Aplazada hasta la tarde de hoy la sentencia por el asalto al cuartel de Berga

Los nuevos abogados defensores de los ocho procesados vascos acusados del asalto al cuartel de Berga presentarán, probablemente, recurso de casación a efectos de nulidad de la vista oral celebrada ante ayer en Lérida. Aunque la sentencia del consejo de guerra no se conocerá hasta esta tarde, los hasta ahora abogados defensores firmaron ayer a mediodía las actas de la vista, que "recogen enteramente nuestra protesta en el sentido de que estuvimos presentes en el juicio, para no incurrir en delito de desacato al Tribunal Militar, pero como meros abogados observadores, no como defensores", explicó uno de los letrados.

El Tribunal Militar -seis capitanes y el coronel José López de Sepúlveda, que actúa como presidente- permanecía ayer todavía reunido en proceso de deliberación y redacción de la sentencia, y ha convocado a los abogados para las seis de la tarde de hoy, jueves, para dar a conocer el contenido del fallo. Paralelamente, la sentencia será comunicada a las partes: el juez instructor, el fiscal de la causa y los nueve procesados. Éstos, internos en la prisión de Lérida, "mantienen un buen ánimo, aunque no, acaban de entender lo que ocurrió en el consejo de guerra", según uno de los abogados, que los visitó a primera hota de la tarde de ayer.El fiscal militar, en sus conclusiones definitivas, rebajó considerablemente su petición de penas solicitadas anteriormente para los nueve procesados. Mientras en las conclusiones provisionales había solicitado 142 años de cárcel para ocho de los encausados, y 145 años para otro de ellos, al final de la vista del consejo de guerra pidió penas que oscilan entre los 40 y los 95 años de prisión, por lo que se refiere a los ocho acusados vascos.

En el caso del catalán Jordi Puig, que tuvo ocasión en el juicio de negar su participación en el asalto, aunque reconoció haber ayudado al comando en su huida de Berga, la petición del fiscal fue de 29 años de cárcel. Fuentes jurídicas han indicado que esta rebaja en las peticiones es producto del cambio en el Código de Justicia Militar.

Por su parte, el abogado de Puig solicitó la absolución de éste o, subsidiariamente, una pena de siete meses de cárcel por colaboración con bandas armadas. En este sentido, propuso como comparación el grado de penas impuestas a los asaltantes del sector aéreo de San Sebastián, acción que ETApm realizó la noche del 15 de noviembre de 1980, coincidiendo con el asalto al cuartel de Berga, "con la diferencia de que en Berga no hubo ni disparos ni ningún militar herido".

Doble incidencia

Dos circunstancias de gran importancia han incidido en el desarrollo del consejo de guerra que han incrementado la tensión de los aspectos de orden público y también los estrictamente judiciales:En primer lugar, el secuestro y asesinato del capitán Alberto Martín Barrios, que ha añadido dramatismo al desarrollo de la vista, además del espectacular aumento de las medidas de seguridad. Así, en el juicio, uno de los abogados, el defensor de Jordi Puig, insinuó la posibilidad de aplazamiento de la causa por "las especiales circunstancias que concurren en este consejo". Esta alusión fue rápidamente cortada por el presidente del tribunal, quien actuó de manera enérgica y dura con los abogados. Sin embargo, el presidente se comportó de manera perfectamente correcta al admitir que el procesado Jordi Puig se manifestara en todo momento en catalán, lo que equivale a una "normalización lingüística en los tribunales militares". En segundo lugar, la renuncia de ocho de los nueve procesados, los vascos, a sus defensores. Esta renuncia, comunicada el pasado sábado a la autoridad jurídica militar, no fue admitida por "no ser momento procesal oportuno, ya que ha pasado ya el trámite de defensa y ya se ha publicado la orden de la región señalando fecha y composición del consejo

Esta circunstancia originó el primer enfrentamiento del consejo de guerra entre el presidente del tribunal y los abogados. Uno de ellos llegó a pedir expresamente,al presidente: "Ya que no soy abogado defensor de ningún procesado, le solicito permiso para salir de la sala", extremo este que fue negado por el tribunal. Un representante del decano del Colegio de Abogados de Barcelona, presente como observador én la sala, explicó también al tribunal militar que los abogados llevaban razón en su actitud de no realizar defensa alguna, pero que continuaban presentes en el consejo para no incurrir en un delito de desacato. Los abogados solicitaron a dicho Colegio que realice un informe sobre las posibles,coacciones que "hemos sufrido en este proceso judicial" y lo elevé al Consejo Superior de la Abogacía.

Para cubrir el vacío de defensa de los procesados, éstos firmaron ayer, a las cuatro de la tarde, en la prisión de Lérida y ante el notario Luis Antonio Tejúcar, un documento de apoderamiento para que un grupo de abogados de Madrid y otro de Barcelona puedan llevar a cabo el recurso de casación correspondiente.

Los abogados de Barcelona, entre los que se encuentran Augusto Gil Matamala, Luis Kuauel, Luisa Domingo y Jesús Viladrich, anunciarán, en el plazo de cinco días después de ser conocida la sentencia, al fiscal militar la interposición de dicho recurso de casación por quebrantamiento de forma en el consejo de guerra.