Las cámaras de comercio piden reformas contra el aumento de la delincuencia

Las cámaras de comercio de toda España, que celebran hoy, martes, asamblea general en Madrid, debatirán una moción en la que se suman a la inquietud causada entre los comerciantes por el aumento de la delincuencia. Asimismo, piden reformas legislativas y de la Administración de justicia, según fuentes de dichas entidades. Otra de las reclamaciones actuales de las cámaras, ya analizada en anteriores reuniones, es que se cubra el vacío legal surgido en torno a la creciente competencia de la venta callejera y ambulante a los establecimientos comerciales permanentes.

La moción sobre el aumento de la delincuencia ha sido prepara da por el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, que preside Josep Maria Figueras, a raíz del cierre de comercios y de la manifestación convocada la pasada semana en Madrid. Paralelamente, los promotores de la iniciativa han iniciado una serie de estudios jurídico-penales para proponer soluciones en torno la aplicación de la ley de Enjuiciamiento Criminal, que consideran la causa del incremento de los atracos y otras violencias contra los establecimientos.Según el proyecto de moción, todas las instituciones deben sopesar las consecuencias de su actuación y asumir los presuntos errores de planteamiento u oportunidad. La propuesta del Consejo Superior de Cámaras de Comercio indica que la seguridad ciudadana debe ser considerada un tema prioritario de Estado, pues el mantenimiento del orden público es una exigencia básica del Estado de derecho. También señala que, cuando se necesitan los esfuerzos de todos para salir de la crisis, resulta inaceptable que los empresarios tengan que dar protagonismo a dicha preocupación.

Venta callejera y ambulante

Por otra parte, las cámaras de comercio temen que con el actual vacío legal en torno a la venta callejera y ambulante se llegue a un auténtico caos de estas prácticas, así como a fricciones sustanciales con el comercio establecido. El problema es que el Tribunal Supremo anuló el pasado mes de diciembre el decreto regulador de dichas formas de venta, promulgado en mayo de 1980, sin que desde entonces la Administración haya cubierto las deficiencias. Estimando un recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Ayuntamiento de Palma de Mallorca, el Tribunal Supremo observó que el decreto no había pasado el preceptivo dictamen del Consejo de Estado, imprescindible para considerarlo válido. Según las cámaras, la Administración central debe tomar la iniciativa y subsanar sus omisiones, ya que las especiales características de las ventas callejeras, ambulantes, en mercadillos y en ferias comerciales hacen ineludible la existencia de un marco legal para canalizarlas. Piden, en concreto, unas reglas de juego mínimas, como las trazadas por el decreto, y una serie de límites a la libertad de ventas y la protección de los intereses del consumidor.