Un juez especial tendrá competencia en todo el territorio nacional para perseguir la piratería del vídeo
La Audiencia Nacional ha designado al magistrado Carlos Dívar Blanco como juez especial de la causa sobre la comercialización ilegal de vídeos piratas. Este juez, nombrado como consecuencia de un acuerdo del Tribunal Supremo, tiene competencia en todo el territorio nacional y deberá reclamar todas las actuaciones penales seguidas hasta ahora en varias provincias españolas por comercialización clandestina en el mercado de soportes audiovisuales de películas. El pasado día 7 de septiembre la Asociación de Distribuidores e Importadores Cinematográficos de Ámbito Nacional (ADICAN) pidió al Tribunal Supremo este nombramiento de un juez exclusivo para nevar las diligencias, relacionadas con el comercio de vídeos piratas.
La medida judicial forma parte del conjunto que comprende también acciones legislativas y policiales emprendidas por la Administración a principios de verano, ante la invasión de videogramas piratas que se había producido en el mercado de la industria española de la comunicación audiovisual en el último año: unos 3.000 vídeos piratas, que habían generado una economía sumergida en 1982 de más de 100.000 millones de pesetas. El nombramiento de este juez especial puede tener también serias repercusiones en los usuarios del casi medio millón de videocasetes que existen en España, ya que éstos pueden tener acceso a los vídeos piratas, que en muchas ocasiones se encuentran en malas condiciones de visionado y suponen un fraude al consumidor.El nombramiento de un juez especial para los vídeos piratas -que no una jurisdicción especial- se fundamenta, según los representantes de ADICAN, que han acogido con satisfacción esta medida, en la multiplicidad de denuncias y actuaciones que existen en todo el territorio español. Más de un centenar de Juzgados de instrucción han promovido algún tipo de diligencias en relación con hechos de esta naturaleza. En estos momentos existen denuncias en juzgados de Barcelona, Madrid, Valencia, Santa Cruz de Tenerife, Arrecife de Lanzarote, Las Palmas, Málaga y Palma de Mallorca.
Películas de moda
La asociación de distribuidores había denunciado, en nombre de las 15 compañías más fuertes de la producción y distribución cinematográficas -la mayor parte de ellas, multinacionales- que existen en España, la comercialización ilegal de 350 títulos pertenecientes a las compañías United Artists, Cinema International Corporation, Twentieth Century Fox, Columbia Pictures, Metro-Goldwyn-Mayer, Warner Bros y Walt Disney, ya que ello puede constituir un delito de defraudación de derechos de autor. Entre las películas comercializadas en forma pirata figuran todos los éxitos de pantalla desde hace unos tres años como mínimo.. En la actualidad, el número de copias de vídeo piratas se ha incrementado con títulos recientes, todavía no denunciados, como Flashdance o El retorno del Jedi, ésta aún no estrenada en España.
Los sectores, legales del vídeo iniciaron a principios del verano pasado una ofensiva ante los poderes públicos con el fin de que se dictaran unas medidas que pararan la creciente piratería. La primera acción fue dirigir una carta, en unión con la Sociedad General de Autores, al presidente del Gobierno, Felipe González, en la que le pedían una, acción inmediata para contener el avance de la expansión clandestina del vídeo. Expresaban. los distribuidores cinematográficos y las empresas integradas en la Asociación Videográfica Española (AVE) su preocupación por el caos que existía en el sector, por el nivel de la economía, sumergida, que podía incluso terminar con el mercado cinematográfico, y por el atropello que suponía para los derechos de autor.
Pero los perjudicados por los fraudes en este campo no son sólo los productores y distribuidores cinematográficos o las empresas. videográficas legítimas, sino también el fisco, los titulares de las salas de exhibición y, en último término, los consumidores. El mercado del vídeo ofrece a los usuarios que se acercan a los videoclubes, normalmente los fines de semana, a alquilar o comprar las películas de moda que se están proyectando en los cines de estreno, precios muy bajos -entre 3.000 y 5.000 pesetas las películas que en el mercado legal cuestan 10.000-, pero, a cambio, obtienen generalmente copias en malas condiciones.
Respuesta del Gobierno
La respuesta del Gobierno a este reto del vídeo pirata, que es un fenómeno también muy extendido en Europa y América, se produjo con la aprobación de un real decreto por el que se regulaba la venta, distribución y exhibición pública de material audiovisual. El decreto, publicado en el Boletín Oficial del Estado el pasado 8 de septiembre, todavía no ha sido desarrollado en órdenes sucesivas. Una de estas órdenes que son clave para la aplicación del real decreto ya ha sido preparada por el Ministerio de Cultura, que la ha entregado al del Interior. Se refiere a la licencia de exhibición y sello que deberán llevar todas las copias de vídeo, tanto en la carátula o envoltura como en el soporte de la cinta.
La policía, por su parte, ha realizado en los últimos meses acciones espectaculares en la lucha contra el vídeo pirata. Prácticamente el mismo día en que se publicaba el real decreto, la policía de Madrid emprendió una operación en 185 videoclubes y establecimientos del ramo de Madrid, y requisó 2.500 cintas ilegales de vídeo y dos equipos de duplicación. Estos vídeos requisados por la policía suponían tan sólo el 12% del material pirata existente en Madrid. Parecidas acciones policiales se llevaron a cabo en Barcelona y en Castellón. Previamente, las acciones de la policía se habían centrado también en estos focos interrelacionados de Madrid, Barcelona y Valencia. A pesar de todas estas intervenciones legales y policiales, los sectores del vídeo legal estiman que no se ha dado el paso definitivo hacia la normalización de este sector.
