En Holanda, quien contamina, paga

"Si el Gobierno me pide 100.000 florines (5 millones de pesetas) en impuestos por el vertido de las aguas contaminadas de mi fábrica, voy y protesto; pero si me pide 500.000 florines (25 millones de pesetas), me callaré, porque no tiene sentido regatear: el pagar esa cantidad me llevaría a cerrar la empresa". Así intentaba explicar el director de determinada industria de La Haya -no quiere dar su nombre porque piensa que estas opiniones pondrían a los ecologistas en contra de sus productos, y no le interesa una campaña hostil- el rigor de la ley holandesa sobre contaminación de aguas, y que puede resumirse en un sencillo principio: el que contamina, paga. Desgraciadamente para este empresario, la evaluación de sus tributos por contaminación ha sido de un millón de florines (50 millones de pesetas). Como era previsible, no mandó parar la factoría. Sencillamente, telefoneó a un gabinete técnico para instalar una planta depuradora.

La sede de la sociedad Infra Consult está situada en Deventer, una pequeña ciudad a 100 kilómetros al este de La Haya. Aquí trabaja el ingeniero Johann Gerard EIzenga que va a participar en el simposio sobre la tecnología del agua que se celebrará en Madrid los días 19 y 20 de este mes bajo los auspicios del Ministerio de Economía de La Haya y la Cámara de Comercio Hispano-Holandesa. "En Holanda, la sociedad ha tomado con ciencia de que los daños causados al medio ambiente son muy difíciles de rectificar..., y costosos. Hay un momento en que se llega a un punto sin retorno en el que los daños son irreparables". Por esa razón, Elzenga, que tiene en cuenta para su trabajo los problemas económicos de la industria, considera que siempre es preferible hacer algo para impedir el aumento de la contaminación que no hacer nada. "Una depuradora sencilla puede limpiar hasta el 70% de las impurezas a un coste muy bajo. Eso ya es mejor que dejar el ciento por ciento de la suciedad. A partir de ese 70% u 80% de depuración, el coste se va disparando y cada mínimo porcentaje de mejora es más caro. El último 1% o 2% no es casi nunca rentable".¿Rentable? No hay que olvidar la ley holandesa sobre depuración de aguas superficiales, que entró en vigor en 1970. Esta ley confía la lucha contra la polución de las aguas a las administraciones provinciales, que, a su vez, pueden transmitir esta tarea a las confederaciones hidrográficas. Esto es lo que ha sucedido en ocho provincias (excepto en Groningue, Frise y Utrecht). La ley se rige por tres principios: stand still (permanecer parados, impedir que la contaminación progrese); combatir la polución allí donde se produce, y -este es un punto fundamental para las industrias holandesas- el que contamina, paga.

La ley establece los impuestos a pagar en base a un sencillo método: la demanda biológica de oxígeno, que se obtiene dividiendo entre los 14 millones de habitantes del país la cantidad de oxígeno que contiene el agua consumida en un año. Así se obtiene el equivalente habitante, que pasa a ser la unidad de medida de contaminación: el oxígeno que falta en el agua contaminada (cuanta más contaminación hay menos oxígeno). A partir del equivalente-habitante se fijan los impuestos que pagarán los que ensucian el agua.

La traducción monetaria del equivalente-habitante difiere geográficamente, ya que, en aquellas provincias donde las medidas anticontaminación han comenzado tarde, los impuestos son más altos al ser necesarias mayores inversiones para recuperar el tiempo perdido. De esta forma, el equivalente-habitante oscila entre 40 y 80 florines anuales (2.000 o 4.000 pesetas).

Los 'confederados' del agua

Al igual que el cuidado de los diques, el control de la calidad del agua se encuentra, a nivel local y regional, en manos de órganos de gestión especiales: las confederaciones hidrográficas, a las que el Estado cede esta responsabilidad. Éstas prevén que en 1985 podrán tratar prácticamente todas las aguas de origen urbano e industrial a través de unas 600 plantas que estarán funcionando en esa fecha.

Un ejemplo. La planta depuradora de Zutphen -un pueblo cercano a Deventer con una capacidad máxima para tratar 3.300 metros cúbicos a la hora-, según explica su director, G. Vreedenburgh, es de propiedad privada. Las empresas del polígono industrial contratan sus servicios y envían allí sus aguas negras mediante una canalización. De esta forma rebajan el nivel de impuestos que deberían pagar por contaminación.

Frecuentemente los empresarios holandeses se quejan de la pérdida de competitividad que suponen los gastos o impuestos derivados de la depuración de las aguas, aunque la ley de 1970 influyó también de otra manera: en 1975 el conjunto de la industria había disminuido a una tercera parte sus vertidos contaminados. El resultado de este descenso no fue debido tanto a la construcción de nuevas plantas depuradoras como a la puesta en práctica de métodos internos de saneamiento de los procesos fabriles. Naturalmente, sólo con estas medidas las fábricas continúan vertiendo aguas negras, lo que supone el pago de facturas cada vez más caras, por lo que, entre 1970 y 1980, el número de plantas depuradoras para la industria se triplicó, pasan do de 70 a 210.

Uno de los empresarios que se han decidido a instalar su propia depuradora es H. Oosterloo, director de Het Residentie Slachthuis BV, empresa privada que explota el matadero de La Haya.

El matadero, que viene sacrificando unas 8.000 reses cada semana, vierte hasta este momento sus aguas negras en la red de alcantarillado de la ciudad. Por ello ha tenido que pagar 23.000 equivalente-habitante. Cada una de estas unidades de contaminación fue valorada en 1977 en 23,80 florines (1.200 pesetas), pero ya en 1983 el precio ha subido a 38,40 florines (1.950 pesetas), lo que totaliza una carga tributaría de 885.000 florines (casi 45 millones de pesetas) para este año.

100 millones por ensuciar

Los expertos calcularon que en el futuro la unidad de contaminación podrá elevarse hasta 80 florines (4.000 pesetas), por lo que los impuestos podrían totalizar 1,8 millones de florines (casi 100 millones de pesetas), a pagar por el matadero. Oosterloo consideró que era el momento de instalar una planta depuradora.

Por una parte, Oosterloo sabía que el 60% de la inversión sería cubierta mediante subvenciones estatales (la Administración holandesa prevé este tipo de ayudas, así como otra serie de premios para las empresas que ahorran energía). El coste total de la inversión fue estimado en 4,2 millones de florines (21 millones de pesetas). Es decir, a los costes actuales, Oosterloo puede amortizar la inversión de la planta en un par de años, aunque tenga que añadir unos 250.000 florines (1,3 millones de pesetas) anuales para asegurar el mantenimiento de la planta, el gasto de energía adicional, el transporte de los fangos resultantes en el proceso depurador y los impuestos por contaminación (2%) que la planta no va a realizar (50.000 florines, unos 2,5 millones de pesetas).

"Para muchas industrias, los impuestos por contaminación suponen unos costes adicionales improductivos que no podemos repercutir en los precios debido a la menor demanda existente, y además por la pérdida de competitividad que ello supondría", -señala Oosterloo. "Respecto a nuestros más directos competidores -República Federal de Alemania, Francia e Italia-, estos gastos nos suponen un incremento de 30 céntimos de florín (unas 15 pesetas) por kilo de carne. Un florín de los 480 que cuesta un cerdo de 80 kilos van a amortizar los gastos de depuración de aguas.

Es frecuente que los empresarios holandeses se lamenten de cierta falta de respaldo popular a estos sacrificios. "Es difícil que un director de mercadotecnia pueda aprovechar una iniciativa encaminada a mejorar el medio ambiente. Los grupos verdes protestan cuando se contamina, pero no dan las gracias cuando la industria emprende una serie de mejoras", se quejan.

Otro ejemplo. La planta depuradora de Vlaadingen, cerca de Rotterdam, trata 12.000 metros cúbitos de aguas residuales a la hora, que provienen de tres ciudades de la zona y la industria correspondiente (en total, unos 300.000 equivalente-habitante). Ha supuesto una inversión final de 150 millones de florines. El responsable de la planta, Maarten Zeegers, explica que "el hecho de que un tercio de las aguas que recibimos tengan su origen en las aguas negras industriales -el resto son aguas residuales urbanas- nos ha llevado a seleccionar bien el sistema".

La difícil planificación

Delf, una preciosa ciudad a 15 kilómetros al sur de La Haya, no deja de recordar continuamente en las fachadas de sus edificios los tiempos en que españoles y holandeses estaban bajo la corona de Carlos V. La propietaria de la planta de VIaadingen es la Hoogheemraadsschap van Defland (Confederación Hidrográfica de Delf), una de las más antiguas de Holanda: se creó en 1318, y sus miembros cuidan con primor esa herencia histórica. La sede que ocupa la confederación es un palacio del siglo XV, propiedad de una familia noble -aunque posteriormente estuvo sirviendo como burdel durante una buena temporada- hasta que los confederados pudieron hacerse con él. Hoy es un verdadero museo.

"Desde que, a través de la ley de 1970, se nos responsabilizó del mantenimiento de la calidad de las aguas hemos tenido que enfrentarnos a muchos problemas. Una cuarta parte de nuestro trabajo está dirigida a este frente; pero, a nivel de costes, esa proporción es infinitamente más elevada. Por ejemplo, en el presupuesto para este año vamos a emplear ocho millones de florines (40 millones de pesetas) en el mantenimiento de los diques que nos defienden del mar y 16 millones de florines (80 millones de pesetas) en asegurar la cantidad de agua (obras en canales, bombas, etcétera). El mantenimiento de la calidad del agua, sin embargo, nos ha supuesto un gasto de 71 millones de florines (3.550 millones de pesetas)", comenta F. J. Vos, adjunto a la dirección de la confederación.

Desde 1970, la Confederación Hidrográfica de Delf ha dedicado 500 millones de florines (25.000 millones de pesetas) a la construcción de diversas plantas depuradoras y otros trabajos encaminados a asegurar la calidad de las aguas. Aparte del problema de encontrar terrenos aislados para instalar las depuradoras -tarea bastante compleja en un territorio tan densamente poblado-, la confederación encuentra dificultades con la industria.

"Es difícil calcular la capacidad contaminadora de una gran factoría", explica Vos. "Pero eso no es lo peor. Nosotros, al proyectar una planta, debemos tener en cuenta las necesidades llobales. Sin embargo, cuando las empresas comienzan a edificar sus propias depuradoras -porque así se ahorran dinero en impuestos-, nuestras depuradoras tendrán menos trabajo y, al mismo tiempo, ingresaremos menos dinero. Una depuradora debe estar pensada para un horizonte de 40 años. Ahora bien, una empresa que hoy se compro,mete a no montar su propia planta, mañana puede cambiar de opinión libremente. También puede cerrar porque el negocio no ha ido bien... ¿Quién puede planificar así?".

"Por su parte, los ciudadanos, en un momento determinado, exígen cuidar el medio ambiente. Se acometen nuevas inversiones para cubrir ese objetivo y los impuestos suben. Entonces, al tener que pagar más, cambian las ideas de la gente respecto a la contaminación y les gustaría que se hicieran menos cosas. ¿Quién puede planificar así?", repite Vos amargamente.

Último ejemplo. La Drinkwaterleiding Rotterdam, la planta depuradora de agua potable de esa ciudad, no sufre los problemas de la Confederación Hidrográfica de Delf. Con una inversión de unos 1.000 millones de florines (50.000 millones de pesetas) asegura el suministro de agua potable a más de un millón de personas. Su capacidad real es de 185.000 millones de litros anuales, aunque viene produciendo una media de 100.000 millones.

"La planta es propiedad del Ayuntamiento de Rotterdam" explica H. Baars, director de relaciones exteriores de la planta, "y vende el agua excedente a otras 21 ciudades, consiguiendo algún beneficio; por eso el coste del agua para el usuario es relativamente bajo" (1.000 litros cuestan 2,28 florines, unas 114 pesetas).

El mayor problema de esta planta es la falta de demanda, que obliga a una importante infrautilización de sus instalaciones. "Ahora estamos estudiando la entrega de agua a Arabia Saudí a cambio de petróleo", dice Baars. "Los técnicos están analizando el sistema para enviar el agua en los petroleros -sin que ésta se contamine- y devolver los barcos cargados con el crudo; así abarataremos el transporte".