La Fiscalía General del Estado no aprecia indicios de delito en la huelga del Metro

La Fiscalía General del Estado estudió ayer los documentos remitidos por el Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones en relación con la huelga del Metro y no apreció, en principio, indicio delictivo alguno, por lo que, por el momento, decidió no iniciar ninguna acción penal contra los huelguistas, según fuentes jurídicas de toda solvencia. En concreto, descartó las dos hipótesis posibles de que se hubiera cometido el delito de sedición o el de desobediencia.El titular de Transportes, Enrique Barón, remitió al fiscal general del Estado una relación de los hechos ocurridos y del incumplimiento del decreto de servicios mínimos, "a los efectos penales pertinentes, sin perjuicio de las medidas disciplinarias que sean de aplicación". Sin perjuicio del malestar producido en la fiscalía por la no utilización por el Gobierno del cauce legal adecuado -el Ministerio de Justicia- para el traslado de este tipo -de cuestiones, el fiscal general del Estado estudió las posibilidades- de iniciar alguna acción penal.

En un primer examen, la fiscalía entendió que no se había producido el dolor específico necesario para que se cometa el delito de desobediencia. Igualmente, descartó que los huelguistas hayan realizado el delito de sedición del artículo 222 del Código Penal, que cometen los funcionarios encargados de la prestación de todo género de servicios públicos o los obreros que, "con el fin de atentar contra la seguridad del Estado", suspendan o alteren la regularidad del trabajo.

Postura de fuerza

Para la Fiscalía General del Estado, el ejercicio del derecho de huelga en una sociedad democrática no incurre en estos delitos, ya que, sin perjuicio de las sanciones laborales que correspondan en este caso, no cabe apreciar en los huelguistas una intención de atentar contra el Estado. La Constitución establece en su artículo 28 el derecho de los trabajadores a la huelga y prevé que la ley que lo regule garantice el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.El comité de empresa de la compañía Metropolitano de Madrid advirtió, por su parte, que los trabajadores impedirán, "con todos los medios a su alcance, que un sólo trabajador sea sancionado por ejercer su legítimo y constitucional derecho a la huelga". El comité adoptó esta resolución durante una reunión celebrada para valorar el desarrollo de la huelga que paralizó por completo el Metro y el Suburbano durante la jornada del lunes, y estudiar el anuncio de la incoación de expediente disciplinario a 1.500 empleados por incumplir el plan de servicios mínimos y el traslado al fiscal general del Estado de sus nombres por si existiera delito en su comportamiento. La representación laboral calificó de coacción esta medida del ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones, Enrique Barón.

Sobre los servicios mínimos adoptados por el Metro, el comité de empresa (integrado por mayoría de miembros de CC OO y representantes de UGT, USO y Sindicato Libre) aseguró que los intentos para llegar a un acuerdo fracasaron porque la dirección intentó primero que el plan abarcara el 100% de los servicios y luego los redujo al 90-95%.

La ruptura de la negociación por parte de los dos sindicatos representados en el comité de huelga (CC OO y UGT) llevó a que el Ministerio de Transporte impusiera de forma unilateral un plan de servicios mínimos que contemplaba la apertura de todas las estaciones y el mantenimiento del 80% del tráfico habitual durante ocho horas punta al día y del 30% durante otras ocho horas. Estos servicios mínimos, que los trabajadores consideraron atentatorios al libre ejercicio del derecho de huelga y ayer calificaron de "abuso de poder", motivaron asambleas en las que una mayoría abrumadora de los participantes se pronunció por la huelga total y el incumplimiento del plan.