Los accionistas minoritarios del Atlántico valoraron las acciones al 234%

La asamblea general de la Comunidad de Accionistas del Banco Atlántico, que reúne el capital no controlado por la familia Ruiz-Mateos, aprobó ayer una tasación que fija el precio de la acción en 2.349,06 pesetas, cuyo valor nominal es de 1.000 pesetas. Ello significa que la valoración se ha fijado en un 234%.El Banco Atlántico, que había sido expropiado el 23 de febrero de 1983 por pertenecer la mayoría de su capital directa o indirectamente a Rumasa (a través de las sociedades Rembrandt y Dedit), fue vendido el pasado 22 de marzo a un consorcio integrado por la Arab Banking Corporation, el Banco Árabe-Español y el Banco Exterior. Aunque el valor de las acciones se fijó en 5.118 millones de pesetas (75% del valor nominal), el coste de la operación es de unos 15.000 millones de pesetas, ya que el fondo tiene que cumplir otros compromisos, como una ampliación de capital y devolver un crédito del Banco de España.

A la reunión, que estuvo presidida por Casimiro Molins, ex presidente de la entidad y presidente del comité de representantes de la comunidad de accionistas, asistieron unas 300 personas, que representaban 559.523 acciones. El número de acciones agrupadas en la comunidad asciende a 2.098.661, lo que representa un 30% del capital del banco, establecido en 6.825 millones de pesetas.

El cálculo del justiprecio ha sido realizado por el catedrático Roberto García Cairó, que partió de la auditoría realizada por Price Waterhouse que fijó el precio de las acciones en un 197%. A la vista del balance del banco a 23 de febrero de 1983, el perito realizó un ajuste de la valoración de la que resultó un justiprecio de 2.060 pesetas. Esta cifra ha sido nuevamente modificada teniendo en cuenta el balance, el beneficio y el incremento de pasivo registrado en los últimos tres años. Todo ello ha significado evaluar la tasación en 2.237 pesetas por acción. A esta última cifra se han añadido otras 111 pesetas, que son el 5% de afección que autoriza la ley al fijar los criterios de valoración.