El escándalo de los aviones 'husmeadores' pone en entredicho al anterior Gobierno francés

El primer ministro francés, Pierre Mauroy, hizo público ayer un libro blanco sobre los denominados aviones husmeadores, asunto que, desde hace más de una semana, envenena y divierte, a la vez, la vida política de este país. El informe secreto sobre dicha cuestión, que había desaparecido de los archivos del Estado y que pone en entredicho al ex presidente Valery Giscard D'Estaing, y al ex primer ministro Raymond Barre, se halla incluido en el citado documento, que fue presentado ayer a la Prensa nacional e internacional y que será editado inmediatamente para que los franceses "juzguen a los responsables políticos de aquella época".El escándalo estalló hace una docena de días cuando el actual secretario de Estado socialista de Hacienda hizo público el resultado de una investigación sobre el paradero desconocido de 500 millones de francos (10.000 millones de pesetas) destinados, durante la gestión de Giscard y Barre, a la construcción de los aviones husmeadores, teóricamente capaces de detectar yacimientos de petróleo e incluso submarinos nucleares.

Al cabo de tres años de investigaciones y de gastos (entre 1976 y 1979), en colaboración con una misteriosa compañía suizo-panameña, FISALMA, la operación fue suspendida por falta de resultados y de cuentas claras. El Gobierno de entonces, presidido por Barre, encargó un informe sobre el asunto, y las revelaciones de este último pusieron de manifiesto una actuación poco responsable por parte del presidente y de su primer ministro.

Por esta razón, al parecer, Giscard y Barre secuestraron las copias de dicho informe, depositadas en los archivos nacionales. A su vez, el presidente del Tribunal de Cuentas del Estado destruyó los tres ejemplares que él poseía del mismo documento.

Ante la denuncia, efectuada el pasado 21 de diciembre, Giscard y Barre, que aspiran a la candidatura presidencial en las próximas elecciones francesas, denunciaron la operación como una baza de baja política que los socialistas, en el poder desde 1981, juegan contra ellos, y declararon estar en posesión del documento cuya desaparición justificaron alegando secretos de defensa.