El Gobierno veta la subida del teléfono del 9% aprobada por el consejo de administración de la compañía para 1984

La delegación del Gobierno en la Compañía Telefónica Nacional de España (CTNE), por primera vez en la historia de esta empresa, se ha opuesto al incremento de tarifas propuesto por su presidente, Luis Solana, para 1984. Esta insólita decisión, sumada a los reparos del Ministerio de Economía y Hacienda a las ampliaciones de capital previstas en el Plan Cuatrienal de Inversiones de la CTNE (que se encuentra retenido indefinidamente en la Comisión Delegada para Asuntos Económicos), pone en peligro la industria electrónica en general y la consecución de los acuerdos suscritos entre el Ministerio de,Industria y la multinacional ITT para la reestructuración de Standard Eléctrica Española.

El Consejo de Administración de la CTNE, en su reunión del 30 de noviembre último, acordó solicitar al Gobierno una subida de tarifas para 1984 en tomo al 9%. Economía y Hacienda, que mantiene serias objeciones y reticencias hacia la política financiera de la CTNE, ha desautorizado la pretendida alza de tarifas, que puede quedar reducida en uno o dos puntos.Las pugnas entre distintos de partamentos ministeriales (Industria, Transportes y Economía) que se suceden desde hace meses está a punto de hacer inviables los únicos dos planes industriales de envergadura y de futuro -el Plan Cuatrienal de Inversiones de la CTNE y el Plan Electrónico e Informático- de los que dispone el Gobierno en estos momentos. Ambos planes, que suponen inversiones por en cima del billón de pesetas, debe rían haber entrado en vigor el pasado 1 de enero.

Esta situación es especialmente grave dada la escasez de proyectos industriales de futuro que puede presentar el Gobierno a la opinión pública para compensar la imagen, necesaria pero negativa, de la anunciada reconversión (cierre de numerosas instalaciones y- cerca de 50.000 despidos).

Memorial de agravios

Economía y Hacienda, aparte de su lógica preocupación por la escasez de recursos públicos y por la incidencia de los aumentos de tarifas en el objetivo de inflación fijado por el Gobierno para 1984, sostiene ciertos agravios desde hace meses. con la CTNE y con el Ministerio de Transportes, y Comunicaciones, del que aquélla depende. Los hombres de Miguel Boyer ya hace meses que habían expresado su disconformidad con la ampliación de capital que la CTNE propuso para 1983. Ampliación de capital que finalmente se llevó a cabo, pese a las objeciones de Economía y Hacienda, mediante la utilización de la Caja Postal de Ahorros -también dependiente del Ministerio de Transportes-, que se comprometió a suscribir un número de acciones suficiente para mantener la participación del Estado en la estructura de capital de la compañía.

Esta decisión, que no hizo ninguna gracia en Economía y Hacienda, se sumó a los agravios que el Ministerio de Transportes supuestamente les había inferido meses antes, al firmar en Renfe -la empresa pública más deficitaria- un convenio en el que se contemplaban subidas salariales y ampliaciones de plantilla poco coherentes con las directrices impartidas por el ministro Boyer.

En este clima, al que hay que añadir las pugnas bilaterales que sostienen Industria y Transportes por recabar el protagenismo en grandes áreas de inversión pública (Miguel Boyer vetó el proyecto de Enrique Barón de constituir un gran holding con todas las empresas públicas de transportes dentro de su ministerio), se remitió a la Comisión Delegada para Asuntos Económicos el Plan Cuatrienal de Inversiones de la CTNE y el Plan Electrónico e Informático.Las objeciones de Boyer

El Plan Cuatrienal de Inversiones de la CTNE -que, a juicio de empresarios y expertos en electrónica y telecomunicaciones, es en su aspecto técnico el documento más serio que sobre la política industrial de este sector se ha elaborado en España suscitó pronto grandes reparos entre los representantes de Economía y Hacienda e Industria en el seno de la Comisión Delegada. Para Economía, la cuantía de las inversiones previstas en el plan -802.000 millones de pesetas en cuatro años, incluido el que acaba de terminar- es una cifra excesivamente ambiciosa", y pretende que se reduzcan en 200.000 millones o 250.000 millones de pesetas.

El razonamiento de Economía, equivocado en este punto a juicio de quienes conocen el sector, se basa en la altísima relación capital-trabajo que se da en las telecomunicaciones, y que, según los hombres de Boyer, supondría unos 1.000 millones de pesetas de inversión por cada puesto de trabajo en la CTNE. Este ratio es absurdo y falso, según expertos, ya que ignora las varias decenas de miles de puestos de trabajo que indirectamente se generan o- se mantienen, tanto en el sector público como en el privado, a partir de las compras y realizaciones de la CTNE.

Julio González, director general de ANIEL (la patronal de electrónica y telecomunicaciones), sostiene que la paralización y recortes presupuestarios en las inversiones de la CTNE van a ser catastróficos para un sector que ocupa a. 18.000 personas y que es vital para la independencia tecnológica de España. Las inversiones, previstas en el plan suponen un crecimiento anual del 4,6%, mientras que en el resto de los países europeos la inversión en telecomunicaciones crece entre un 8% y un 9%. "Rebajar las previsiones del plan no va a suponer el estancamiento del sector. Va a provocar un grave retroceso y a generar un fuerte desempleó".

Economía se opone también al fuerte endeudamiento de la CT`NE (unos 750.000 millones de pesetas en estos momentos), que, según el plan, aumentaría en el cuatrienio en un 39%; también se niega a que el Estado suscriba las ampliaciones de capital previstas en el plan (56.000 millones de pesetas entre 1984 y 1986) y a la fuerte elevación de tarifas que se contempla en el mismo. Estos aspectos, relativos al plan financiero, pueden ser más dicutibles, pero podrían estudiarse fórmulas alternativas o correcciones, a juicio de los empresarios, que no reduzcan la inversión prevista y hagan inviable un plan industrial que consideran vital para el sector. Máxime cuando el Estado, añaden, no da un duro de subvención a la CTNE y recibe anualmente, por distintos impuestos y por dividendos, unos 65.000 millones de pesetas de la compañía.

La congelación del Plan Electrónico e Informático, elaborado por el Ministerio de Industria, agrava aún más la situación de este sector. Dicho plan, que deberá ir como ley a las Cortes, no entrará en vigor hasta 1985

muy pronto"-, aunque sobre el papel debería ya estar en vigor. La desaparición de fondos para la investigación en electrónica y telecomunicaciones (se ha suprimido el CEDETI), la falta de inversiones en RTVE, las deudas de la Administración con el sector (más de 10.000 millones de pesetas) y el retraso en las contraprestaciones previstas en el programa FACA completan un panorama absolutamente negro para estos sectores industriales de futuro, de alto valor estratégico y económico, en nuestro país. Y ello pese a que todas las formaciones políticas acudieron a las elecciones del 28 de octubre de 1982 con la electrónica como estrella de sus propuestas programáticas en el terreno. industrial. Fuentes sindicales expresan también su preocupación por los costes laborales que ya está teniendo esta situación.