Sorpresa en la totalidad de afectados

El real decreto ha causado sorpresa en la totalidad, prácticamente, de los 16 presidentes afectados. EL PAÍS estableció contacto ayer con 13 de ellos (Enrique Landa, de la de natación, actualmente en México, y Félix Erdocia, de la de remo, fueron ilocalizables) y algunas de sus opiniones coinciden en la denuncia de que se han visto involucrados en la decisión gubernamental que aparta a Pablo Porta, presidente del fútbol. Existe coincidencia general en su inconstitucionalidad y, por contra, sólo parcial en su intención de recurrir ante el Tribunal Constitucional. Se da la circunstancia de que varios de ellos, como Luis Soriano, Miguel Company, Ricardo Sánchez, Alberto Portell, Luis Valdés y Luis María Puyó, pensaban retirarse en breve.Luis Soriano, presidente de la Federación Española de Motociclismo y vicepresidente de la internacional, antiguo miembro de la Guardia de Franco, recibió la noticia "con asombro, porque hablan de democracia y libertad, y se ha privado a un electorado de elegir a un candidato; dolor, porque se ha demostrado la injerencia política en el deporte, y tristeza, porque así es cómo se paga el esfuerzo que realizan unos hombres para levantar el deporte español".

Fernando Compte, de lucha, al que sus luchadores piden ya abiertamente la dimisión, califica el real decreto de antidemocrático y anticonstitucional, y anuncia que hay muchas medidas a adoptar si se decide recurrir: "está el Tribunal Constitucional, el de Estrasburgo, el Defensor del Pueblo e incluso las federaciones internacionales, que me apoyan plenamente y que podrían llegar a boicotear o no reconocer a España deportivamente por su talante antidemocrático". Compte es actualmente secretario general de la Federación Internacional de Lucha, vicepresidente de la europea y presidente del Comité Mundial de Sambo y dice: "dentro de cuatro años, yo seguiré en el deporte por mis cargos internacionales; quizá los que me quieren obligar ahora a retirarme no puedan decir lo mismo porque habrán salido del Gobierno".

Guillermo Cabezas, de minusválidos, quiso ya hace años dejar la presidencia, pero no encontró ninguna persona adecuada "porque, con 25.000 pesetas al año, no hay quien viva en esta federación. En otras podrá haber tortas para ser presidente, pero en ésta puede darse el caso de que no haya nadie que quiera hacerse cargo de ella. No me importa irme; es más, estaba deseándolo ante lo mal que funciona el Consejo Superior de Deportes, pero no me gusta que me echen de una patada en el culo. La medida es una alcaldada y hubiera sido admisible si la redactan conjuntamente con la Ley del Deporte, pero aplicarla con carácter retrospectivo no es elegante. Pienso que, si lo que querían era cargarse a Porta, había otros procedimientos". Cabezas es presidente de la federación internacional, cargo que seguirá ocupando hasta la próxima reelección.

Francisco Soler, de colombicultura, considera que es una "maniobra política para cesar a Porta, en la que nos han inmerso a todos los demás porque no iban a confeccionar un decreto sólamente para su persona. La medida no me parece lógica en un país democrático porque a nadie se le puede echar de un portazo, que es lo que se hace".

Pablo Llorens, de tenis, declara que "'el decreto no me afecta porque ya había anunciado que no iba a presentarme a las elecciones de septiembre". Llorens, que reconoce que "a algunos presidentes quizá se les haya parado el reloj", califica la decisión gubernamental de ""durísima e impropia de un país occidental". "Me sorprende que en el decreto se prescinda de los clubes, que son las células vivas de las federaciones. Cada deporte es distinto y creo que cada federación debía haber decidido los años de mandato de su presidente". Una vez que deje el cargo en la española, Llorens se dedicará a sus cargos de vicepresidente de la Federación Internacional de Tenis y presidente del tenis olímpico. Llorens afirma que siente "un gran respeto por el Gobierno socialista, muy honesto políticamente", pero añade que "sería muy triste que este decreto se hubiese hecho para echar a unos pocos presidentes anclados en el pasado".

Ernesto Segura de Luna, de baloncesto, se hallaba en Ginebra con motivo de la final de la Copa de Europa de clubes. Se confiesa "sorprendido" y expone que "no me parece bien que se gobierne por decreto". "Sé que algunos presidentes piensan apelar al Tribunal Constitucional, pero yo no lo haré", advierte.

Miguel Company, de vela, reconoce que el contenido del decreto le parece positivo, pero disiente de la forma de ponerlo en práctica. "Creo que un límite de 12 años para un presidente no es un problema grave. El del Comité Olímpico Internacional, por ejemplo, tiene ese límite de tiempo". Company critica abiertamente la forma en que el Gobierno ha puesto en marcha la sustitución de los presidentes. "En lo que no estoy de acuerdo es en la utilización de un real decreto para un tema de esta importancia. Según la Constitución, el decreto-ley debe utilizarse únicamente en casos de urgencia y extrema necesidad. Este asunto no reúne ninguno de los dos requisitos. Tampoco entiendo el carácter retroactivo de su aplicación. Además, estoy en desacuerdo total con el ministro de Cultura, Javier Solana, que dio por malo y despreciable todo lo que existía en 1975. Éste no es el sistema para olvidar las cosas y buscar la solidaridad y unión de todos los españoles".

Ricardo Sánchez, de pentatlón moderno, no piensa apelar sobre la decisión. Sánchez dirige una federación con apenas 400 federados desde su propio despacho, al no poseer locales propios. "Me ha extrañado verme incluido en la lista porque, de hecho, esta federación se creó en 1981. Antes dependía de la antigua Delegación Nacional de Deportes como una sección de la de natación. En 1974 se convirtió en una sección dependiente directamente de la delegación, posteriormente, del Consejo Superior de Deportes. Hasta 1981, cuando se crearon los clubes, no se fundó la federación. Sólo entonces yo fuí elegido presidente". Sánchez considera que encontrar su sustituto no será difícil, "aunque, si no aumentan los 12 millones de pesetas de presupuesto...".

Alberto Portell llegó a la presidencia de la de voleibol en 1975 de la mano del entonces director del Consejo Superior de Deportes, Pelayo Ros. Considera que la medida del Gobierno "es muy poco democrática". Desde el punto de vista deportivo, advierte que "esto es una jugada de muy poco espíritu deportivo y, como deportista, no la estimo correcta".

Luis Valdés, de polo, también opina que "la medida es antidemocrática". Valdés, que llevaba seis años presidiendo el polo español, considera que "esto lo tenía que decidir el deporte y no el Ministerio de Cultura". Para él, "la forma ideal de democratizar y rejuvenecer más las federaciones hubiese sido plantear un referéndum popular entre los deportistas; esto me recuerda las peores épocas de gobiernos verticales".

Luis Puig, de ciclismo, argumenta que: "el decreto no me afecta porque presido la Unión Ciclista Internacional (UCI) y seguiré teniendo dominio sobre todas las federaciones nacionales". "Dada la complejidad de cargos, era, para mí, un sacrificio. En realidad, se me pone un puente de plata, aunque me sentía comprometido a seguir un año más". Puig ostenta la presidencia federativa desde hace 15 años y "sabía que el Gobierno iba a sacar una normativa sobre elecciones, pero no esperaba este decreto". "Me parece que no es muy ético impedir seguir en la presidencia a una persona que ha demostrado ideas renovadoras. Además, pienso que es muy interesante para el ciclismo español que su presidente lo sea también de la UCV.

Antonio González, de patinaje, se abstiene de formular cualquier declaración oficial, aunque, en definitiva, le parece "inoportuno, en vísperas de un campeonato europeo y otro mundial, e inapropiado, porque ahora resulta que las elecciones de 1981 no han servido para nada". "Yo no soy nada político y no entiendo acerca de que un presidente federativo tenga que ser alto o bajo, rubio o moreno".

Luis María Puyó preside las actividades subacuáticas desde hace 17 años, cuando fue elegido directamente por Juan Antonio Samaranch. "Desde mi subjetividad" , indica, "me adhiero a la opinión de mis colegas y entiendo como anticonstitucional que se nos prive de derechos de simples ciudadanos". Afirma que en noviembre último decidió no presentarse a la reelección y que le satisface que un Gobierno precisamente socialista le obligue a mantener su postura.