El delegado del Gobierno en el País Vasco advierte al PNV que "está violando la ley"

La negativa de 12 alcaldes del País Vasco a dar posesión a los secretarios que han accedido a su puesto mediante oposición pública, convocada por la Administración central, ha sido calificada por el delegado del Gobierno en el País Vasco, Ramón Jáuregui, como "claramente ilegal". En unas declaraciones concedidas a EL PAIS, Jáuregui responsabilizó a los nacionalistas de la situación originada en las mencionadas corporaciones: "El PNV está violando la ley, haciendo caso omiso de la sentencia del Tribunal Constitucional, porque no le gusta".Tras recordar que el Partido Nacionalista Vasco, en una asamblea de corporativos municipales que tuvo lugar el pasado mes de junio, decidió no cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional que reflejaba las competencias de la Administración central para convocar plazas de funcionarios, Ramón Jáuregui reconocía que "la actual ley puede ser perfeccionada, pero mientras no haya otra se debe cumplir la vigente".

En el proyecto de ley que hoy revisará el Consejo de Ministros, los ayuntamientos tendrán más poder de decisión para la convocatoria de plazas, hasta el punto de que "prácticamente ejercerán de tribunales", afirmó el delegado del Gobierno en el País Vasco.

Ramón Jáuregui descartó la posibilidad de que, dada la conflictividad surgida entre los dos Gobiernos, quedaran aplazadas nuevas convocatorias hasta que entrara en vigor la nueva ley de Bases de Régimen Local, que aún no ha sido presentada en las Cortes. "La ley todavía tardará unos meses en ser aprobada; en ella se introducirán seguramente reformas importantes, ya que los ayuntamientos tendrán más competencias. No obstante, teniendo en cuenta que existen en el País Vasco alrededor, de 150 ayuntamientos con plazas vacantes, es absurdo congelar el acceso de nuevos funcionarios a los mencionados puestos".

El delegado del Gobierno en el País Vasco insistía en que las instituciones y organismos oficiales deben respetar la legalidad vigente. "Aplicar la ley tampoco es tan grave", añadió, "sobre todo después de la presentación de un recurso de inconstitucionalidad, y la sentencia del tribunal no ha resultado favorable a las posiciones nacionalistas".

Para Ramón Jáuregui la decisión de no cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional "es muy poco seria para un país". El delegado del Gobierno en el País Vasco insinuaba la posibilidad de que si los afectados recurrían legalmente contra los ayuntamientos, los alcaldes podrían verse inhabilitados para ejercer sus funciones, al no haber respetado la normativa vigente.