El portazo a Porta

LA APROBACIÓN por parte del Consejo de Ministros de un real decreto que pretende renovar las estructuras federativas marca el final de una época en la historia del deporte español. Las modificaciones electorales introducidas por el Gobierno supondrán, de entrada, que 16 presidentes se vean obligados a abandonar este año sus cargos al frente de sus respectivas federaciones nacionales, hecho que por sí mismo subraya la importancia de la medida, superando sin ningún tipo de duda la valoración que amplios sectores de la opinión puedan realizar, por factores de carácter emocional, de la ahora anunciada desaparición del escenario deportivo español de Pablo Porta, presidente de la Federación Española de Fútbol desde 1975 y personalidad que durante los últimos años ha encarnado espléndidamente el espíritu de continuismo que el real decreto trata de combatir.A diferencia de la mayoría de los sectores políticos, económicos y sociales, el deporte español ha vivido desde 1975 como si nada hubiera ocurrido en este país. El deporte no sólo no ha conocido el cambio, sino ni siquiera la transición. La mayoría de los 16 presidentes que en 1984 deberán abandonar sus puestos, tras haber permanecido en el cargo durante tres mandatos, es decir, desde antes de 1975, se habrían comportado así, según la herencia que dejan, incapaces de democratizar las estructuras del deporte o incluso de poner orden en su propia federación.

Sin embargo, sería un yerro mayúsculo pensar que la decisión gubernamental de renovar las estructuras federativas, para darles "mayor representatividad y democratización", hará desaparecer como por ensalmo las dificultades que se anuncian para el inmediato futuro. El real decreto sobre organizaciones deportivas conlleva la posibilidad de una amplia renovación, pero la misma modalidad de la muerte política de los salientes debe mover a la reflexión sobre el cómo y el para qué se producirán las defenestraciones. El cambio, de hecho, se ha anunciado por arriba, a pesar de que la popularidad de los ahora enfilados, según la expresión utilizada por el mismo Porta, no fuera precisamente desmesurada; y, como era de esperar, los que han caído en la cama no han perdido la oportunidad para interpretar aviesamente el real decreto y echar mano del equívoco según el cual los denominados hombres del deporte no les habían retirado su confianza.

De hecho, el poder fáctico que son, según los casos, los presidentes de clubes o los representantes de las federaciones regionales, esto es, el electorado que mandato tras mandato ha venido renovando su confianza a los que este año serán defenestrados, representa la verdadera piedra de toque de las posibilidades del real decreto aprobado el pasado miércoles. Si el propósito de renovación no va acompañado de un profundo replanteamiento de la modalidad de voto y de representación de todos los sectores que conforman la realidad de cada deporte, el futuro puede seguir estando hipotecado por la eventualidad de que un nuevo tapado, cooptado entre los antiguos hombres del deporte, siga manejando los hilos y teniendo la última palabra. De no evitarse a tiempo esta posibilidad, el portazo a Porta sólo habría servido para dar satisfacción a los que únicamente les parecía molesta su entonación entre irónica y enfática. La democratización del deporte español puede tener sus límites, como los han tenido otras grandes transformaciones. En cierta manera, no es extraño que el espíritu histórico dé ponderación al esfuerzo. Pero en este caso sería del todo contraproducente que, una vez eliminados unos personajes, sus seguidores volvieran a estar a salvo de una prueba de limpieza de sangre.

Por lo demás, el anuncio realizado por los dirigentes de Coalición Popular de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el real decreto parece indicar que la oposición conservadora insiste en su estrategia obstruccionista, consistente en impedir la acción legislativa del Gobierno.