Acusaciones mutuas de inactividad entre socialistas y Coalición Popular
Al concluir el primer año de legislatura del Gobierno socialista de José Bono, las dos fuerzas representativas de Castilla-La Mancha en el Parlamento regional, el Partido Socialista Obrero Español y Coalición Popular, han entablado una pugna dialéctica en la que se acusan respectivamente de inactividad y falta de iniciativas.La no conclusión del segundo período ordinario de sesiones, que el Estatuto de Autonomía fija en su artículo 11 entre febrero y junio, ha despertado airadas críticas de la oposición sobre el comportamiento del Grupo Socialista de las Cortes regionales.
Los populares se quejan por la falta de proyectos de ley y de comparencencias del Ejecutivo socialista, crítica que éstos devuelven asimismo a la oposición. "Nadie en el mundo tiene las vacaciones que tenemos nosotros", dijo ante los periodistas José Lara, miembro de la comisión de presupuestos del Grupo Popular.
Por su parte, los socialistas creen que no está justificada la prolongación de período de sesiones, "porque no hay temas importantes que discutir", según el portavoz del PSOE Vicente Acevedo.
En cambio, el Grupo Popular no comparte este supuesto, ya que no se le han dado explicaciones sobre materias solicitadas, como las repercusiones que para la región puede tener el ingreso de España en la Comunidad Económica Europea, su capacidad de reducir el paro en la región y la incidencia que el programa de área de gran expansión industrial puede tener para los municipios implicados.
Tampoco se ha dado por satisfecho el Grupo Popular con las explicaciones que el consejero de Economía y Hacienda, Juan Pedro Hernández, ha dado sobre la liquidación de los presupuestos de 1983 y en los que existen -según la oposición- 300 millones sin cubrir hasta el 31 de diciembre pasado, preguntándose adónde se van a destinar estos millones sobrantes.
Los socialistas consideran un error centrar la actividad parlamentaria en los plenos, por lo que piensan trabajar durante el período intersesiones más directamente en contacto con el ciudadano. Para ello han propuesto la creación de una comisión parlamentaria de defensa del ciudadano, una especie de Defensor del Pueblo para la región.
