Irregularidades en las cajas rurales de Valladolid, Palencia y Guadalajara
La detención de Antolín de Santiago, ex alcalde de Valladolid, ex gobernador civil de Cádiz y Burgos y hasta días gerente de los Medios de Comunicación Social del Estado, y la destitución de Pedro Vázquez de Prada como presidente de la Caja Rural de Valladolid son los principales acontecimientos registrados en las últimas horas en el intento de aclarar la situación financiera de algunas cajas rurales de Castilla y León.La destitución de Pedro Vázquez de Prada, miembro de una familia vallisoletana conocida por sus ideas ultraderechistas, como presidente del consejo rector de la Caja Rural de Valladolid fue decidida por el Ministerio de Economía tras conocer un expediente incoado por el Banco de España. En él se indica que la citada entidad bancaria declaró 119 millones de pesetas de beneficios en 1982, cuando sólo hubo 58 millones. También se acusa a la Caja Rural de Valladolid de haber concedido 1.487 millones de pesetas en préstamos a bajo interés, de beneficiar con créditos a cooperativas que carecían de capital social o que tenían activos ficticios, de desviar inversiones hacia la construcción de viviendas, de no haber registrado escrituras de compra, de aumentar su inmovilizado pese a las recomendaciones del Banco de España y de pagar intereses demasiado elevados a los titulares de aportaciones voluntarias. La destitución afecta también a tres miembros del consejo rector de la mencionada entidad.
La Caja Rural insertó ayer una página de publicidad en el diario local El Norte de Castilla, en la que rechaza muchas de estas acusaciones y puntualiza otras. Explica que los 1.487 millones de pesetas en préstamos tuvieron como destinatarios agricultores afectados por la sequía, y reitera una y otra vez que "ni siquiera el Ministerio de Economía ha afirmado que falte una sola peseta ni se ha atrevido a poner en duda la solidez de la Caja Rural, sino que reconoce que produce beneficios".
Antolín de Santiago, ex gerente de los Medios de Comunicación Social del Estado, fue detenido en Madrid por su presunta relación con el escándalo financiero de la Caja Rural de Palencia. Su detención se debe a varios avales personales, con un montante de 1.400 millones de pesetas, firmados a favor de la sociedad Prometesa, de la que era gerente su yerno, Manuel Casado. A ambos se les imputan cargos de fraude, falsedad de documentos y apropiación indebida de fondos. En el mismo caso, según pudo saber EL PAÍS, se encuentran otros tres hombres de negocios vallisoletanos relacionados con la construcción y la hostelería.
Intervención del Banco de España
El juez que instruye el sumario abierto para esclarecer el escándalo financiero suscitado en la Caja Rural de Palencia, ha dictado auto de procesamiento contra Ángel Fernández Macho, vicepresidente de la diputación palentina, alcalde de Herrera de Pisuerga y, hasta hace dos años, director de la sucursal que la Caja Rural posee en la localidad de donde es ahora alcalde, informa desde Palencia .Ángel Fernández, permanecía, desde hace varios días ingresado en la prisión provincial de Palencia, sin que hasta la mañana del miércoles, el juez, José Redondo, hubiese dictado ninguna acusación en concreto. Al alcalde de Herrera, se le acusa en el auto de procesamiento, de presunta estafa y apropiación indebida, cuando dirigía la citada sucursal. El juez le ha fijado una fianza de 10 millones de pesetas.
Por otra parte, el Consejo Ejecutivo del Banco de España ha acordado intervenir la Caja Rural Provincial de Guadalajara, según publicó ayer el Boletín Oficial del Estado. Junto a esta decisión, que se tomó el pasado martes, el Banco de España designó como interventores de la citada caja a José Berenguer Díaz, José Castaño López-Mesas y José Antonio Sánchez Santos.
