares, puede evitar las sospechas demagógicas. Esta Administración, tan magnánima con los visitantes, es la misma que abrió las salas de exposición permanente del Museo Español de Arte Contemporáneo (MEAC) para que una empresa comercial organizara allí un desfile de modelos, y de cuyas circunstancias, efectos y particulares provechos todavía no existe una cumplida explicación del Ministerio de Cultura.

Igualmente, tampoco ha zanjado esta Administración la polémica sobre la adquisición de los cuadros que, de modo arbitrario y displicente don respecto a las funcio nes del patronato del MEAC, hicieron el director general de Bellas Artes y el director del museo, por valor de 280 millones de pesetas. Se ha respondido oficialmente que hubo urgencia en las compras, taimadas por la presencia de la influencia política en las mismas, pero nadie ha dicho que el conjunto de las adquisiciones responde a un criterio huérfano de sensibilidad estética y sospechosamente ligado al favoritismo con algunas galprías, y concretamente con una que es propiedad del apologeta oficial del vicepresidente del Gobierno. El patronato suspendió sus funciones, humillado y ofendido porque no fue en absoluto consultado sobre el tema, y esS suspensión sigue en pie hasta que el MEAC sea, con su estatuto y sus funciones delimitadas, propias y firmes, el organismo estatal que debe ser.

El Día International de los Museos, pues, con base en estas comprobaciones, no habría de ser motivo de jolgorio. Pero, por si faltaba poco, se une ahora el proyecto de ley del Patrimonio Histórico Español. Lo más sorprendente de él es la desproporción existente en el reparto de responsabilidades públicas ¡privadas a la hora de rendir cuentas sobre el estado de conservación de los bienes culturales. Dato trascendente si se tiene en cuenta que el principal propietario de bienes culturales en nuestro país es el Estado y que, desde luego, no se ha distinguido históricamente, como se ve, por el celo empeñado en su adecuada conservación. Los datos al respecto son abrumadores, y basta para comprobarlo con echar una ojeada a la triste historia del Museo del Prado, el cual, 164 años después de su inauguración, todavía tiene pendiente la realización de su inventario defmitivo, pero que, aún sin concluir, ya delata la pérdida o destrucción de centenares de cuadros. Esto sin contar con que no pocos de sus depósitos, aún dispersos por los más vanopintos lugares de todo el mundo, se hallan en deficientes o nulas condiciones de conservación y seguridad tal y como se ha puesto recientemente de manifiesto con la sustracción del retrato del marqués de la Ensenada en la Presidencia del Gobierno. Un dato curioso: en plenas fiesta de Madrid, cuando más visitantes hay en la capital, la dirección del Museo se permite, unilateralmente, adelantar la hora de cierre y echar cerrojo del todo el día de san Isidro. Lo que se llama un modelo de sensibilidad pública y de afán de extensión cultural. Pero ya habíamos visto antes que el Museo de Arte Moderno abría sus salas, con la espléndida exposición de Munch, no antes de las cinco de la tarde, que es cuando normalmente se cierran en el mundo.

La situación, bochornosa e inquietante, puede sintetizarse en este hecho: actualmente, si el Estado se aplica a sí mismo la normativa prevista en el proyecto de ley del patrimonio para regular el uso de los bienes culturales por parte de los particulares, incurrirá en una escandalosa situación de ilegalidad.

Efectivamente, basta examinar la realidad actual de la mayoría de los archivos, bibliotecas y museos de titularidad estatal para comprobar, no ya que no cumplen la mayoría de los artículos de la proyectada ley, sino que, salvo intervención de la Providencia, no tienen, por el momento, la mínima posibilidad de hacerlo.

Por añadidura, no parece aventurado afirmar que el 90% de lo conservado en los museos estatales no está a la vista del público y en su gran mayoría, tampoco está al alcance de los investigadores. No se trata, pues, tan sólo, lo que ya sería importante, de que la dotación de personal cualificado y medios sea comparativamente sonrojante, sino de que nuestros museos estatales, salvo contadas excepciones, o están agonizando o se pueden dar por muertos.

Ante este panorama, y visto que el proyecto de ley sobre el Patrimonio Histórico apenas se ha pronunciado sobre el futuro de nuestros museos oficiales, sólo cabe una conjetura: ¿estarán pensando elaborar una ley específica y de algún modo salvadora para ellos?