Facilidades para la vuelta a casa

La tregua acordada por ETApm en febrero de 1981 dio ocasión al dirigente de Euskadiko Ezkerra, Mario Onaindía, para plantear al entonces ministro del Interior, Juan José Rosón, la posibilidad de acuerdos en la dirección señalada. Ambos interlocutores partían táctica o explícitamente del convencimiento de que el problema de la violencia en el País Vasco difícilmente entraría en vías de solución sin encontrar previamente alguna salida viable al problema de los presos de ETA.Por razones psicológicas complejas, pero bien conocidas en Euskadi, todo activista o aspirante a serlo se considera, en efecto, comprometido por una especie de pacto de honor con el compañero de comando o simplemente de cuadrilla que ha sido detenido por la policía. Ningún objetivo político o planteamiento ideológico es capaz de suscitar una fuerza de vinculación comparable a la resultante de esa oscura solidaridad o mala conciencia que provoca en amplios sectores de la sociedad vasca, juveniles en particular, la existencia de activistas encarcelados. Tal era el punto de partida.

Tras una serie de contactos previos, en los que Rosón consiguió implicar a altos cargos de los cuerpos de seguridad del Estado, el diputado Juan María Bandrés y el ministro establecieron una pauta escalonada de posibles actuaciones, todas ellas plenamente legales, susceptibles de ser utilizadas en cada caso concreto, y que iban desde la aplicación de libertades condicionales en determinados supuestos, hasta la concesión, al amparo de la ley de junio de 1870, de indultos individuales acordados por el Consejo de Ministros. Como base de la operación, fue confeccionada una lista de 100 personas, un tercio de las cuales se encontraba encarcelado y ninguna de ellas acusada de delitos de sangre. Tres años después, el balance es el siguiente: 33 presos han salido de la cárcel, 12 de los cuales fueron liberados merced a indultos personales. Por otra parte, 70 ex¡liados han vuelto a sus hogares. De entre los primeros, el caso más singular fue el de Víctor Garay Jaureguízar, condenado a 38 años de cárcel por su participación en tres atracos contra entidades bancarias y un asalto a una armería, y que abandonó la prisión el 11 de diciembre de 1982, merced a un indulto aprobado días antes por el Gobierno.

La resolución favorable de este caso, por el que se interesaron altas instancias políticas, determinó el cambio de actitud de sectores de ETA VIII, que habían negado cualquier viabilidad a las propuestas de Bandrés, argumentando que sólo servirían, como mucho, para adelantar en algunas semanas la concesión de libertad condicional a unos pocos presos.

Entre los 70 exiliados que han regresado a lo largo de 1983 figuran varios miembros de la antigua dirección de los polimilis no implicados en delitos de sangre, pero sí en sumarios relacionados con algún secuestro. Todos ellos han podido volver a casa sin otro trámite que su presentación ante la Audiencia Nacional y, en su caso, -al pago de una fianza. Ninguno de ellos ha sido obligado a delatar a antiguos compañeros o a firmar compromiso alguno.

Actualmente quedan por resolver 18 casos. Nueve de ellos están pendientes de trámites judiciales, que podrían quedar resueltos esta misma semana. Del resto, los casos que parecen más problemáticos son los de tres antiguos activistas incluidos en el sumario por el asalto al cuartel de Berga y el de un cuarto declarado prófugo tras escapar cuando cumplía el servicio militar.

Amenazas de los 'octavos'

Durante el último año, familiares y abogados han intentado ampliar la vía abierta por Rosón y Bandrés a miembros de ETA VIII decididos de hecho a abandonar las armas, pero temerosos de tomar una actitud individual que podría ser considerada una traición. De hecho, la dirección de los octavos amenazó, inmediatamente después de la autodisolución de ETA-VII, con tomar represalias contra los dirigentes de ésta última rama que aceptasen entrar en lo que calificaban despectivamente como vía del arrepentimiento. Trataron así de relacionar la iniciativa de Bandrés con el modelo, basado en la delación, puesto en práctica en Italia en relación con las Brigadas Rojas.

Un primer intento de dar a la iniciativa un carácter colectivo, surgido en la prisión de Nanclares, fracasó a raíz del secuestro y posterior asesinato del capitán Martín Barrios. Por una parte, los presos polímilis fueron trasladados al penal de Herrera de la Mancha, rompiéndose el principio de acuerdo existente entre ellos. Por otra, el Gobierno presentó el proyecto de nueva ley antiterrorista, cuyo artículo 6º, de confusa redacción, parece hacer depender la aplicación de medidas de reducción de pena de la colaboración de los interesados "en la detención de otros delincuentes".

En el País Vasco hay actualmente un consenso casi general sobre la inaplicabilidad en Euskadi de dicha norma tal como viene redactada en el proyecto: se subrayan las diferencias entre el militante tipo de ETA y el de otros grupos terroristas europeos. De ahí que algunos partidos estudien enmiendas a dicho proyecto de ley que faciliten, en todo caso, una interpretación según la cual pueda bastar la presentación y deciaracióri voluntaria al juez, sin necesidad de delatar a otras personas, y el compromiso de abandonar la violencia para ser beneficiario de medidas de reducción de condena o de gracia.

El fracaso de la vía colectiva ha provocado la actual dispersión de iniciativas a través del Defensor del Pueblo, del delegado del Gobierno, de Garaikoetxea, etcétera. Dicha dispersión favorece, de hecho, la ampliación a miembros de otros grupos armados, incluidos los milis, de una vía que hasta el momento sólo parecía practicable para las distintas ramas de los polimilis. Los más optimistas consideran que, una vez abierta la brecha, ninguna presión o amenaza de los aparatos de las organizaciones terroristas podrá evitar un proceso generalizado de búsqueda individual de soluciones, tanto en las cárceles como en el exilio.

A su vez, el que tal posibilidad pueda ser hoy razonablemente contemplada -a diferencia de años anteriores- es consecuencia del creciente descrédito del terroismo. En 1981, tan sólo el 24% de la población vasca declaraba abiertamente su rechazo formal a ETA, mientras que el 45% tenía miedo a pronunciarse sobre la cuestión. En noviembre de 1983, sólo el 25% se abstenía de dar su opinión, núentras que el 52% expresaba su rechazo frontal, y otro 12%, su rechazo matizado.

Pese a las presiones de todo tipo de los aparatos de las organizaciones terroristas y el bombardeo ideológico de otros medios políticos y de opinión, el término terroristas arrepentidos -en el sentido italiano del término- no ha cuajado en Euskadi en relación a los séptimos. Por el contrario, estos últimos han sido acogidos con respeto incluso en ambientes muy radicalizados. Según muchos observadores, esto ilustra una significativa evolución de la situación política vasca.