Expediente de cierre a cinco empresas de transporte y retirada de 300 tarjetas de viajeros

Uno de cada cuatro vehículos de transporte por carretera que circulan por España (camiones o autobuses de viajeros), lo hacen en condiciones ilegales y en muchos casos con alto grado de riesgo para la seguridad viaria. A esta conclusión se ha llegado, trás una amplia operación de control de vehículos en la región centro y Andalucía, que se ha extendido a lo largo de 104 horas ininterrumpidas.Los resultados de esta operación, que se ha realizado conjuntamente por la Administración Central, Comunidades Autónomas y Agrupaciones de Tráfico de la Guardia Civil, fueron expuestos ayer por el director general de Transportes Terrestres, Manuel Panadero. Se han controlado 16.953 vehículos, de los que 4.292 (un 25,32%) han sido denunciados. Dentro de estas denuncias, 3.267 vehículos fueron sorprendidos transportando más peso del permitido (202, en concreto, supe.raban en más de un 10% la carga autorizada, "lo que supone un alto riesgo para la seguridad y un gran deterioro para la infraestructura viaria"). Otros 771 vehículos (4,55% del total) carecían de la necesaria autorización de transporte. En viajeros, la Administración ha anunciado que va a retirar 300 tarjetas de autorización como consecuencia de las irregularidades detectadas.

Por todas estas irregularidades se han impuesto multas por valor de 160 millones de pesetas. Pese a lo elevado de la cifra, las cuantías actuales de las sanciones son mínimas (25.000 pesetas) y en muchos casos resultan rentables para los infractores. Está en proyecto elevar las multas hasta 400.000 pesetas y penalizar la reincidencia con la retirada de los permisos de transporte.

Cierre de cinco agencias

En Madrid, según el director general, se ha abierto expediente a cuatro agencias de transporte (con propuesta de precinto a los locales de una de ellas por clandestinaje); a 20 autocares de transporte discrecional (por realización de tráficos no autorizados y cobro individual); a la Estación Sur de Autobuses (por venta de billetes no autorizados); y a una asociación de transportistas por el establecimiento de un servicio regular de viajeros carente de autorización.Las agencias cuyo cierre se propone en el expediente son: Viajes Meseta; Viajes Arnedillo; Viajes Samar-tour; y Viajes Ozaez, según informó la Administración. También se ha puesto en conocimiento de Hacienda las actividades de un conjunto de empresas de transportes ante la presunción de la posible existencia de irregularidades.

Manuel Panadero se refirió también a los intermediarios del transporte de mercancías, donde se plantean casos de empresarios "tipo Al Capone", a los que va a ser más fácil erradicar por la vía fiscal que probarles sus manejos ilegales en el transporte. El director general, en concreto, se refirió a varios empresarios, entre ellos los apodados El Tirantes y El Madrileño. El primero, sin más legalidad que el pago de la Seguridad Social de autónomos, mueve al año una facturación anual de unos 50 millones de pesetas, que le dejan un beneficio neto -no paga ningún impuesto- de 25 o 30 millones. Actuaciones similares a las de Madrid han tenido lugar en Aragón y Asturias.

El director general se refirió a la próxima adquisición de 50 básculas móviles y a la realización peniódica de controles en todo el territorio nacional. Resaltó la cooperación de los Gobiernos autónomos y de asociaciones de transportistas, que son conscientes de que estas prácticas les suponen competencia desleal, tiran abajo los precios y suponen un riesgo para los usuarios. La situación es aún más grave, ya que el transporte por carretera es un sector que ha crecido en los últimos años, mientras que las cargas a transportar han caído sensiblemente como consecuencia de la crisis.