El consejo de guerra asegura que los condenados decidieron dar un golpe de Estado el 27-O y formar un Gabinete militar

El tribunal militar del consejo de guerra que juzgó a los cuatro procesados por el golpe del 27-O afirma en la correspondiente sentencia, hecha pública en la mañana de ayer, que los coroneles Luis Muñoz Gutiérrez y Jesús Crespo y el teniente coronel José Enrique Crespo se habían puesto de acuerdo para dar un golpe de Estado, y que existió "resolución de la ejecución del hecho delictivo". La sentencia califica a estos jefes militares como "autores responsables de un delito consumado de conspiración para el de rebelión militar", por el que se les fija una condena de 12 años y un día de prisión militar. El cuarto procesado, teniente coronel Juan Fernández Hidalgo, ha sido absuelto por no existir prueba alguna en su contra. El tribunal que ha juzgado el caso entiende que "resulta notablemente excesiva" la pena impuesta, que es la mínima que fija el Código de Justicia Militar, por lo que "acude al Gobierno proponiendo que se imponga a los procesados (a los tres condenados) las penas de cuatro años de prisión militar".

La sentencia, de 12 folios de extensión, está basada en el análisis de la documentación intervenida a los procesados, en la que había informes sobre planes para acabar con el sistema democrático. Según la sentencia, los tres condenados "se pusieron de acuerdo para la realización de un plan tendente a conseguir el cambio violento, mediante una acción armada, de la actual organización política adoptada por el pueblo español, con la intención de sustituirla por otra más de acuerdo con sus pensamientos"."Consistían éstos", añade, "en la constitución de un gobierno militar en el que la jefatura del Estado y del Gobierno sería unipersonal y asumida por una personalidad militar adecuada de entre una junta militar, con un parlamento unicameral con representación orgánica e inorgánica".

La sentencia del tribunal hace especial referencia a los documentos intervenidos al coronel Muñoz y relativos a la determinación de fecha y hora, la Operación Halcón y la Operación Marte, en los que se detallaban las fases concretas de la operación. La Halcón, en la que intervendrían los comandos de obediencia ciega, perseguía "el estrangulamiento de los principales medios decisorios del Estado y del Gobierno, por medio de un amplio movimiento nacional progresivo y enérgico en Madrid". La Marte "consistía en que un general designado por la JUME (quizá Jefatura de la Unión Militar Española, UME), se hiciera cargo de la I Región Militar (Madrid), declarando el estado de guerra en toda la región y ordenando la entrada en vigor de esta operación en todas las regiones".

El tribunal explica en la sentencia que hubo "convenio" o concierto de más de dos personas para la ejecución de un delito, y que en esas personas hubo "existencia de la resolución de la ejecución del hecho delictivo", condiciones necesarias para que se produzca el delito de conspiración, según el artículo 184, apartado cuarto, del código castrense.

En cuanto al cuarto procesado, teniente coronel Fernández Hidalgo, que según el sumario no participó en la elaboración de ningún documento intervenido, se afirma en la sentencia que "no se ha declarado probada su participación en los hechos". Ha sido absuelto. El fiscal, coronel Fernando Bartolomé, había solicitado 15 años de reclusión para los tres primeros procesados, y 12 años y un día para Fernández Hidalgo.

Razones para suavizar la pena

Al término de la sentencia se dice que "el tribunal, entendiendo que la pena de 12 años y un día de reclusión militar impuesta a los procesados, por imperativo de la rigurosa aplicación de la ley, resulta notablemente excesiva (...), acude al Gobierno, proponiendo que se imponga a los procesados las penas de cuatro años de prisión militar en cada caso". Para esta petición, el tribunal dice tener en cuenta que otros delitos más graves, como la conspiración para la traición, son castigados con penas inferiores. También señala que "la repercusión en la esfera propiamente militar y en la vida nacional no alcanzó un grado elevado de incidencia", y hace constar "la acreditada trayectoria militar y profesional de los tres procesados"

Con respecto a esta cuestión cabe señalar que el Gobierno no podrá pronunciarse sobre la petición hasta que la sentencia sea firme. Los abogados defensores de los tres condenados, José Zugasti, Adolfo de Miguel y Antonio Hernández Griñó, expresaron ayer su intención de recurrir ante el Consejo Supremo de Justicia Militar, para lo que disponen de un plazo de cinco días. Hasta que este consejo resuelva esos recursos -posiblemente en otoño próximo, según los expertos- el Gobierno no podrá definirse en uno u otro sentido.

El ministro de Defensa, Narcís Serra, declinó ayer hacer declaración alguna sobre la sentencia "por respeto a la decisión judicial". Políticos como Raimon Obiols, candidato socialista a la presidencia de la Generalitat, o el portavoz de Minoría Catalana en el Congreso, Miquel Roca, declinaron también comentar la sentencia. En cambio, Nicolás Sartorius, vicesecretario del PCE, manifestó en Lérida que la sentencia le parece justa y no objetable. El presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, dijo que lo importante es la existencia de "una considerable estabilidad democrática".

Tanto el jefe del Estado Mayor del Ejército como el capitán general de Madrid, tenientes generales José María Sáenz de Tejada y Gustavo Urrutia, se mostraron muy respetuosos con el fallo. El primero comentó su "total respeto a la actuación del consejo de guerra", y el segundo precisó que "todos han actuado con rectitud".

El Estado Mayor del Ejército realizará hoy un sondeo en el ámbito castrense para conocer la repercusión de la sentencia.