El Gobierno opina que las tensiones en Coalición Popular la invalidan como interlocutor sobre la ley de la Función Pública

El Gobierno considera que la existencia de fuertes tensiones internas en el seno de la Coalición Popular convierte a esta formación de la oposición conservadora en un interlocutor escasamente válido, según opinión expresada ayer por altas fuentes del Ejecutivo. El problema fue analizado ayer "con preocupación" en el Consejo de Ministros, dedicado a valorar las consecuencias de la ruptura de negociaciones para consensuar las medidas de reforma de la función pública. Esta ruptura fue protagonizada el lunes por el Grupo Popular y se atribuye, en opinión del Gobierno, a las discrepancias que Alianza Popular y el Partido Demócrata Popular mantienen sobre el tema.

"El fracaso en las negociaciones sobre la función pública no anima precisamente a pensar que puede haber consenso en el, otro proyecto de ley en negociación, la ley de Bases de Régimen Local", dijo ayer el ministro de la Presidencia, Javier Moscoso, tras la reunión del Consejo de Ministros deliberante en el que se valoraron las posibles consecuencias de la postura mantenida por la oposición. Posteriormente, Manuel Fraga, presidente de Alianza Popular, confirmaría las escasas posibilidades de que se llegue a un consenso en torno al proyecto de ley de Régimen Local, e informó que el Grupo Popular elaborará un texto alternativo, lo que frustra, de entrada, los proyectos gubernamentales de llegar a un pacto previo a la discusión parlamentaria.Moscoso confesó desconocer las verdaderas razones por las que el Grupo Popular rompió unilateralmente hace tres días unas negociaciones iniciadas el pasado 14 de febrero, precisamente cuando ya se había llegado casi a la elaboración de un texto que sustituía al redactado inicialmente por el Ministerio de la Presidencia. El fracaso de estas negociaciones hará que ahora se tramite parlamentariamente el texto original, y no el que se había ido consensuando en estos meses de conversaciones entre los grupos socialista y popular. En estas conversaciones, según Moscoso, el Gobierno había hecho dejación de algunos principios no fundamentales, por lo que actualmente estima que será más conveniente tramitar en el Parlamento el texto inicial, "que nosotros cosideramos mejor que el redactado conjuntamente".

Irresponsabilidad

El proyecto será debatido en la sesión plenaria del Congreso de los Diputados que comienza el próximo día 16, y se publicará en el Boletín Oficial del Estado antes del próximo día 30 de junio, de modo que sus disposiciones puedan ser tenidas en cuenta a la hora de elaborar los Presupuestos Generales del Estado para el año 1985.De ahí se deriva la urgencia de la ley y el hecho de que Moscoso se lamentase ayer amargamente de haber perdido tres meses en unas negociaciones que finalmente resultaron estériles.

El ministro de la Presidencia calificó de "grave irresponsabilidad política" la ruptura de la negociación, que achacó a "discrepancias en el interior" del Grupo Popular, derivadas posiblemente de "intereses corporativos" de algunos integrantes de este grupo. Privadamente, miembros del Grupo Parlamentario Socialista acusaron al PDP de hallarse tras esta negativa a negociar, mientras que portavoces de AP se veían obligados a disfrazar el rechazo con razones genéricas "y escasamente concretas". Fraga, por su parte, aseguró que la decisión de suspender las negociaciones se había tomado "colectivamente" y de una manera "ordenada, seria e inteligente".

Moscoso desmintió la afirmación lanzada hace dos días por el portavoz del Grupo Popular, Miguel Herrero de Miñón, quien afirmó que los socialistas habían ofrecido preservar los privilegios de determinados cuerpos de la Administración para facilitar el acuerdo en tomo a las medidas de reforma de la función pública. Sin embargo, Fraga reiteró anoche la acusación de Herrero, concretando que tales salvaguardias de intereses fueron ofrecidas por el Gobierno concretamente para los cuerpos de abogados del Estado y letrados del Consejo de Estado.

Por su parte, miembros del PDP no esconden, hace ya tiempo, la existencia de divergencias con AP en determinadas cuestiones parlamentarias, concretamente en lo referente a función pública y libertad sindical.

Un claro indicativo de estas divergencias parece ser el hecho de que ayer Alfonso Osorio, vicepresidente de AP, ofreció a Moscoso la reanudación de negociaciones, aunque a título puramente personal, lo que fue rechazado por el ministro como algo inviable.

Según Moscoso, los mayores reparos iniciales del Grupo Popular al proyecto gubernamental se centraban en tres puntos: las incompatibilidades, las jubilaciones y la regulación de las disposiciones transitorias.

Fraga explicó anoche que el detonante de la ruptura había sido, precisamente, el hecho de que el Gobierno se negara a mostrar al Grupo Popular el texto en el que se contenían las disposiciones transitorias.

El ministro de la Presidencia se mostró confiado en poder llegar a un acuerdo sobre la reforma de la función pública con las minorías nacionalistas y también con el Grupo Mixto.