El fiscal ratifica la petición de 57 años y un día de prisión para los procesados por el 27-O

El fiscal de la causa 200/82, relativa al intento golpista del 27-O, coronel auditor Juan Gómez Calero, ha elevado ya su escrito definitivo de acusación contra los cuatro jefes militares procesados, para los que solicita un total de 57 años de prisión militar, como "autores de un delito de conspiración para el de rebelión".Concretamente, el fiscal solicita 15 años de prisión para los coroneles Luis Muñoz Gutiérrez y Jesús Crespo Cuspinera y para el teniente coronel José Enrique Crespo Cuspinera, hermano del anterior, y 12 años y un día para el teniente coronel Juan Fernández Hidalgo. Las cuatro penas solicitadas conllevan la separación del servicio, es decir, la expulsión del Ejército.

De esta forma, el coronel Gómez Calero ratifica las conclusiones provisionales que en julio del pasado año fueron elevadas por el anterior fiscal de la causa, coronel auditor José Muñoz Sánchez, al concluir el sumario. Ahora, al terminar la denominada fase de plenario, el fiscal solicita las mismas penas para los procesados. En estos momentos, sólo resta que la autoridad judicial de la I Región Militar (Madrid), es decir, el capitán general de la zona, teniente general Gustavo Urrutia, fije la fecha de celebración del consejo de guerra o vista oral, prevista inicialmente para primeros de marzo, en la sede del Gobierno Militar de Madrid. En el escrito del fiscal se hace referencia a los documentos que fueron encontrados el 2 de octubre de 1982 en los domicilios del coronel Luis Muñoz y de los hermanos Crespo Cuspinera, detenidos en esa fecha.

Del examen de dichos documentos, el fiscal entiende que los procesados habían celebrado varias reuniones en las que, "por disconformidad ideológica con la actual organización política adoptada por el pueblo español, decidieron la realización de una acción armada para lograr su derogación violenta y sustituirla por otra organización política acorde con su pensamiento".

De los documentos hallados el fiscal desprende que se había planeado "una acción armada a realizar en todo el territorio nacional, mediante el control de las capitanías de las regiones militares". El plan, denominado Operación Marte, preveía que todas las capitanías quedaran bajo el mando de la de Madrid, a cuyo frente estaría el Jefe de la Unión Militar Española (JUME). También preveía la ocupación de los puntos neurálgicos de Madrid por parte de unidades del Ejército.

Por su parte, fuentes próximas a los procesados han insistido en que los principales documentos ocupados fueron realizados como un ejercicio "teórico", sin ánimo de llevar a la práctica el contenido de los estudios.