El Gobierno facitará el ejercicio del voto a quienes están establecidos en el extranjero

El Gobierno prepara una reforma de la vigente ley Electoral que permita el voto de los emigrantes en las próximas elecciones, según las noticias recogidas entre las autoridades del Instituto Español de Emigración. Al mismo tiempo se estudian medidas para favorecer el apoyo a los españoles que viven en el exterior, muchos de ellos agobiados por problemas de inserción social en sus países de residencia, conflictos familiares y enseñanza de los hijos. Sin embargo, las decisiones que podrían conducir a una política de retorno a nuestro país se encuentran prácticamente congeladas, y, de hecho, las medidas en vigor son más bien simbólicas.

En 1983 residían en el extranjero 2.750.000 españoles, según las estimaciones más fiables, que proceden de diversas fuentes: agregadurías laborales de las embajadas, secciones consulares y encuestas. Este ejército de trabajadores y de familiares ole los mismos, disperso y semioculto por el mundo, no se encuentra censado. Del llamado censo de residentes ausentes, que integra a 254.136 personas, participó en las últimas elecciones un porcentaje ridículo, inferior al 5 %.El primer paso para el efectivo reconocimiento de derechos civiles y políticos se dio en 1982, con la modificación del Código Civil, que permite a los emigrantes conservar la nacionalidad española aunque se naturalicen en su país de residencia. Tras esta reforma -cuya aplicación también ha sido discutida- hubo una campaña propagandística dirigida a incrementar el censo de emigrantes. El fracaso de la campaña se vio acompañado por las dificultades para votar en las elecciones legislativas de 1982 debido a la brevedad de los plazos para el envío de la documentación electoral y de los votos por correo.

"El Gobierno tiene un enorme interés en que los emigrantes voten en los próximos procesos electorales", asegura el subdirector general del Instituto Español de Emigración, Gonzalo Gómez Dacal. Existe el proyecto de cambiar el sistema de voto por correo -que tan mal ha funcionado- por el ejercicio del sufragio en embajadas y consulados. Esta es la tesis de la directora general del citado instituto, Maite Iza, y constituye también una fuerte reivindicación de los emigrantes. Quedan por resolver problemas como la reserva de un cierto número de escaños a la emigración, que podría tropezar con problemas de constitucionalidad.

Otra cuestión pendiente es la de disponer de un censo real de emigrantes. Ello habría de comenzar por un verdadero padrón de residentes españoles en el exterior en lugar de obligar a los emigrantes a incluirse en un censo especial -método seguido hasta la fecha-, que lo fiaba todo a que el propio emigrante tomara la iniciativa de censarse.

Si las reivindicaciones sobre derechos políticos parecen en vías de solución, no puede decirse lo mismo respecto a la adopción de una política decidida para el conjunto de la emigración. En estos momentos el Gobierno mantiene ese tema en período de reflexión. Está perfectamente claro que no sólo se ha cerrado por completo la espita de la emigración al exterior -los últimos contratos son los de medio centenar de azafatas para líneas aéreas de países árabes-, sino que la crisis económica hace que las autoridades no alienten el regreso de españoles a nuestro país.

El dinero enviado por los emigrantes sigue siendo un factor importante, aunque quedan ya lejos los tiempos en que la explosión migratoria de los años sesenta permitió una inyección sustancial a la economía española, cuando el dinero emigrante cubría el 55% del déficit exterior. Las entradas de dinero por esta vía van descendiendo desde 1980, entre otras razones por la depreciación de las monedas respecto al dólar, divisa en que se contabilizan los envíos. Según fuentes del Instituto Español de Emigración, el monto total de envíos de emigrantes, que fue de 987,88 millones de dólares en 1981 (que supone más de 93.000 millones de pesetas al cambio de entonces), se redujo al año siguiente a 837,94 millones (alrededor de 85 mil millones de pesetas). Esta disminución puede obedecer a diversos factores; uno de ellos puede ser la dificultad para invertir ese dinero con seguridad en España, después de que los escándalos protagonizados por algunas sociedades financieras y fondos de inversión (Sofico, etcétera) se tragaran los ahorros de gran número de trabajadores en el exterior.

El Estado concede a los emigrantes el pequeño privilegio de que sus cuentas de ahorro, abiertas en bancos y en cajas españoles, devenguen un interés superior al normal (actualmente llega al 10%). En teoría, los titulares de dichas cuentas tienen también la posibilidad de solicitar préstamos por un importe total de hasta cuatro veces su saldo al 12% de interés. Pero el coeficiente de las entidades financieras para estos préstamos es pequeño.

Supuestamente, los emigrantes que vuelven tienen también prioridad en el acceso a las viviendas de promoción social; pero, en la práctica, resulta difícil el ejercicio de este derecho. Hay algunas previsiones sobre readmisión de estudiantes, condicionadas a la disponibilidad de plazas escolares. Y en materia de prestaciones de desempleo, la situación es idéntica a la de trabajadores españoles con residencia en nuestro país, a condición de que hayan cotizado a la Seguridad Social más de seis meses en los cuatro años anteriores a la salida de España. Caso de que este requisito no se haya cumplido, existen unas prestaciones complementarias que dan derecho al 75% del salario mínimo interprofesional durante un máximo de nueve meses.

Prácticamente no hay más ayudas para los emigrantes que intenten el regreso a España. Las autoridades de emigración estiman que el deseo de volver no es general, sino que se circunscribe a determinadas situaciones familiares.

La ficha técnica de la encuesta se incluyó en la primera parte de este trabajo, publicada por EL PAIS el 15 de enero de 1984.