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García Pelayo afirma que hay sentencia definitiva sobre Rumasa

El presidente del Tribunal Constitucional, Manuel García Pelayo, manifestó ayer a Europa Press que hay sentencia definitiva sobre Rumasa y que "probablemente se iniciará una investigación" para dilucidar responsabilidades sobre las fuentes de información de la publicación hecha por EL PAÍS en la que se afirmaba que el Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso que presentó el Grupo Popular del Congreso de los Diputados contra el decreto-ley por el que el Gobierno socialista expropió Rumasa el pasado 23 de febrero.

Manuel Garcia Pelayo acudió ayer, al igual que el resto de magistrados del Tribunal Constitucional, al acto en homenaje a los parlamentarios constituyentes, celebrado en el Congreso de los Diputados, bajo la presidencia del rey Juan Carlos. El presidente del Tribunal Constitucional fue una de las últimas personalidades en llegar a las tribunas de invitados.Finalizado el acto, y a preguntas de la agencia, Manuel García Pelayo no quiso contestar sobre la posibilidad de que la noticia del fallo hubiera partido de algún miembro del Tribunal. Sin embargo, confirmó que "probablemente se iniciará una investigación".

Diversos magistrados también consultados declinaron hacer comentarios por considerarlo "improcedente" con su deber de secreto. No obstante, confirmaron que el malestar expresado ayer en muchos diarios responde con exactitud a lo que sentían en estos momentos los magistrados del alto Tribunal.

Respecto a este punto, el presidente del alto organismo, García Pelayo, aseguró que "el estado de ánimo de los miembros del Tribunal Constitucional es sereno, al mismo tiempo que de desagrado por la situación que se ha producido".

Sobre la exactitud o no de la información publicada por este periódico, García Pelayo dijo: "No puedo decir nada porque eso supondrá que participaba en un conocimiento previo de una supuesta sentencia. No puedo decir si coincide o no, porque entonces faltaría al deber que tiene el Tribunal de comunicar sus fallos en primer lugar a las partes interesadas".

No ha habido entrevistas

"Hay sentencia definitiva", añadió el presidente del alto Tribunal, "y también puedo decir que faltan por redactar los votos particulares y que los primeros que conocerán todo serán las partes".

Algunos medios de información indicaban ayer de forma velada que la independencia del Tribunal podría quedar en entredicho después de haberse publicado la existencia de entrevistas previas entre Manuel García Pelayo y el presidente del Gobierno, Felipe González, entrevistas que, según estos medios, no han sido en ningún momento desmentidas.

Preguntado sobre el particular, el presidente del Tribunal Constitucional se mostró taxativo: "Es absolutamente falso que haya habido ninguna entrevista entre el presidente y el vicepresidente del Gobierno, ni sobre este tema concreto ni sobre ninguno".

El presidente Felipe González, en el programa Españoles, emitido por Televisión Española, declaró que "nunca he llamado a ningún miembro, ni tampoco al presidente del Tribunal Constitucional antes de que se publique una sentencia para comentar nada de un asunto que esté en sus manos y no lo haré jamás". González añadió que tendría este respeto siempre grabado en su conciencia, "porque creo que hay que tener el talante suficiente para que en democracia uno sepa aceptar unas reglas del juego".

Refiriéndose a su supuesta comida con el presidente del Tribunal Constitucional, Manuel García Pelayo, el jefe del Ejecutivo declaró que eso es una noticia absolutamente inexacta. "No se corresponde en absoluto con la verdad. Yo creo recordar que la última vez que he visto al presidente del Tribunal Constitucional hemos hablado del tema de los presupuestos de este organismo dentro de los Presupuestos Generales del Estado. Lo que me parece lamentable es que alguien ponga en entredicho la credibilidad del Tribunal Constitucional porque no lo merece. Todos sus miembros son de una extraordinaria integridad y de una gran capacidad".

Sobre el envío al Tribunal Constitucional de las leyes del Gobierno por parte de la oposición, Felipe González afirmó que es un derecho de la oposición acudir al Tribunal Constitucional, un derecho no sólo de la oposición parlamentaria, sino un derecho ciudadano dentro de una sociedad democrática. Calificó de "muy serio" la forma de administrar ese derecho.

"El problema", continuó el presidente, "es si ese derecho se usa en conciencia desde una actitud limpiamente democrática o a veces se utiliza, o para retrasar la aplicación de una ley o simplemente para crear ese sentimiento de si el Gobierno estará o no bordeando a veces la Constitución".

No a Estrasburgo

Por su parte, José María Ruiz-Gallardón declaró ayer a Efe que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la expropiación de Rumasa no será recurrida ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo. A mediodía de ayer, Ruiz Gallardón no había recibido la citación del Tribunal para la notificación de la sentencia. Una vez conocida ésta, el comité de dirección del Grupo Popular se reunirá para analizar la situación y no se descarta la posibilidad de que solicite del alto organismo una investigación en torno a la publicación de las deliberaciones sobre esta sentencia. En medios jurídicos consultados por la agencia se dice que Ruiz-Mateos tampoco podrá recurrir en Estrasburgo, ya que el recurso contra el decreto-ley de expropiación fue interpuesto por el Grupo Popular.

Por su parte, el secretario general de Alianza Popular, Jorge Vestrynge, valoró ayer a preguntas de Europa Press como "muy favorable" para su grupo el resultado anticipado de la sentencia, "porque al parecer nuestra postura ha tenido seis votos a favor".

Emilio Attard, ex presidente de la Comisión Constitucional afirmó que el Tribunal Constitucional se ha causado un grave deterioro a sí mismo con la filtración de la sentencia dictada, según informa Efle desde Valencia. Tras felicitar al periodista que logró la publicación de la noticia, en el ejercicio de un derecho legitimo y competitivo, Attard señaló que se debe exigir la investigación, el descubrimiento y la sanción del violador del secreto que, según la propia ley del Tribunal Constitucional, debe suponer la inmediata destitución de quien incurrió en esta transgresión del secreto. Finalmente, declinó emitir su juicio sobre el contenido de la decisión del Tribunal.

Declaración de nulidad

El abogado de José María Ruiz-Mateos, ex presidente de Rumasa, manifesto ayer que estaba "preocupado porque lo que está sucediendo, a mi juicio, es gravísimo; todo parece anormal, excepcional y atípico. Todo ello pudiera reunir circunstancias excepcionales de incumplimiento de determinados preceptos procesales que pudieran provocar una declaración de nulidad radical y absoluta de oficio del trámite último de discusión, deliberación y fallo".

El señor De Vicente dijo en síntesis:

-"Hasta que una sentencia no se notifica y publica con todos los requisitos y trámites establecidos en la ley, no existe ni puede hablarse de ella".

-"Los votos particulares forman parte integrante de la sentencia y deben emitirse con las mismas garantías y condiciones legales en que se redacta la sentencia, puesto que hay una unidad".

-"Por lo tanto, los magistrados que piensan hacer el voto particular, ya no pueden hacerlo en las condiciones de secreto en las que se ha redactado la sentencia, puesto que a mitad del proceso de elaboración de la misma, se ha dado publicidad excepcional al tema, en el supuesto de que la filtración fuera cierta".

-"En el supuesto de que el Tribunal apreciara que existen esas circunstancias excepcionales que provocan la nulidad, habría que volver a empezar el proceso de deliberación votación y fallo".

Más información en la página 66

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 6 de diciembre de 1983

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