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Reportaje:La polémica sobre la Expo-92 de Sevilla

Las consultas entre dirigentes socialistas finalizaron sin acuerdo sobre el comisario

Seis dirigentes del socialismo andaluz, que ocupan los máximos cargos del Gobierno central, de la autonomía andaluza y de la ciudad de Sevilla, han tratado de encauzar los problemas relacionados con la organización de la Expo-92. Sin embargo, este sanedrín -paralelo a las instituciones y al propio partido- no pudo, llegar a un acuerdo interno, y el consenso alcanzado en torno al nombre de Ricardo Bofill se rompió por intervención del presidente de la Junta de Andalucía, Rafael Escuredo. Los ministros del Gobierno central que proceden de Cataluña, Narcís Serra y Ernest Lluch, también expresaron sus reservas sobre Bofill, quien anteriormente criticó la política urbanística del Partido Socialista de Cataluña y asesoró a su adversario político, Convèrgencia i Unió."¡Ni hablar!" Esta fue la respuesta del presidente de la Junta de Andalucía, Rafael Escuredo, al escuchar a Luis Yáñez, presidente del Instituto de Cooperación Iberoamericana (ICI), la alusión a Ricardo Bofill como comisario general de la Expo-92. Yáñez trató de convencer a Escuredo en una conversación posterior, sin conseguirlo. Escuredo sabía cuál era el candidato desde la Navidad de 1983, pese a lo cual no manifestó su oposición (en público) hasta cinco días después del anuncio de la candidatura de Bofill, ya en plena polémica y cuando el Consejo de Ministros que iba a realizar el nombramiento había aplazado su decisión.

El nombre del futuro comisario general de la Expo-92 había sido objeto de diferentes consultas entre autoridades del Gobierno central, de la comunidad autónoma y de la ciudad de Sevilla. El vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra; el presidente del Instituto de Cooperación Iberoamericana, Luis Yáñez; el presidente y el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Rafael Escuredo y José Rodríguez de la Borbolla, respectivamente, y el alcalde de Sevilla, Manuel del Valle, han intervenido en las reuniones y consultas realizadas al efecto, aunque no forman parte de ningún organismo ni entidad con competencia para realizar el nombramiento. El propio presidente del Gobierno, Felipe González, fue consultado, aunque no tomó parte en reuniones, y también ha tenido alguna participación en estas consultas el presidente de la Diputación de Sevilla, Miguel Ángel Pino.

Bofill no fue el candidato barajado desde los primeros momentos. Los nombres estudiados en la primera reunión -celebrada bajo la presidencia de Alfonso Guerra- y en algunos contactos posteriores fueron los siguientes: Guillermo Jiménez Salas, rector de la universidad de Sevilla; José Félix de Rivera, empresario vinculado a algunas personas del PSOE; Jesús Aguirre, duque de Alba; Juan Salas Tornero, presidente de la Cámara de Comercio y de la institución Feria de Muestras de Sevilla (hombre de la CEOE en Andalucía), y Nicolás Salas, director del diario Abc de la capital andaluza. "Ninguno de estos nombres obtuvo apoyos suficientes, y algunos prácticamente no llegaron a ser considerados", según fuentes del sanedrín.

A principios de diciembre, Luis Yáñez planteó la candidatura de Ricardo Bofill, a quien conoció en París con motivo de la visita de los Reyes de España a la sede de la Unesco. Inicialmente pensó en él como asesor, pero en sucesivas conversaciones obtuvo más información sobre sus relaciones internacionales. Entonces pensó proponerle como comisario.

Apoyo del presidente

Yáñez sugirió el nombre del arquitecto catalán a Felipe González durante el viaje que ambos hicieron a Buenos Aires para asistir a la toma de posesión del presidente de Argentina, Raúl Alfonsín; la idea fue acogida positivamente por el presidente del Gobierno español. Después hubo un despacho en Madrid entre ambos. Yáñez habló también, uno a uno, con Alfonso Guerra, Rafael Escuredo, José Rodríguez de la Borbolla y Manuel del Valle; como fruto de estos contactos, "yo creía que todos estábamos de acuerdo, aun con las reservas expresadas por Rafael Escuredo, y por eso hice la propuesta". (Existe otra versión, según la cual Alfonso Guerra es el verdadero autor de la propuesta de Bofill. No ha podido ser confirmada, dada la negativa del vicepresidente del Gobierno a comentar estos temas, pese a los intentos realizados por este periódico.)

Tras el anuncio de la propuesta, realizado por Luis Yáñez, éste último y el propio Bofill, desplazado a Sevilla, almorzaron con Rafael Escuredo en su residencia privada. El presidente de la Junta de Andalucía planteó claramente su postura contraria al candidato por los recelos que iba a desencadenar y el temor de que "no fuera bien entendido" por la sociedad andaluza; Bofill replicó que el lugar de nacimiento no parecía relevante en una persona que ha trabajado en numerosos países del mundo. Escuredo ofreció al arquitecto, no obstante, su apoyo en caso de que el Gobierno decidiera efectivamente tal nombramiento. El Consejo de Ministros siguiente (25 de enero) se abstuvo de tomar una decisión, y 24 horas más tarde Escuredo declaró en público que el nombramiento de Bofill sería "un error político" y lamentó coincidir en ello con la derecha.

Al interés y curiosidad despertados por esta coincidencia lamentada se unió la confusión sobre un asunto aparentemente desconectado de la polémica, como era si el Gobierno había aprobado o no el reglamento general del comisariado de la feria. Seis días después de celebrado el Consejo de Ministros -en el que se aplazó el nombramiento del comisario-, Rafael Escuredo afirmaba que el reglamento no había sido aprobado tampoco por el Gobierno, mientras que el presidente del ICI, Luis Yáñez, creía lo contrario. Fuentes oficiales del palacio de la Moncloa confirmaron finalmente a este periódico que el reglamento no estaba aprobado todavía.

Yáñez ofreció esta posibilidad de arreglo: el comisario debe montar una oficina en Sevilla con unas 15 personas para realizar los trabajos técnicos; además ha de contar con dos o tres comisarios adjuntos. A ello se uniría la creación de un patronato que podría presidir el vicepresidente del Gobierno, al que el comisario tendría que rendir cuentas.

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