La sentencia sobre Rumasa, una victoria política del Gobierno

El Tribunal Constitucional hizo pública ayer la sentencia por la que se desestima el recurso interpuesto por el Grupo Popular del Congreso de los Diputados contra el decreto-ley de expropiación de Rumasa del pasa do 23 de febrero. Dicha sentencia, que contiene el fallo del alto organismo declarando totalmente constitucional la expropiación del holding fundado por Ruiz-Mateos y el voto particular de seis magistrados, puede considerarse como una victoria política para el Gobierno, y abre el camino para una inmediata reprivatización de los bancos y empresas del grupo sin ningún tipo de hipotecas jurídicas.

La sentencia fue entregada, a las 13.30 horas de ayer, a José María Ruiz Gallardón, representante de los 55 diputados del Grupo Popu lar que interpusieron el recurso contra el decreto-ley. La votación de la sentencia registró un empate a seis entre los magistrados, decidido por el voto de calidad del presidente del Tribunal Constitucional, Manuel García Pelayo. Los magistrados que votaron a favor fueron, además del presiden te, el vicepresidente (Jerónimo Arozamena), Luis Díez-Picazo, Francisco Tomás Valiente, Ángel Latorre y Manuel Diez de Velasco. En contra votaron Gloria Begué, Ángel, Escudero, Rafael Gómez Ferrer, Antonio Truyol, Francisco Pera Verdaguer y Francisco Rubio Llorente. Las reacciones al fallo oficial del alto organismo fueron unánimes en cuanto al acatamiento de la sentencia, aunque diversas en sus matices. En el mundo financiero y empresarial apenas se produjeron ayer manifestaciones, aunque el presidente de la CEOE, Carlos Ferrer, manifestó la existencia de una "honda preocupación" entre los empresarios. El Ministerio (le Economía y Hacienda manifestó su satisfacción por la sentencia y por el hecho de que pueda iniciar se la reprivatización del grupo Rumasa. La frase de Ruiz-Mateos de "quien compra una empresa compra un pleito" parece que no podrá aplicarse al caso. El ministro de Justicia, Fernando Ledesma, afirmó que la sentencia proporciona al Gobierno un instrumento progresivo porque re conoce la constitucionalidad de expropiaciones singulares por de creto-ley, en circunstancias muy concretas y en caso de extraordinaria y urgente necesidad. Su mayor satisfacción se basaba en que el voto particular de los seis magistrados que lo hicieron en contra "no representa una separación absoluta respecto a la sentencia".Crispín de Vicente, abogado de Ruiz-Mateos (con el que fue imposible establecer contacto ayer), entiende, sin embargo, que el fallo deja resquicios para su actuación. "La batalla jurídica no ha hecho más que empezar", afirmó un colaborador del abogado. Para De Vicente es especialmente significativa la afirmación del fallo de que, al no haber sido impugnada la ley que convalidó al decreto-ley, el contenido de aquélla no ha sido objeto del proceso. Páginas 39 a 43 Editorial en la página 8 Texto íntegro de la sentencia en cuadernillo central