Sobre el proyecto de ley de Bases de Régimen Local

El proyecto de ley de Bases de Régimen Local es aceptable para el autor de este trabajo, que lo considera superior a toda la normativa precedente. Pero ello no obsta -a su juicio- para que deban matizarse algunas de sus normas e incluso cambiar la filosofía que inspira otras.El municipio es el primer paso en la institucionalización de nuestra vida en común. Así lo establece el artículo 137 de nuestra Constitución y así aparece en el pasado. Así lo ha forjado nuestra historia.

Cuando España estaba aún muy distante de su cristalización como Estado, cuando en ella convivían varias monarquías -y luego varios reinos bajo una monarquía escasamente unificadora-, cuando la nación española como patria común estaba muy lejos de la realidad y aún del deseo, ya entonces florecía en nuestras tierras el municipio como institución integradora de hombres laboriosos y libres.

No era, no podía ser, ese concejo igualitario y democrático que en ocasiones se nos ha descrito con tonos idílicos y, lamentablemente, míticos., Pero ha sido, con sus irremediables limitaciones históricas, el más antiguo, el más persistente de nuestros ámbitos de convivencia.

Hoy, con su larga y noble tradición, es un marco privilegiado para la construcción de una auténtica ciudadanía. Es el punto de arranque de toda política general y el lugar fundamental para apreciar sus resultados.

Detonante de los cambios

A lo largo de toda nuestra historia, cada vez que nuestro pueblo ha vislumbrado la posibilidad de ser dueño de sus destinos su primer impulso ha sido el de acudir a nuestras casas consistoriales para iniciar desde ellas la renovación de las envejecidas o decadentes estructuras. En 1981, para prolongar la vida de lo que ya virtualmente estaba muerto, los cansados y abúlicos políticos del viejo sistema convocaron unas elecciones municipales, como primera etapa de las provinciales y generales que habrían de seguir, con la esperanza de que en un largo proceso electoral hallarían el tiempo necesario para encontrar la fórmula salvadora. Ignoraron que, al incidir en la vida local, activaban el detonante de todos nuestros cambios, y los comicios locales fueron la causa inmediata del hundimiento del sistema.

Nuestra transición política ha sido, en su conjunto, ejemplar. Allende nuestras fronteras, y no digamos allende los mares, son más conscientes que nosotros mismos de esta ejemplaridad. A nosotros nos cuesta mucho trabajo reconocer que por una vez hemos sabido hacer bien las cosas.

Reconozcamos, sin embargo, que la atonía perceptible en muchos de nuestros pueblos, villas y ciudades desde 1976 hasta 1979 se debió, en gran parte, a que contemplaban su vida local ¡y todo seguía igual!

Cuando clamábamos por la renovación de los gobiernos locales se nos preguntaba invariablemente con qué criterios políticos íbamos a proceder a su nombramiento. Pero en las elecciones generales de 1977 cada uno de nuestros municipios se había pronunciado sobre las opciones políticas de su preferencia. Era, pues, fácil proceder a la renovación de las corporaciones locales haciendo los nombramientos en relación directa con los votos obtenidos por cada opción política. Esfuerzo inútil: en determinadas esferas, el continuismo primaba sobre la transformación democrática.

Además de las consecuencias de la política continuista, se produjeron otras en el ámbito de la gestión, cuyos efectos estamos sufriendo todavía:

- Los rectores de aquellas corporaciones locales, seguros de que sus días estaban contados, se lanzaron a una política demagógica de gastos indiscriminados, produciendo endeudamientos que pesan y pesarán todavía durante bastante tiempo sobre nuestras espaldas. Con evidente falta de rigor, pero con exceso de mala fe, se olvida este hecho por nuestros actuales detractores.

- Como la autoridad no soporta el vacío, los propios funcionarios tuvieron que asumir de hecho, en muchas corporaciones, facultades inherentes al poder político, creándose hábitos que dificultaron después el normal funcionamiento de nuestros municí pios y diputaciones. Como difícilmente se renuncia a lo que se tiene, la representación popular tuvo que batallar para recuperar com petencias que le eran propias. No se trata de un reproche a nuestro funcionariado, sino de la simple constatación de un hecho.

Autonomía operante

El trabajo de nuestros mandatarios se desarrolló en medio de un fárrago, de un verdadero caos le gislativo, y durante varios años la voces que clamaban por una ley básica de nuestro régimen local fueron desoídas. Afortunadamen te, el proyecto de ley de Bases de Régimen Local es una realidad. Este proyecto, en su conjunto, nos satisface y lo consideramos supe rior a toda la normativa precedente. Sin embargo, desde el punto de vista de la autonomía municipal consideramos que habría que matizar algunas de sus normas e in élulo cambiar la propia filosofía inspiradora de otras.

Olvidamos con frecuencia que el primer sentimiento que surge de lo más hondo de nuestro pueblo es el del autogobiemo de sus municipios, en lucha contra los poderes señoriales: toda nuestra geografía está cubierta de villas francas que así nos lo recuerdan.

No confundimos autonomía con soberanía; sabemos que "la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado", es decir, del pueblo español en su conjunto, sin que una parte del mismo, ubicada en municipio, provincia, región o nacionalidad determinada, pueda usurparla. Es conveniente e incluso necesario enmarcar esta autonomía; pero no es deseable que, a fuerza de frenos y contrafrenos, la hagamos inoperante.

El exceso de cortapisas nos lleva, en ocasiones, a situaciones absurdas. En el ámbito nacional, un mal entendimiento de este problema nos ha llevado a que el derecho de veto -justamente regateado durante toda la historia al poder moderador, a la jefatura del Estado- lo puedan ejercer hoy a su antojo y capricho, sin limitación alguna, 50 parlamentarios, entablando el recurso previo de inconstitucionalidad, no contemplado en nuestra Constitución, bloqueando un tribunal y paralizando, en parte, la labor legislativa. Si no modificamos ciertos aspectos del proyecto de ley de Bases de Régimen Local podríamos llegar a los mismos resultados, no deseados por nadie; por nadie empeñado en que nuestra democracia funcione. Dejamos el análisis detallado para una próxima ocasión.