Un abogado pide que el Parlamento juzgue el mal funcionamiento de la justicia

El abogado valenciano José Francisco Sánchez Cutillas ha dirigido un escrito al presidente del Congreso de los Diputados, Gregorio Peces-Barba, en el que solicita que se elabore una ley procesal especial para el trámite y enjuiciamiento de las acciones derivadas del artículo 121 de la Constitución, tanto por error judicial como por funcionamiento anormal de la justicia".Sánchez Cutillas propone que un tribunal específico, integrado por miembros del Congreso de los Diputados y del Senado, juzgue Ias situaciones en las que el poder Judicial entre en conflicto con los intereses particulares". El letrado formula la petición debido a que considera que existe un vacío legal en lo relativo al desarrollo de ese artículo constitucional, que indica claramente: "Los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley". Para tomar esta decisión, Sánchez Cutillas ha tenido en cuenta la experiencia extraída de dos casos, profesionalmente a su cargo.

Uno de ellos es el de Carlos Hurtado de Mendoza, que pide una indemnización de casi 94 millones de pesetas por haber estado procesado por estafa durante 15 años, de los cuales uno y medio pasó en prisión, antes de ser absuelto. El otro es el de los cuatro detenidos que fallecieron en los calabozos de Sagunto a causa de un incendio, a raíz de lo cual se procesó a dos policías municipales.

El abogado entiende que, en el primer caso, el Poder Judicial podría resolver el conflicto mediante una autoabsolución, alegando precariedad de medios para tramitar más rápidamente el. procedimiento judicial, que afectaba a Hurtado de Mendoza. En cuanto al segundo, el juez a cuya custodia están encomendados los calabozos pudo ser el responsable de los hechos por imprudencia, pero "al instruir el sumario y el rápido procesamiento, garantizando 12 millones a los herederos de las víctimas, evitó se ejercitase contra él la correspondiente acción penal". Sánchez Cutillas -en el ejercicio del derecho de petición- insiste en la necesidad de que no sean jueces quienes juzguen a los propios administradores de justicia cuando se susciten este tipo de conflictos.