Una junta mixta Gobierno-diputación decidirá sobre la impugnación del presidente foral

La Diputación Foral de Navarra ha acordado pedir al Gobierno la constitución de la Junta de Cooperación, cuya formación se contempla en el artículo 69 de la ley de amejoramiento foral, norma básica de esta comunidad y que prevé que todas las discrepancias que se susciten entre la Administación del Estado y la Comunidad Foral de Navarra, respecto a la aplicación de interpretación de esta ley sean resueltas por este organismo "sin perjuicio de la legislación propia del Tribunal Constitucional y de la Administración de Justicia".

La Junta de Cooperación estará formada por igual número de representantes de las dos administraciones, y debatirá si la impugnación del Ejecutivo socialista a la nominación de José Ángel Zubiaur como presidente del Gobierno de esta comunidad por parte del presidente del Parlamento autónomo, Balbino Bados, se ajusta a lo establecido en la ley.Las gestiones para la constitución de la Junta serán realizas personalmente por el propio presidente de la Diputación Foral, Juan Manuel Arza, y consistirán, en un primer momento, en la determinación de las normas necesarias para la formación de la misma. Todavía no está prevista la regulación ni el funcionamiento de este organismo que, por supuesto, tiene que ser acordado con el Gobierno de la nación.

Esta petición del Ejecutivo navarro al Gobierno se ha producido tras conocer la Diputación Foral -de la que sólo quedan en estos momentos cuatro de los siete diputados que accedieron al cargo en abril de 1979, y que ya tenían que haber sido sustituidos, lo que ha motivado que la Administración esté paralizada- sendos informes jurídicos del Consejo de Estudio de Derecho navarro y del Colegio de Abogados en torno a la impugnación socialista que ha retrasado la formación del nuevo Gobierno de esta comunidad.

Posible contrafuero

Impugnación que, a juicio del citado Consejo de estudios -del que forman parte cualificados representados de UPN y de Coalición Popular, que, por tanto, favorables a la nominación de Zubiaur- es un contrafuero, pues Navarra no es una comunidad autónoma y, en consecuencia, queda excluida la competencia del Tribunal Constitucional a que se ha acogido el Gobierno al amparo del artículo 161 de la Constitución.Para este Consejo, si la Diputación quisiera denunciar el contrafuero, debería dirigirse a la Junta de Cooperación prevista en el amejoramiento. El informe del Colegio de Abogados, por su parte, se abstenía de pronunciarse sobre si existía o no contrafuero en la impugnación del Gobierno a la decisión de Balbino Bados, argumentando para ello que la valoración que hubiera que, hacerse estaría en relación directa con la consideración de si Navarra, además de Comunidad Foral, es una comunidad autónoma. No obstante, el Colegio de Abogados señalaba que la Junta de Cooperación era competente para dirimir las discrepancias entre las administraciones del Estado y Foral, que, en su opinión, no era éste el caso, pues las diferencias se han suscitado entre la Administración del Estado y el presidente del Parlamento.

Según se interpreta en círculos políticos navarros, la Diputación habría adoptado la decisión de dirigirse al Gobierno para constituir esta Junta, por ser únicamente una solución de compromiso que, por un lado, satisface a los sectores que opinan que la presentación del recurso socialista es contrafuero, y por otro porque parece poco probable que la Junta pueda abordar este asunto, al estimarse que carece de competencias para ello, ya que no es un conflicto entre las dos administraciones. De esta forma, la Diputación, según nuestras fuentes, habría evitado el pronunciarse de forma clara en torno a la presentación del recurso ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno socialista.