El Gobierno reconsidera el proyecto de Exposición Universal para 1992

El Gobierno ha iniciado una reconsideración del proyecto de Exposición Universal para 1992, según altos cargos de la Administración. Afectaría al tipo de muestra y a las inversiones que han de acompañarla, factores estrechamente relacionados con las tensiones políticas y las presiones ejercidas por grupos de intereses respecto al frustrado nombramiento de Ricardo Bofill como comisario general de la Expo 92. En estos momentos no puede descartarse, incluso, la renuncia definitiva de España al proyecto según las mismas fuentes.

El propio presidente del Gobierno, Felipe González, ha confiado esa eventualidad a algunos de sus colaboradores, para el caso de que sea imposible reconducir la polémica y asegurar un grado razonable de control sobre el desarrollo del proyecto. Hace aproximadamente una semana, el vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, solicitó también detalles técnicos respecto a las consecuencias que tendría para nuestro país la renuncia al compromiso internacional de organizar la Expo. Al parecer, España no sufriría penalización por renunciar al proyecto; los problemas serían de orden interno, al frustrarse una iniciativa que puede actuar de motor para el desarrollo de una región deprimida.En lo que se refiere a España, el compromiso adquirido consiste en realizar la Exposición en terrenos nuevos de la ciudad de Sevilla. Las inversiones para ello no figuran en ese compromiso, pero las necesidades de asegurar el éxito comercial de la muestra están basadas en introducir a 30 millones de visitantes en seis meses; de ahí que las obras para abastecimiento de aguas (Sevilla sufre restricciones constantes en los veranos), nuevo aeropuerto, carreteras y ferrocarriles, etcétera, sean muy cuantiosas y de dificil recuperación posterior, ya que parte de ellas serán inservibles una vez cerrada la muestra.

Cualquiera que sea el tipo de Exposición que se organice, la inversión privada tendrá muchas oportunidades., ya que será imposible abordar un proyecto evaluado en 300.000 o más millones de pesetas sólo por el Estado.

Poderes del conmisario

En este contexto, el Boletín Oficial del Estado publicó ayer el reglamento del BIE para las exposiciones universales de Chicago y Sevilla, lo cual indica que el proceso para la organización de la Expo no se ha interrumpido.

Este reglamento reconoce a los comisarios generales de los Gobiernos de España y de los Estados Unidos como "la más alta autoridad" en sus respectivas sedes de Sevilla,y Chicago. Ello les faculta, entre otras cosas, para aprobar modelos de contrato, suspender cualquier actividad perjudicial para el buen desarrollo de la Expo, y ejercer facultades disciplinarias plenas.

A la vista de tales competencias, queda claro que el comisario general no se convertirá en figura representativa, sino ejecutiva. De este modo se desmonta la teoría de quienes trataban, dentro del propio PSOE, de oponerse a los plenos poderes del Comisario General, uno de los cuales era el presidente de la Junta de Andalucía, Rafael Escuredo. Éste último anunció en Sevilla, al retorno de su última entrevista con Felipe González, que la discusion del reglamento iba a ser más importante que el propio nombre del comisario.

Ese mismo reglamento sanciona la polémica sobre el tipo de emplazamiento de la Expo: está previsto que ocupe 215 hectáreas "en la margen del río Guadalquivir", expresión que describe, los terrenos de la Corta de la Cartuja que en 1982 fueron mostrados a la Comisión de Encuesta del BIE como los más adecuados para las instalaciones de la Expo 92. Y descarta definitivamente otras iniciativas, como la utilización de edificios históricos del centro de la ciudad para las necesidades comerciales de la muestra.

Solventados, pues, los problemas relacionados con los poderes del Comisario General y del emplazamiento de la Exposición -si ésta llega a realizarse-, queda en pie el problema central de la polémica sobre la persona que ha de responsabilizarse de la Expo, para lo cual existen varias propuestas, además de la relativa a Ricardo Bofill.

Los ministros catalanes Serra y Lluch, que también se opusieron a Bofill, dudan de la capacidad de gestión del arquitecto, aunque aceptan su calidad en el terreno de la creación artística.

No obstante, el enfrentamiento entre Bofill y los citados ministros tiene raíces más profundas: proviene de la época en que Narcís Serra optó, como alcalde de Barcelona, por el equipo de Oriol Bohigas como responsable de Urbanismo, frente al Taller de Arquitectura de Bofill. Éste último acusó de "mediocridad" a los responsables del urbanismo de los socialistas catalanes, pese a que uno de sus dirigentes, Salvador Clotas, formaba parte del citado Taller. Los problemas entre algunos socialistas catalanes y Bofill se han añadido a las fisuras en la cúpula del socialismo andaluz por esta cuestión.