Otra vez 'lendakari''
LA REELECCIÓN de Carlos Garaikoetxea como presidente del Gobierno vasco, votada en el Parlamento autonómico por mayoría simple, no ha hecho sino revalidar formalmente un resultado conocido de antemano. Aunque los comicios no dieran la mayoría absoluta al PNV, en parte como consecuencia de la nueva ley Electoral, el 42% de los sufragios obtenidos y el boicoteo de Herri Batasuna a las instituciones de Vitoria conceden al nacionalismo moderado, que cuenta con la mitad de los escaños, el control efectivo de la Cámara. Resulta inimaginable un acuerdo de legislatura entre Coalición Popular, PSOE y Euskadiko Ezkerra que pudiera forzar un permanente empate con los 32 diputados nacionalistas. Los votos en blanco de las minorías en la desigriación del lendakari así lo demuestran.El papel dominante del PNV en el Parlamento, reflejo de su hegemonía en la vida social vasca, nace de su privilegiada posición para pactar alternativamente con cualquiera de sus competidores políticos. La ideología nacionalista, la decisión de amparar los derechos humanos de los detenidos, la apuesta en favor de medidas políticas para erradicar el terrorismo, la vigilancia de los excesos o abusos de los cuerpos de seguridad, la condena sin paliativos de los GAL y el apoyo a las reformas humanizadoras de la normativa penal abren posibilidades ciertas de entendimiento entre el PNV y Euskadiko Ezkerra. La política educativa, la confesionalidad en materia de costumbres y la defensa de determinados intereses económicos y sociales constituyen un terreno propicio para los acuerdos con Coalición Popular, tal y como se ha intentado en Navarra. Finalmente, el cambio de la estrategia de confrontación del PSOE en el País Vasco y la eventual mejoría de las relaciones entre la comunidad autónoma y el Gobierno de Felipe González podrían crear condiciones para un pacto entre socialistas y nacionalistas, tal y como sucedió durante la guerra civil y el exilio.
El discurso de Garaikoetxea ha sido una ratificación de la línea política aplicada por el lendakari durante la anterior legislatura. La necesidad de afrontar la violencia terrorista, descartando el enfoque de que ETA constituye sólo un fenómeno delictivo, necesitado exclusivamente de tratamiento policial, es una tesis compartida por destacados políticos centristas que gobernaron entre 1976 y 1982. Seguramente la experiencia del poder enseñará a los socialistas algunas lecciones de sentido común y de realismo político que el lendakari expuso en su discurso de investidura, en especial "el efecto fecundador" que ejercen sobre el activismo terrorista y el reclutamiento de nuevos militantes las violaciones de los derechos humanos en dependencias gubernativas o los crímenes perpetrados por grupos que utilizan métodos terroristas en la lucha contra el terrorismo.
La atención a los problemas de la reconversión industrial, la crisis económica y el desempleo implica la búsqueda de acuerdos con el Gobierno de Felipe González, ya que las comunidades autónomas carecen de competencias y recursos para enfrentarse con desafíos que incluso desbordan la capacidad de respuesta del Estado.
Al reclamar el reconocimiento de la especificidad del estatuto vasco y al criticar la dimensión de coartada que tuvo el desbordamiento generalizado del proceso autonómico, Garaikoetxea señaló problemas reales. Sin embargo, para que su propósito de "facilitar una distensión entre los Gobiernos de Madrid y Vitoria" y de "contribuir a la consolidación" del sistema democrático y a la eliminación de innecesarios focos de tensión" pudiera ser llevado a la práctica, sería preciso que el pragmatismo posibilista, el sentido de la responsabilidad y la aceptación de los límites de la realidad sustituyeran a los planteamientos puramente ideológicos y a las acusaciones recíprocas, ya sea el lanzamiento sobre Madrid de las culpas de todo cuanto ocurra de malo en el País Vasco, ya sea la descalificación global del PNV en sus relaciones con el fenómeno del terrorismo. Sería deseable que las conversaciones en tomo a las leyes básicas, cuyo desarrollo puede afectar a las autonomías, desembocasen en ese pacto político que Felipe González sugirió en su discurso de investidura. Ahora bien, a falta de ese acuerdo, las leyes aprobadas por las Cortes Generales sólo pueden ser puestas en cuestión por el Tribunal Constitucional, careciendo de sentido cualquier pretensión de que las comunidades autónomas colegislen con el Congreso y el Senado en materia de leyes básicas.
En su intervención ante la investidura, José María Benegas hizo reiteradas alusiones a la voluntad del PSOE de alcanzar acuerdos con las restantes fuerzas parlamentarias, mientras que José Ángel Cuerda, portavoz del PNV, abogó por "la gran operación de entendimiento de todos los grupos". El nacionalismo moderado representa a una parte cuantitativamente importante de la sociedad vasca, pero no debe olvidar que los 250.000 votantes socialistas y los ciudadanos que depositaron sus sufragios en favor de Herri Batasuna (voluntariamente marginada de las instituciones autonómicas), Euskadiko Ezkerra y Coalición Popular forman parte, con idénticos derechos, de la comunidad autónoma. Minoritario dentro de las Cortes Generales, el PNV está, política y moralmente, obligado a respetar a las minorías dentro del Parlamento vasco, aun que sólo sea por congruencia con sus legítimas exigencias a ser respetado en el Congreso y en el Senado.
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