El decreto-ley de expropiación de Rumasa es constitucional

El Tribunal Constitucional ha desestimado, en una sentencia que pasará a formar parte de la historia del Derecho español, el recurso de inconstitucionalidad -formulado el pasado 28 de febrero y admitido a trámite el cuatro de marzo- por el Grupo Popular del Congreso de los Diputados contra el decreto-ley por el que el Gobierno socialista expropió Rumasa el pasado 23 de febrero. Las posiciones de los doce magistrados se han mantenido firmes en su práctica totalidad desde que conocieron y estudiaron el recurso de la oposición. El presidente del Tribunal Constitucional, Manuel García Pelayo, rompió el empate a seis utilizando su voto de calidad.

La sentencia fue firmada el viernes y ha sido votada favorablemente por seis de los miembros del Tribunal en contra los otros seis magistrados del alto tribunal: Gloria Begué, Angel Escudero, Rafael Gómez Ferrer, Antonio Truyol, Francisco Pera Verdaguer y Francisco Rubio Llorente. El empate en la votación de la sentencia sobre el recurso fue decidido en favor de su desestimación por el voto de calidad del presidente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 90.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Con esta sentencia queda zanjada la cuestión de la supuesta inconstitucionalidad del decreto-ley expropiador de Rumasa.Contra lo expuesto por la oposición en el recurso, la sentencia considera que el decreto-ley del Gobierno se ajusta a las dos condiciones que la Constitución establece para que el Gobierno pueda legislar por decreto ley: el presupuesto habilitante de "la extraordinaria y urgente necesidad" y que la medida no afecte a una materia excluída por la propia norma fundamental del ámbito de las disposiciones legislativas provisionales.

"Extraordinaria y urgente necesidad"

Sobre el primer punto, la sentencia reconoce que existía "extra ordinaria y urgente necesidad". Los informes del Banco de España avalaban que el sistema financiero español se encontraba en grave peligro si no se hubiese producido la expropiación.

El informe del Banco de España, enviado por el gobernador Jose Ramón Alvarez Rendueles, al ministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer, el 10 de febrero de este año, sirvió de fundamento para la decisión expropiatoria del Gobierno.

Aunque el documento del Banco de España señalaba que "no se conoce la solvencia real" de Rumasa, el resumen de los datos parciales obtenidos de las auditorías recibidas por el guardián de la banca hasta ese momento mostraba que de unos recursos propios contables valorados en 116.510,6 millones de pesetas sólo quedaba, después de efectuados los ajustes necesarios, un patrimonio de 4.979,7 millones de pesetas.

Los ajustes del Banco de Espafía eran motivados por "la revalorización indebida de participaciones por actualización de su inmovilizado". Pero la alarma del banco emisor, el dato que ponía en peligro el funcionamiento del sistema financiero español, y que los especialistas califican de cancer mortal de la banca, se centró en que el 95% de los intereses de los bancos inspeccionados se habían pagado en créditos del propio banco u otro del grupo. La alta concentración de riesgos de los 17 bancos de Rumasa hizo presumir al Banco de España una práctica situación de quiebra.

El desmoronamiento del un grupo bancario con 600.000 millones de pesetas de depósitos ajenos provocaría, a juicio del Consejo Ejecutivo del Banco de España, "una sicosis generalizada en todo el país, una crisis de confianza intemacional y una posible suspen sión de pagos de las empresas del grupo".

Qué es Rumasa

El informe de situación del holding de la abeja, de 10 de febrero de 1983, que sirvió de base al Gobiemo para expropiar por "extraordinaria y urgente necesidad" -según determina la Constitución española y desde ahora también la sentencia del Tribunal Constitucional- señala, de forma resumida, las siguientes características generales de Rumasa:

El grupo lo componen 350 sociedades de las que 18 son bancos, 200 son empresas industriales y 100 son sociedades de cartera o instrumentales. Rumasa y Rumasina controlan el grupo que emplea a unas 50.000 personas. Partiendo del primer núcleo de bebidas, ha tenido un crecimiento rápido en los años sesenta. Este crecimiento está basado en compras de empresas en épocas de fuerte inflación, mediante el pago al vendedor a muy largo plazo y el sucesivo control de un número creciente de bancos, que han financiado las compras y el desarrollo posterior de las empresas compradas.

Las empresas absorben sistemáticamente el grueso de los recursos de los bancos, lo que ha llevado a una concentración de riesgos del grupo en tomo al 50% de toda la inversión bancaria y supera el 60%, si se excluye el Banco Atlántico. La situación de las empresas es desigual. La liquidez y seguridad de los bancos está supeditada a una política de desarrollo a ultranza de las sociedades participadas.

José María Ruiz-Mateos, presidente y fundador del holding, viene justificando siempre según el citado informe confidencial del Banco de España su heterodoxa política bancaria y la situación general de los bancos con una supuesta expectativa de obtener plusválías en las fichas bancarias y en los negocios inmobiliarios y de bebidas que pudieran compensar a largo plazo los activos que van incrementando contablemente los balances de dichos bancos de manera sistemática y acumulativa.

"Sin disponer de datos finales relativos a la solvencia del conjunto de bancos existen", según el informe del Banco de España, "numerosos indicios racionales de que el grupo puede tener importantes problemas patrimoniales, de resultados y de flujos dinerarios reales, que, de confirmarse, estarían agravándose con el paso del tiempo, y de manera acumulativa

Evitar el efecto dominó sobre los bancos

El Banco de España, según su gobernador, no ha utilizado medidas públicas para evitar el "efecto dominó" sobre los bancos y ha promovido un cambio en la legislación del Fondo de Garantía de Depósitos bancarios para poder exigir la auditoría global de Rumasa. "Los datos parciales de las auditorías", dice más adelante, "indican que el grupo está experimentando unas pérdidas tan importantes que muy probablemente su patrimonio neto o es negativo o lo será en un futuro inmediato". Y basada esta conclusión en lo siguiente:

-Continuada activación del pago de intereses.

-Ventas internas de activos a unos precios fuera de mercado que permitan a las sociedad en pérdidas cubrirlos por las plusvalías generadas por la operación.

-Simple regularización de los valores de activos recién adquiridos como Galerías Preciados.

El grupo Rumasa, según concluía el informe que sirvió de base a la expropiación, y que la realidad conocida posteriormente ha confirmado con creces, "puede ocultar su situación hasta el día que tenga problemas de liquidez, lo que no ocurrirá, salvo accidentes imprevisibles, hasta que no haya utilizado con fines propios la práctica totalidad de los depositos de sus bancos".

En ese momento hubiera estallado una catástrofe financiera de consecuencias imprevisibles para el sistema financiero y la economía española.