Orientar hacia la libertad a 43.000 muchachos, objetivo de Enrique Miret Magdalena

Pregunta. ¿En qué se ha notado el cambio político en el Consejo Superior de Protección de Menores?Respuesta. Pues mire usted, precisamente en el aumento de los menores sometidos a un tratamiento más libre o familiar. Cuando se afirma que la sociedad está tan mal y se hacen esos diagnósticos pesimistas sobre la juventud puede resultar curioso que el número de menores de 16 años internados por haber cometido actos delictivos se mantiene sin variaciones, desde hace tres años, en unos 3.000, mientras que se ha incrementado notablemente la cantidad de menores en régimen familiar y en libertad vigilada. Los 2.200 muchachos que en 1981 estaban al cuidado de familias aumentaron en 1983 a 7. 100, y los 2.400 sometidos hace tres años a libertad vigilada pasaron en el último año a 7.400.

P. ¿Pero qué tipo de educación reciben esos 3.000 internos y los 40.000 sometidos a régimen abierto?

R. Estamos estudiando con la inspección de EGB una educación especial para nuestros menores, que asimilan mal la actual EGB y tienen un promedio de tres cursos de retraso. Hay un fracaso escolar que se puede cifrar en el 80%. La experiencia de Estados Unidos demuestra que es posible un porcentaje elevadísimo de recuperación y reinserción social de menores mediante una escolarización adaptada. También queremos estudiar con el Ministerio de Educación el modo de cubrir el vacío existente entre los 14 años, edad a la que termina la EGB, y los 16, edad en que concluye la tarea de protección.

P. ¿Con qué personal cuenta para esta labor educativa?

R. Los menores reciben clases en núcleos escolares regentados por nosotros o van a otros centros ajenos. En nuestros 26.000 centros de protección contamos con un personal formado por 3.000 funcionarios propios, más los que trabajan en centros auxiliares.

P. ¿Qué cualificación profesional se exige?

R. Exigimos título académico de grado medio y hacemos unas pruebas de valoración mediante test psicológicos y entrevistas.

P. ¿Es cierto que algunos funcionarios son ingenieros, técnicos de telecomunicación ... ?

R. Hay de todo. Ingenieros, sociólogos, biólogos.

P. ¿Y no se realiza al menos un reciclaje para adaptar a estos profesionales a la delicada tarea pedagógica con los menores?

R. Ellos mismos han pedido una escuela para educadores, y ya se ha realizado algún curso, como el que se celebró en Alcalá de Henares sobre drogas, o en Santander sobre inadaptación y marginación social del menor.

P. ¿No existe un desfase en el reparto de los 13.000 millones del presupuesto entre las dotaciones para construcción de centros y las asignaciones, por ejemplo, para personal?

R. Ésa era la tónica de los últimos años. Para 1984 se ha aumentado bastante el crédito para el personal educador.

P. ¿Puede dar cifras?

R. Aproximadamente, un 56% se destinará a personal. Se han disminuido las dotaciones para obras y han aumentado también las subvenciones para alimentación y estancias.

P. ¿Pero continúan existiendo centros construidos que no funcionan por carecer de dotación para personal?

R. Sí, pero este año se van a inaugurar varios de ellos.

P. ¿Dónde?

R. Prefiero no citar a ninguno, porque se enfadarían los de las provincias no mencionadas. Lo importante es que en esos centros en construcción se está evitando todo aspecto represivo y se gstán creando talleres para formación y campos de deportes, sin demérito de las zonas de mayor seguridad, nunca carcelarias.

P. Pero la estructura existente antes del 28 de octubre de 1982 se mantiene todavía, ¿no?

R. No, se ha renovado. Es inminente que se realicen las transferencias de competencias a las comunidades autónomas. Nuestro Consejo Superior se va a quedar sólo con los tribunales de menores, mientras que las juntas protectoras serán absorbidas por las comunidades autónomas. Además se les va a transferir la gestión de los centros de reforma, pero nosotros mantendremos la distribución de las plazas y la orientación psicopedagógica de los centros.

P. Según mis noticias, subsisten métodos antipedagógicos.

R. Ese problema va a ser resuelto por los centros pilotos, que emplearán métodos nuevos. Por ejemplo, es un desastre que la drogadicción esté sin atención específica y que los disminuidos psíquicos se encuentren mezclados con los demás menores. A través de los centros pilotos queremos crear pequeños hogares de 12 o 15 muchachos en régimen de vida familiar.

P. Usted debe saber que en algunos centros se utilizan técnicas represivas, se retiene a los menores durante una semana entera en la celda, sigue sin sustituirse el concepto de alta seguridad y no existe dotación de educadores especializados.

R. Es cierto que el conductismo, basado en la técnica de premios y castigos, o en lo que yo llamo "el palo y la zanahoria", ha hecho mucho daño y ha dado, además, muy mal resultado, porque no sólo ha producido el deterioro psicológico de los chicos, sino que ha fomentado la agresividad y la violencia interna. En Estados Unidos, la patria del conductismo, los centros que siguen este sistema no cuentan con subvención estatal. En Madrid ha habido que cerrar el centro de Santa Tecla, en Canillejas, y en una provincia española ha habido que clausurar una celda que era un auténtico bunker, cerrada y con camas de cemento. Tengo que reconocer que estas situaciones ya eran excepcionales cuando yo accedí al cargo.

P. Y ahora, ¿qué alternativas educativas existen?

R. Estamos contra el castigo y la represión y a favor del estímulo, que produce mucho más éxitopara cambiar la conducta del muchacho. Incluso las fugas, que tanto obsesionaban a la Administración anterior, no han aumentado con mucha más libertad. Existe el ejemplo de un colegio en el que el director rebajó la altura de un muro para quitar a los muchachos la tentación de huir. Uno de ellos se subió a la valla e hizo ademán de fugarse, pero al observar la indiferencia de los educadores, terminó reingresando en el centro por la puerta principal.

P. ¿Y qué me dice de los centros regentados por órdenes religiosas?

R. Los centros auxiliares los gobiernan ellos, y tienen que respetar la Constitución. En los centros nuestros que cuentan con religiosos les exigimos, incluso contractualmente, que, además e respetar la libertad de los muchachos, se atengan a nuestras normas generales psicopedagógicas. Y existe un servicio de inspección para comprobar si esto se cumple.

P. ¿No mercantilizan los objetos que confeccionan los menores?

R. En realidad son trabajos poco importantes y normalmente se gratifica a los muchachos.

P. ¿Hay una suficiente información sexual y se orienta a las menores sobre el uso de anticonceptivos?

R. El mayor problema en este campo lo planteó un centro para menores embarazadas solteras, algunas de las cuales tuvieron el segundo o el tercer hijo estando dentro del centro. Nuestra posición es que lo tengan si quieren, pero tampoco queremos que estos centros se conviertan en fábricas de niños. En todo caso, fomentamos la libertad de decisión. El año pasado, un psiquiatra, un ginecólogo y yo dimos un cursillo de orientación sexual. Pero falta mucho por hacer en este terreno.

P. ¿Qué pasa con los menores cuando salen de los centros? ¿Cuántos salen con la EGB superada, cuántos se colocan?

R. Vamos a ser sinceros y no triunfalistas. En España no tenemos estadísticas fiables. Cuando llegamos aquí, no había ni sección de estadística. Ahora, en cambio, vamos a contar con un sistema moderno, informatizado, con 17 termínales en las 17 comunidades autónomas.

P. ¿Con qué dificultades principales ha tropezado en su labor?

R. La mayor dificultad procede, más que de la estructura administrativa, de la estructura psicosocial o de las costumbres, que, como decía Ortega, son las que hay que cambiar.