Pujol aceptó una disminución de presupuestos

El Gobierno de la Generalitat que surja de las próximas elecciones tendrá que aplicar un sustancial recorte a su programa económico. Y ello porque a una de las principales fuentes de ingresos de la Generalitat, la participación en los ingresos del Estado, se le ha reducido el caño. En efecto, el reciente acuerdo entre el Gobierno español y el autonómico sobre valoraciones de transferencias ha rebajado, ya para 1983, en 16.531 millones de pesetas la cantidad que inicialmente había previsto ingresar el Consell Executiu. Así pues, la Generalitat ha ingresado menos de lo presupuestado -y es de esperar que, consecuentemente, haya gastado también menos- en 1983. Más aún: para 1984 la rebaja es de 25.066 millones. Estos menores ingresos plantearán graves problemas a quienes administren la institución en la próxima legislatura. Con mayor austeridad y menos gastos algo se puede hacer, pero casi nada aumentando las otras fuentes de ingresos: la recaudación de los impuestos cedidos por el Estado ha llegado a su límite técnico; el endeudamiento no puede crecer infinitamente -los convergentes en estos quieren ser muy prudentes y los socialistas algo más arriesgados, pero sin excesos-; y la posibilidad de recargar impuestos -aumentar la presión fiscal- la descartan tirios y troyanos. Por ello, la financiación futura de la autonomía catalana habrá que reinventarla.

El aspecto principal del acuerdo sobre valoraciones, aceptado por Pujol el pasado mes de febrero, es la aceptación de una nueva valoración, mucho más reducida, de lo que suponen los servicios transferidos a la Generalitat hasta diciembre de 1983. En los presupuestos de ese año elaborados por el Gobierno Pujol, se cifró en 113.052 millones de pesetas el coste de todos los servicios transferidos a Cataluña. En cambio, en los acuerdos de febrero de 1983 los mismos servicios se valoraron en 97.521 millones de pesetas, lo que significa una rebaja del 13,73%.Estos pactos contienen una segunda parte de consecuencias que pueden llegar a significar una hipoteca para las futuras finanzas de la Generalitat. Así, para el presupuesto de 1984 el Gobierno Piajol aceptó una cuantificación más baja todavía de estos mismos servicios transferidos, que se evaluaron en 87.986 millones de pesetas: un recorte de 25.066 millones de pesetas sobre el coste calculado para los mismos servicios en el presupuesto de 1983. En este segundo recorte la minoración ha sido del 22%.

El contenido del pacto que supone esta nueva cuantificación de los servicios transferidos hasta diciembre de 1983 fue recogido en el real decreto-ley 1/1984, en el que se liquidan definitivamente las cuentas de los años 1981, 1982 y 1983 entre el Estado central y la Generalitat. En concreto, aquel decreto ley aprobaba una liquidación a favor de la Generalitat de 31.109 millones de pesetas, -no de 39.000, como se ha dicho desde el Consell Executiu- con el siguiente reparto: 5.247 millones para 1981; 1.680 millones para 1982 y 24.181 millones para 1983.

Esta última cifra, los 24.181 millones para 1983, se calculó de la siguiente manera: los gastos de funcionamiento de los servicios no cubiertos por el rendimiento de los tributos cedidos ascendieron a 36.485 millones; las transferencias corrientes y de capital a 31.169 millones, y los gastos institucionales a 296 millones. En total, la financiación de estos servicios transferidos ascendía a 67.950 millones. Durante el año se efectuaron transferencias por valor de 43.769 millones de pesetas y por lo tanto, el Estado compensó la diferencia aportando 24.181 millones de pesetas.

En los mismos acuerdos se admitió que la recaudación efectiva por los tributos cedidos ascendió a 58.945 millones de pesetas. Ello significaba admitir que el coste real de todos los servicios transferidos hasta 1983 ascendió a 97.521 millones de pesetas (58.945 + 36.485 + 2.036 de tasas). Los 31.169 millones de transferencias corrientes y de capital no se incluyen por corresponder a servicios cuya titularidad continúa siendo del Estado, por tanto, servicios no transferidos pero cuya gestión corresponde a la Generalitat.

Un futuro hipotecado

La firma de estos acuerdos sólo se puede entender por la situación de una Generalitat asfixiada de recursos cuyo Gobierno pacta a cualquier precio con tal de conseguir dinero para liquidar los presupuestos del pasado. En efecto, el propio texto del decreto que consagraba el pacto al que llegaron Felipe González y Jordi Pujol, a nivel político, y José Víctor Sevilla y Josep Maria Cullell, a nivel técnico, reza: "Se ha producido una situación financiera en la comunidad autónoma de déficit, a cuya solución es ya apremiante dar respuesta, por ser de extraordinaria y urgente necesidad".

La existencia de diferencias tan cuantiosas en las valoraciones, según sean los criterios empleados, indica que el sistema de la valoración de las transferencias es un mecanismo excesivamente complejo que conduce a la negociación permanente.

El sistema vigente propicia que primero se pacte la cuantía de la valoración total en el marco de un acuerdo político y luego los técnicos ajusten y distribuyan la cantidad fijada en los distintos capítulos y secciones presupuestarias. Pero las diferencias de criterios técnicos también han tenido importantes repercusiones. Así, en los acuerdos de febrero de 1982, entre Trias Fargas y García Añoveros, se estableció que Cataluña recibiría un porcentaje del 1,581%, sobre la recaudación de los Presupuestos Generales del Estado por los capítulos I (impuestos directos) y II (impuestos indirectos), previa deducción de la recaudación correspondiente a los tributos cedidos.

La diferencia entre ambos criterios es importante, ya que el cálculo del porcentaje se obtiene de una división en la que el numerador es el coste de los servicios traspasados y el denominador depende de la recaudación fiscal del Estado. Y mientras la recaudación de estos tributos crece a un ritmo anual superior al 22%, el aumento del coste de los servicios no supera el 10%. Este distinto ritmo de crecimiento explica que se llegue a un porcentaje distinto según los cálculos se realicen con referencia a datos de 1980 o de 1981.

Para los presupuestos de 1984, el porcentaje fijado ha sido de 0,454%, en lugar del 1,581 de hace dos años. Para su cálculo se ha cifrado en 70.322 millones de pesetas el coste efectivo neto de los servicios transferidos. De esta cantidad hay que restar la recaudación en 1983 por los tributos cedidos, que ascendió a 58.945 millones de pesetas. La diferencia, 11.377 millones de pesetas, es la cantidad que hay que dividir por la recaudación estatal de tributos no cedidos en 1983, que ascendió a 2,505 billones de pesetas. El resultado es un porcentaje del 0,454. Aplicando este porcentaje a la recaudación prevista por impuestos no cedidos en 1984, que se estima en 3,248 billones de pesetas, resulta que la participación de la Generalitat en los ingresos del Estado se limitará a 14.750 millones de pesetas frente a los 41.946 millones según las previsiones del presupuesto de 1983.

La reducción de los ingresos de la Generalitat suscita la siguiente disyuntiva: o la Generalitat se ha endeudado por encima de sus posibilidades o ha tenido que prescindir de algunas de las inversiones presupuestadas. Por los datos filtrados todo parece indicar que se han producido los dos tipos de situaciones.

Déficit y contraposición de intereses

La situación de déficit llegó a crear una situación de contraposición de intereses entre Cullell, titular de Economía, y Xavier Bigatá, de Obras Públicas. Cullell, temeroso de poder llegar a quedarse sin fondos, dictó una circular en la que se indicaba que, en caso de no efectuarse los gastos presupuestados, las cantidades no invertidas deberían reenviarse a una caja central para hacer frente a las necesidades más urgentes. Para no ver reducido su programa de inversiones, el conseller Bigatá sacó a licitación un importante volumen de obra pública a finales de año por un valor próximo a los 9.000 millones de pesetas. El sistema de desarrollo y ejecución de las obras establecía que sólo se comprometía una cantidad simbólica para 1983, con objeto de no perder la dotación, mientras que las inversiones importantes de los proyectos se aplazaban para 1984, 1985 y 1986. La pregunta que suscita esta situación es si la Generalitat podrá completar estas inversiones con el recorte presupuestario que ha sufrido.

Las posibilidades de aumentar los ingresos aumentando el endeudamiento son también limitadas. La Generalitat ha acumulado unos compromisos crediticios a medio y largo plazo por un valor total de 36.600 millones de pesetas desde 1981, con la siguiente distribución: 10.000 millones de pesetas de deuda pública emitida en 1981; 10.000 millones de crédito a largo plazo, en 1982, (4.600 millones en forma de crédito sindicado y 45 millones de dólares en crédito multidivisa); 16.600 millones en 1983.