El Gobierno y la Iglesia católica de Francia llegan a un acuerdo sobre la enseñanza privada

El Gobierno socialista y la jerarquía de la Iglesia católica de Francia han llegado a un acuerdo para redactar y aprobar la ley y otras normas que regirán en lo sucesivo las relaciones entre el Estado y la escuela católica que goza de subvenciones oficiales. La iglesia católica controla el 93% de las escuelas privadas que suponen sólo el 17% del total de la enseñanza francesa. Según informó ayer al Consejo de Ministros el titular de la cartera de Educación, Alain Savary, ya han concluido) las negociaciones y seguirá un periodo de concertación sobre los futuros textos legales. Mañana, viernes, el Gobierno hará públicos más datos sobre las negociaciones.

Este acuerdo, que ha sido calificado de histórico por los portavoces del Gobierno y de la jerarquía católica, se ha conseguido sobre propuestas ofrecidas el pasado mes de enero por el ministro Savary a los responsables de la enseñanza privada.El contencioso de la llamada guerra escolar está condensado en cuatro puntos esenciales. Ha trascendido que ha habido concesiones importantes tanto por el lado del Gobierno socialista como por el lado de la jerarquía católica. Ahora sólo cabe esperar que este compromiso, conseguido a puerta cerrada, se convierta en una ley.

Los das primeros capítulos del documento de negociación son los que encontraron solución más fácil: el primero de ellos se refiere a las condiciones de creación de establecimientos privados, que ahora estará controlada por los poderes públicos. El segundo punto, referente a la financiación, también ha encontrado solución: las diversas colectividades territoriales (Estado, departamento, región, ayuntamiento) se reparten el pago de las escuelas privadas.

El tercer capítulo era más conflictivo, pero parece que el compromiso ha sido posible: se trata del marco jurídico nuevo en el que se inscribirá la escuela privada. Los llamados establecimientos de interés público (EIP) recaudarán los fondos para el funcionamiento de la escuela privada, los repartirán y no estarán mayoritariamente dirigidos por el Estado, tal como este último pretendía en un principio.

El último tema de discordia, el de convertir en funcionarios del Estado a todos los profesores de la enseñanza católica, considerado como el más peligroso por la Iglesia de cara a una solapada nacionalización de su enseñanza, podría haberse resuelto también a partir de un compromiso múltiple que afectaría de diferente manera a los diversos sectores de este profesorado.

Por parte del Gobierno, el aval último depende del presidente de la República, que, de todas maneras, quiere quitar de en medio un tema que, a su vez, daña la credibilidad de la modernidad de su equipo dirigente. Un último obstáculo lo encontrarán los responsables oficiales en la base laica, comunista y socialista, que rechazará posiblemente las concesiones hechas a los católicos. A su vez, la Iglesia podría toparse con la opinión de la derecha más reaccionaria, que prefiere la guerra al compromiso.