El sindicato profesional de las cajas presionará contra el proyecto gubernamental de reforma
La Federación Nacional de Asociaciones Profesionales de Empleados de Cajas de Ahorro, sindicato mayoritario entre los 60.000 trabajadores de estas entidades, amenazó ayer con medidas de presión si prospera el proyecto de reforma de este tercio del sistema financiero preparado por el Ministerio de Economía y Hacienda. Sus opiniones sobre el texto entregado a consulta de las cajas la pasada semana son similares a las registradas entre buena parte de los principales responsables de dichas instituciones, aunque éstos acordaron el pasado martes no enfrentarse al Gobierno, en un nuevo intento por "mejorar" el proyecto.
La actitud anunciada por las asociaciones profesionales es, por el contrario, beligerante. Además de mostrarse ayer molestos por no haber sido consultados, pese, a la promesa en contrario del secretario de Estado de Economía v Hacienda, Miguel Angel Fernández Ordóñez, los dirigentes de la Federación señalaron que si el Gobierno no dialoga con ellos y mantiene el proyecto de ley sobre órganos rectores de las cajas (primer borrador), intentarán promover recursos de inconstitucionalidad y realizarán medidas de presión, como "conflictos colectivos, huelgas y otras".Según Manuel Ramos, vocal de la federación, entre las posibles causas que aprecian de inconstitucionalidad figura la jubilación obligatoria de los directores generales, a los 65 años y la regresión en los derechos actuales de los empleados, entre ellos el de representación en los órganos de gobierno.
Los trabajadores tienen ahora ocho representantes, entre consejo de administración, comisión de control y comisión de obras sociales, encargada de repartir el 25% de los beneficios de dichas entidades, que carecen de accionistas, por su origen no lucrativo.
Pese a que el proyecto les otorga del 5% al 15% de los puestos en el órgano del que salen los otros, la asamblea general, a la que ahora acceden por el consejo de administración y las comisiones, las asociaciones profesionales consideran que su presencia se "reduce drásticamente" de ocho a tres puestos (no cuentan los de la asamblea).
Otro de los puntos de discrepancia es que se pretenda una renovación total de los órganos de gobierno para potenciar la presencia de las corporaciones locales y de las autonomías, así como la nueva redacción -en el plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor de la ley- de los estatutos de cada caja.
A juicio de las asociaciones profesionales, que reúnen 580 de los 1.050 representantes sindicales, si bien la ausencia de CC OO y UGT en la firma del último convenio les ha dado mayor presencia en las negociaciones, tales cambios suponen "un claro ánimo de estatalizar" y politizar a las cajas.
Frente a la actual mayoría en la asamblea de los representantes de los impositores (hasta 150 más otros 30 de entidades), el proyecto otorga del 30% al 40% a las corporaciones locales, los mismos porcentajes para impositores y del 5% al 15% para cada uno de los grupos de instituciones de interés social, entidades fundadoras y empleados. La mayoría de las corporaciones saldría de que en 26 de las 80 cajas la entidad fundadora es una corporación y en 13 de las 54 restantes, de fundación privada, no hay reconocida entidad fundadora, por lo que el 5% o 15% pasaría a las corporaciones.
También están en contra las asociaciones profesionales de la desaparición de las comisiones de obra social y de que su papel sea absorbido por una comisión de control con amplias facultades, entre ellas las del proceso electoral y de veto provisional de las decisiones del consejo de administración.
Actitud de las cajas
La consulta prometida por el ministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer, quien el pasado verano ya recibió una serie de criterios de las cajas, pero advirtió que no negociaría, se ha limitado a los representantes de las propias entidades a través de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA).Según impresiones recogidas por este periódico, las opiniones más extendidas entre los directivos de las cajas de fundación privada son similares a las expresadas por las asociaciones profesionales. Pero el consejo de la CECA, en el que están representadas las federaciones regionales de cajas, acordó el pasado martes evitar el enfrentamiento con el Gobierno y adoptar una actitud positiva que asegure la introducción de modificaciones en el proyecto.
Tras recibir la pasada semana el borrador de proyecto y distribuirlo entre las entidades confederadas, en el seno de la CECA se estudian tanto las posibles "mejoras técnicas" como los aspectos jurídicos del proyecto.
Aunque éste admite algunos de los criterios ya expresados (mantener el sistema de sorteo para elegir representantes de los impositores en la asamblea, dar continuidad a la representación de las entidades, suprimir la facultad de veto del director general, etcétera), da a las comunidades autónomas algunas facultades adicionales a las actuales de desarrollo legislativo y se aleja mucho de la pretensión de la mayoría de las cajas en otros aspectos (aplicación gradual de la reforma respetando los períodos de mandato en los actuales órganos de gobierno, no concesión del poder mayoritario a ninguno de los estamentos y otorgar presencia preferente al ente fundador).
