Las inspecciones realizadas no han provocado la expropiación de uso de ninguna finca manifiestamente mejorable

Las inspecciones llevadas a cabo sobre fincas presuntamente mejorables llevadas a cabo por los técnicos del Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA) desde la aplicación de la ley han totalizado algo más de 2.200 fincas, con una superficie superior a 1.200.000 hectáreas. La mayor parte de estas visitas de inspección dieron como resultado el sobreseimiento de los expedientes, y, en ningún caso se ha llegado a la fase última de aplicación de la ley, la expropiación del uso de la tierra, ya que las explotaciones han iniciado de forma voluntaria u obligatoria planes de mejora de la explotación de la finca.

La aplicación de la ley de Fincas Manifiestamente Mejorables, que en su momento provocó importantes tensiones en los medios agrarios, se ha mostrado corta en cuanto al volumen de fincas afectadas y poco operativa desde el punto de vista de aplicación de nuevos planes de fomento de la explotación agraria.La ley establece que las fincas que pueden entrar dentro de la calificación de manifiestamente mejorables serán aquellas que lleven dos años sin ser explotadas, sobre las que recaigan inversiones del Estado que no estén siendo utilizadas, y, en cualquier caso, las explotaciones que superen las 50 hectáreas de regadío y las 500 de secano.

El censo agrario de 1972, último publicado hasta la fecha, a la espera de que finalice la preparación: del correspondiente a 1982, reflejaba que existían en aquel año 12.000 fincas de superficie superior a las 500 hectáreas, con una extensión total de 17.100.000 hectáreas, aproximadamente un tercio del total de tierra agraria.

De estas explotaciones, casi 5.000 -9,5 millones de hectáreas- son propiedad de entidades públicas o comunales, y, por tanto, no se ven afectadas por la ley. Quedan, en cualquier caso, 7,5 millones de hectáreas sobre las que la aplicacion de la ley de Fincas Manifiestamente Mejorables es imperativa.

Los resultados de las inspecciones, cuando se llevan casi cuatro años de vigencia de la ley, no son halagadores. Los técnicos del IRYDA han visitado un total de 1.120.000 hectárelas, el 15% del total. Ello referido a las grandes explotaciones.

La escasa incidencia de la aplicación de la ley en hechos tangibles se muestra tanto en la escasez de fincas a las que se les abre un expediente para que presenten un plan de mejora de la explotación como en la escasa importancia que han tenido las denuncias de particulares para que se visitaran determinadas explotaciones.

La ley señala que las inspecciones podrán hacerse de oficio, es decir, por decisión de los expertos del IRYDA, o por denuncias de particulares que consideren que una finca es mejorable en su explotación.

Del total visitado, sólo el 10%, tanto en número de fincas como en extensión de las mismas, ha sido producto de denuncias de particulares.

Planes en marcha

El porcentaje de superficie que, en ese caso, ha recibido la comunicación de que obligatonamente debe ponerse en marcha un plan de mejora, supera el 15% y afecta a 16.000 hectáreas. De ellas, la mitad ya tienen planes aprobados, y el resto los están elaborando.

Las visitas de oficio de los expertos del IRYDA, con ser más numerosas, han resultado menos productivas. Una cantidad de hectáreas superior al millón ha mostrado que sólo 55.000 (poco más del 5%) necesitan planes de mejora. Para algunos expertos agrícolas, estos escasos resultados son consecuencia inmediata de los criterios objetivos establecidos para determinar si una finca es manifiestamente mejorable o no.

Criterios establecidos

Establecer como criterios el índice de producción, la utilización de la tierra y el grado de ocupación de la mano de obra -criterios que posteriormente han sido establecidos como los definidores en el proyecto de ley de reforma agraria para Andalucía, al que se ha añadido el capital por hectárea- no parece suficiente si se quiere que la ley se llene de contenido.

Andalucía y Extremadura, las dos regiones con mayor concentración de la propiedad privada de la tierra, son las que han recibido una mayor atención por parte de los técnicos del IRYDA, ya que suman un total de 900.000 hectáreas visitadas, entre las denunciadas y las visitadas.

El establecimiento de planes de mejora para aquellas explotaciones que se considere necesario puede ser por parte del propietario, quien lo debe presentar ante el IRYDA para que lo acepte, o bien por el propio instituto, una vez que el propietario no ha presentado un plan alternativo concreto.

Si la propiedad no pone en práctica dicho plan dentro de un plazo prudencial de tiempo, se puede llegar a la expropiación del uso de la tierra mediante el arrendamiento forzoso a largo plazo para que el instituto o los nuevos arrendatarios pongan en explotación la finca.

Hasta el momento, ninguna finca ha sido expropiada, ya que la propiedad ha puesto en práctica los planes que se le han recomendado.