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El tiovivo de la 'deuda Rumasa'

Una finísima operación, con un coste simbólico para la banca, permitirá la reprivatización global de los bancos de Rumasa

La mesa negociadora del futuro de los 17 bancos de Rumasa, compuesta por el ministro de Economía, Miguel Boyer, y los presidentes del Banco Central, Alfonso Escámez; de Banesto, Pablo Garnica, y de la patronal bancaria (AEB), Rafael Termes, llegó el pasado jueves a "un principio de acuerdo" sobre el destino privado (¿y nacional?) de los bancos expropiados y sobre el esfuerzo que los compradores deberán hacer para que quede claro ante la opinión pública que han contribuido solidariamente entre sí y con el Estado, siquiera con una parte simbólica, al saneamiento de la crisis bancaria de Rumasa.Aunque los pequeños detalles están aún sin definir, las grandes alternativas barajadas, tanto en medios bancarios como gubernamentales, confirman la existencia de un habilísimo mecanismo contable, digno de pasar a los textos clásicos, por el que, sin apenas poner un duro, la Banca se queda con los escuálidos bandos de Rumasa. El pasivo de los bancos del holding, próximo a los 550.000 millones de pesetas, se reparte entre los depósitos del público y los 250.000 millones de ayuda de Banco de España, y su activo principal se compone de créditos a empresas del grupo, que serían incobrables si éstas no fueran propiedad del Estado.

El camino-circular propuesto para los títulos de deuda pública -conocida ya como deuda Rumasa o deuda Boyer-, que serán emitidos por el Estado hasta sumar una cantidad semejante a las pérdidas acumuladas por Rumasa (unos 350.000 millones de pesetas), a bajo tipo de interés (12-14%) y largo plazo (10-12 años), recuerda los tiovivos de la feria. Los caballitos de la deuda caminarían circularmente desde el Tesoro hasta la banca privada, y desde ésta -quizá disfrazados de pagarés exentos de retención, como los del proyectado dinero negro del Estado-, a los 17 bancos de Rumasa, para terminar en el Tesoro, al cabo de 10-12 años, a través del Banco de España. Por el mismo camino, pero en sentido contrario, circularía el dinero correspondiente a esos títulos de deuda: banca privada, Tesoro, Rumasa, SA, bancos y empresas del holding, y, finalmente, banca privada y Banco de España. Curiosamente, las cuotas que la banca debe aportar al Fondo de Garantía de Depósitos en los próxirnos 12 años -el 1 por 1.000 de sus depósitos- equivale a unos 300.000 millones de pesetas. Esta cantidad ya ha sido anticipada (y triplicada) por el Banco de España al Fondo -mitad privado, mitad público- y la banca deberá devolverla poco a poco.

El dinero vuelve a la banca

El mecanismo es básicamente contable, ya que las pérdidas reales de Rumasa ya se han producido a lo largo de los últimos años y se han cargado, desde el día de la expropiación, sobre los hombros de los contribuyentes. Ahora se trata de reconocer oficialmente ese empobrecimiento público y descontarlo poco a poco, a lo largo de los próximos 10-12 años, en los Presupuestos Generales del Estado. Para ello, el Estado pide un crédito de unos 350.000 millones de pesetas a la banca privada y le da a cambio unos papeles reconociendo esa deuda. El Tesoro público da ese dinero a Rumasa, SA, para que pague los créditos que sus empresas participadas tienen con los bancos del holding de la abeja.El pasivo de las empresas a reprivatizar queda cargado en Rumasa, SA, pero como los 17 bancos del holding saneados con ese dinero han sido entre tanto -o al mismo tiempo- comprados por un consorcio de la banca privada, aquel dinero que ésta prestó al Estado vuelve al final a su origen bancario. Rumasa, SA, que actuará en esta operación como "colector de basuras", podría extinguirse o transformarse en algo así como "comisión liquidadora de Rumasa", un ente autónomo del Ministerio de Economía y Hacienda que aportaría importantes ventajas fiscales y financieras de cara a las transmisiones de activos, ampliación de capital, etcétera.

Técnicamente, el tiovivo de la deuda Rumasa, según el principio de acuerdo alcanzado entre los banqueros y el ministro de Economía, podría funcionar así: el Estado emite deuda pública especial a largo plazo y tipo de interés inferior al de mercado. Las condiciones de plazo y tipo están aún sin fijar, pero se sitúan oficiosamente en tomo a los 10-12 años y 12% -14%. de interés. La cantidad total emitida tampoco se ha fijado, pero será semejante al total de la pérdida acumulada por Rumasa, que supera los 350.000 millones de pesetas. Esta cifra podría verse alterada, al término de las negociaciones, en la cantidad que el Estado quiera financiar por otra vía distinta a la deuda.

Los convidados de piedra

Los bancos privados suscriben voluntaria u obligatoriamente, según la marcha de las conversaciones, la emisión íntegra de deuda en proporción a sus depósitos, lo que resulta habitual entre ellos, ya que suelen incluso hacer uso de la palabra disciplínadamente en el orden que marca su cuota de mercado. Los bancos forman entonces un consorcio entre todos ellos o sólo entre aquellos que se muestren interesados en comprar un trocito de la banca de Rumasa.El consorcio que habrá de quedarse y repartirse los 17 bancos que ofrece el Estado, y que son los últimos bancos en crisis que están en venta, no puede estar integrado sólo por los siete grandes, como ya ocurrió para el reparto del grupo Banca Catalana, sino que admitiría, sin que sirviera de precedente, a los cinco medianos y quizá a algún valeroso voluntario de entre los pequeños.

Nadie ha mencionado todavia en público el nombre de la banca extranjera, cuya mera evocación hace brillar al instante las navajas de la banca española, temerosa de la nueva competencia.

El Bank of America, el Dresdner, el National Westminster y otros no han ocultado sus deseos de adquirir bancos comerciales españoles para romper el cerco y salir de lo que consideran el apartheid del negocio interbancario o la banca de negocios al por mayor. Los extranjeros quieren captar depósitos de clientes españoles, pero tienen limitada su capacidad de expansión.

Otro frente abierto a la frágil solidaridad bancaria es la elección del líder gestor del consorcio. Ya se habla de que es obligatorio ofrecer tal liderazgo al Banco de Bilbao, aún enfurruñado por la pérdida forzada del Banco Atlántico.

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