El juicio por el 27-O ha puesto de relieve la falta de investigación sobre tramas golpistas

Tres de los procesados, los coroneles Luis Muñoz y Jesús Crespo y el teniente coronel José Enrique Crespo, fueron detenidos en la mañana del 2 de octubre de 1982. El cuarto inculpado, el teniente coronel Juan Fernández Hidalgo, el día 21 del mismo mes. A raíz de las primeras detenciones, la policía descubrió en el domicilio de Luis Muñoz abundante documentación sobre los planes golpistas que preparaban él y otras personas.En la documentación, y concretamente en el informe titulado Determinación de fecha y hora, se habla de que la acción armada prevista se desarrollaría a partir de las 08.06 horas del día 27 de octubre de 1982. En la sentencia, el tribunal militar asegura que existía "un plan tendente a conseguir el cambio violento, mediante una acción armada, de la actual organización política adoptada por el pueblo español". Añade el tribunal que, para conseguir este objetivo, estaban previstas la Operación Halcón, en la que intervendrían al menos 80 comandos de obediencia ciega integrados por civiles y militares, y la Operación Marte, según la cual un general se haría cargo de la I Región Militar (Madrid) y declararía el estado de guerra.

Dado que, cuando fueron detenidos los primeros procesados, faltaban sólo 25 días para la materialización del golpe, cabe deducir, y así lo puso de relieve el propio fiscal durante la vista, que los procesados habían conectado ya con numerosos militares para conseguir el necesario apoyo de fuerzas para sus propósitos. Igualmente, es lógico pensar que, bien los procesados o bien otros comprometidos, habían enlazado con civiles que podían formar los comandos de obediencia ciega, cuyos objetivos y misiones están detallados en la documentación intervenida.

El propio fiscal, coronel Fernando Bartolomé, reconoció en el penúltimo día del consejo de guerra que estaba convencido de que tenía que haber más implicados que los cuatro acusados, y que incluso había tenido dudas y sospechas sobre algunas personas "que no están sentadas en el banquillo, por falta de pruebas". Cabe recordar que, sólo entre la documentación intervenida al coronel Muñoz, los peritos calígrafos identificaron 15 diferentes grupos de letras o escrituras. Una lista de militares supuestamente comprometidos fue hecha, por ejemplo, con una máquina de escribir de la Capitanía General de Zaragoza, pero el autor nunca fue identificado.

Los militares que figuraban en esa y otras listas de supuestos comprometidos se limitaron a declarar ante el juez, en los casos en que fueron citados, que no habían dado su consentimiento para ser incluidos en esas listas. El fiscal no sólo destacó la segura existencia de otros implicados, sino que también dio por hecho que tenía que haber más documentación que la intervenida y que los procesados debían haber mantenido más reuniones y contactos que los tres citados en el sumario.

Ni un solo testigo en contra

A lo largo de los nueves meses que duró la fase de sumario -y otros tantos la de plenario-, los servicios de información del Estado no encontraron ni un solo militar que, en calidad de testigo, declarara sobre las actividades involucionistas de los condenados o sobre las labores de captación que, lógicamente, debieron realizar éstos. En el proceso registrado en 1976 contra oficiales miembros de la Unión Militar Democrática (UMD), el fiscal presentó como testigos a una decena de militares que afirmaron ante el tribunal que habían sido invitados por alguno de los procesados a formar parte de la clandestina organización.En el proceso por el 27-O, el fiscal no ha presentado ni un solo testigo que declarara en contra de los procesados. Ni siquiera llegó a prestar declaración alguna el ex general Jaime Milans del Bosch, con quien se entrevistaron dos de los procesados un día antes de ser detenidos. Por el contrario, y a petición de los abogados defensores, desfilaron ante el consejo de guerra más de 60 militares de todas las graduaciones, quienes coincidieron en asegurar que ni conocían actividad involucionista alguna por parte de los procesados ni habían oído hablar jamás sobre la preparación del golpe.

Con respecto a la trama civil del golpe previsto, no se ha aportado nungún dato en todo el proceso. En octubre de 1982, la policía detuvo a cuatro ultraderechistas sospechosos, uno de los cuales, José Carlos Echalecu, llegó a confesar que estaba en contacto directo con el capitán de la Guardia Civil Francisco Acera Martín -entonces en prisión cumpliendo condena por su participación en el golpe del 23-F-, y que éste les había dicho que formaran grupos similares a comandos y que todo "desembocaría en una participación activa como comandos operativos de acción en apoyo a un inminente golpe militar".

El capitán Acera, que siguió parte del consejo de guerra entre el público, nunca fue llamado a declarar en esta causa, y los citados ultraderechistas fueron puestos en libertad tras rectificar ante el juez las declaraciones que prestaron anteriormente en la Dirección de la Seguridad del Estado. Tampoco declaró nunca en este proceso José María de Oriol y Urquijo presidente de Hidroeléctrica Española, con quien el teniente coronel Crespo reconoció que se había entrevistado en dos ocasiones en septiembre de 1982.

Lo que el fiscal no preguntó

Esta aparente falta de interés en descubrir nuevos datos sobre el golpe de 27-O se presintió también en la mayoría de interrogatorios practicados por el fiscal militar durante el consejo de guerra. Además de no presentar testigos, el coronel Bartolomé no hizo pregunta alguna al coronel Muñoz sobre el contenido del informe Determinación de fecha y hora, redactado, según su propia confesión, por Muñoz.Cuando Echalecu, en calidad de testigo, reconoció sus contactos con Acera, el fiscal concluyó el interrogatorio sin preguntarle el motivo y contenido de los contactos.

Rehusó también hacer preguntas al teniente coronel Mariano Cañas, único testigo que podía haber declarado algo contra Fernández Hidalgo, ya que participó con él en un encuentro con el teniente coronel Crespo.

Tampoco planteó a nadie pregunta alguna sobre otras reuniones que, según él mismo, tuvieron que producirse entre los procesados y entre éstos con otros comprometidos.

Por toda esta ausencia de investigaciones y datos, tanto el fiscal como el tribunal militar tuvieron que basar sus respectivos escritos de conclusiones y sentencia en la documentación intervenida al coronel Muñoz en el momento de su detención. Y ello, gracias a que el propio coronel franqueó la puerta de su vivienda y permitió que la registraran los funcionarios del Cuerpo Superior de Policía, que acudieron desprovistos del necesario mandamiento judicial y con la simple exhibición de una orden del jefe superior de policía de Madrid fechada el 2 de septiembre de 1982, es decir, un mes antes.

"Si el coronel Muñoz les exige el mandamiento judicial y, mientras lo consiguen, el propio coronel destruye los documentos comprometidos, no estaríamos ahora aquí", dijo en el juicio el defensor de Muñoz, José Zugasti.

No es extraño, por tanto, que el único procesado a quien no le fue adjudicado ninguno de los documentos intervenidos, el teniente coronel Fernández Hidalgo, haya resultado absuelto por falta de pruebas. Sin la existencia de la documentación intervenida, es lógico pensar que lo mismo habría ocurrido con el resto.