Ritmo lento al programa nuclear

EL CONSEJO de Ministros celebrado el jueves de la pasada semana no consiguió despejar algunas incógnitas cruciales de la política económica relacionada con el sector energético. Mientras que la subida de precios de los carburantes y del gas butano, ampliamente rumoreada durante los días anteriores, quedaba en suspenso, el Gobiemo hacía pública su decisión de paralizar parcial y temporalmente el programa nuclear, aprobado por las Cortes Generales durante la anterior legislatura en un largo y apasionado debate. Aunque se desconocen todavía los mecanismos legales que permitirán al Poder Ejecutivo instrumentar la pausa nuclear anunciada, el Congreso y el Senado deberían ser satisfactoriamente informados de una decisión cargada de implicaciones económicas y políticas y cuyo contenido altamente polémico combina argumentos racionales con actitudes emocionales de distinto signo. Como en todas las cuestiones fundamentales de la vida pública, al parlamento corresponde, en última instancia, debatir las grandes orientaciones estratégicas de nuestro futuro. Mientras no se conozcan con todo detalle los argumentos y las cifras en que el Gobierno ha basado su decisión, la discusión corre el riesgo de una ideologización abstracta que alimente los prejuicios partidistas y de rienda suelta a los resbalones de los arbitristas en sus precipitadas cuentas de la lechera.Dentro de esa necesaria provisionalidad de juicio, cabe señalar, sin embargo, algunos de los puntos que ocuparán presumiblemente el centro de la polémica. Desde un punto de vista estrictamente económico, la paralización del programa nuclear implicaría la renuncia temporal a seguir trabajando en uno de los sectores de tecnología de punta. Las constructoras españolas estaban adquiriendo un buen nivel de eficacia en la instalación de centrales nucleares y la industria nacional era ya capaz de suministrar, en condiciones competitivas, un elevado porcentaje de los equipos. La inversión en maquinaria y el desarrollo tecnológico sufrirían, de este modo, un evidente quebranto con la moratoria anunciada. Otros países europeos -por ejemplo, Francia- han utilizado al sector nuclear para afianzar su nivel tecnológico, mantener un precio competitivo en los kilovatios producidos y procurarse una mayor independencia respecto al petróleo importado.

Frente a estos argumentos críticos, los partidarios de la medida gubernamental de enfriar el incremento de la inversión nuclear pueden esgrimir en su favor razones también dignas de estudio. En primer lugar, hay fundadas dudas sobre la adecuación existente entre nuestra capacidad energética instalada o en vías de instalación y el consumo previsible para los próximos años. Aunque el terreno de este debate sea muy resbaladizo, ya que nadie puede asegurar a ciencia cierta cuál será el consumo de electricidad en el futuro, es probable que el programa nuclear de UCD exagerara al alza sus previsiones. En segundo lugar, la industria nuclear se enfrenta hoy día con graves problemas financieros, derivados no sólo del pago de las inversiones contratadas, sino también de los compromisos adquiridos. Como es bien sabido, las inversiones se amortizan con los ingresos obtenidos mediante la venta de los productos fabricados (en este caso, la energía eléctrica); pero si existiera una exceso de oferta en el mercado de energía durante los próximos años, los kilovatios producidos por las centrales nucleares correrían el. riesgo de no encontrar comprador, a menos que se decidiese sacrificar algunas centrales térmicas de fuel o de gas en aras de su desarrollo. Un tercer argumento, que no es último en importancia, se relaciona con los riesgos inherentes a las plantas nucleares, que sensibiliza cada vez con mayor fuerza a los sectores de población simpatizantes con los movimientos ecologistas. Los criminales atentados de ETA contra Lemóniz y el chantaje ejercido por los terroristas no pueden hacer olvidar que las protestas iniciales contra la localización de esa central nuclear, situada en las orillas del Gran Bilbao, nacieron de organizaciones ciudadanas libres de cualquier sospecha de connivencia con las siniestras bandas armadas

La fórmula ideada para compensar económicamente a las empresas afectadas por la paralización del programa nuclear consiste en asignar la mitad del 65,o del incremento autorizado de los precios de la electricidad a la financiación de las instalaciones momentáneamente detenidas. No es seguro, sin embargo, que esa elevación pernúta alcanzar satisfactoriamente el objetivo propuesto. Dado que la facturación del conjunto de las compaftías eléctricas se sitúa en torno a los 850.000 millones de pesetas, ese incremento del 6% equivaldría a 50.000 millones de pesetas, cuya mitad -25.000 millones- sería destinada a financiar los 500.000 millones en que se valoran las instalaciones paralizadas. Si este endeudamiento no estuviese sujeto al pago de intereses, la amortización duraría 20 años; pero la carga de intereses, aunque sólo fuera del. 15% (es decir, 75.000 millones de pesetas anuales), haría que el aumento decretado en las tarifas eléctricas resultara claramente insuficiente para cubrir los fines propuestos. Si las compañías eléctricas se resistieran, en virtud de esos cálculos, a aceptar voluntariamente las recomendaciones implicadas en la decisión del Consejo de Ministros, el Gobierno tendría que negociar importantes subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para compensar la paralización temporal de los trabajos en las centrales nucleares.

La enjundia de estas medidas relacionadas con el sector energético no debe hacer olvidar, en cualquier caso, que la subida de los precios de los carburantes y del butano quedó aparcada en el Consejo de Ministros para tiempos mejores. El aplazamiento no significa, sin embargo, que ese retoque, justificadamente temido por los consumidores, aguarde hasta 1984. Además, el presidente de Telefónica ha anunciado, también para finales de año, una subida de las tarifas telefónicas entre el 8% y el 9%. El Gobierno, preocupado por la evolución del índice general de precios y atento a la negociación salarial del próximo año, ha optado seguramente por renunciar a un incremento inmediato de la presión fiscal, a fin de llegar cómodamente a ese 12% de aumento de precios anunciado a comienzos de 1983. Esta comprensible decisión política deja al descubierto, sin embargo, el sector exterior de la economía y el déficit del. sector público, que, por desgracia, tienen efectos perdurables sobre el nivel de precios. El Gobierno sigue apostando así por el gradualismo en el ajuste. Pero no es nada seguro que esa estrategia consiga, por sí* sola, que la inflación pueda ser contenida sin necesidad de imponer mayores sacrificios a los consumidores españoles.