La crisis de la Prensa portuguesa coloca al borde del cierre aI 'Diário de Notícias'

La crisis que sufre la economía portuguesa ha llegado al Diário de Notícias, uno de los decanos de la prensa portuguesa y el segundo periódico más vendido del país. Estatal desde 1975, como consecuencia de la nacionalización del banco a que pertenecía, e integrado en la misma empresa que edita también el vespertino A Capital, el Diário de Noticias supo conservar una tradición de seriedad que le confiere el carácter de periódico oficioso, y garantiza la fidelidad de un público apenas menguado por la crisis general de la Prensa portuguesa. Los más de 1.000 trabajadores del diario no han cobrado su salario en el mes de agosto.Los directores de ambas publicaciones comprueban, números en mano, que sus diarios son perfectamente viables en términos económicos y que las ventas y la publicidad cubren ampliamente los gastos. No se puede decir lo mismo de la empresa editora, que tiene otras actividades nítidamente deficitarias y que se encuentra asfixiada por el pasivo acumulado y por el exceso de personal en plantilla.

El plan de reestructuración presentado al Gobierno está pendiente de una decisión de conjunto relativo a las empresas del sector público, y la suspensión del paga de los salarios de agosto es el primer síntoma de que el Diário de Notícias está en peligro de muerte.

Crisis general

La situación tiene precedentes: el personal de la agencia estatal ANOP no cobra sus salarios desde julio; otros periódicos, estatales y privados, se limitan hace meses a anticipar a sus trabajadores parte de las remuneraciones atrasadas. La suspensión de pagos amenaza también la televisión portuguesa.

El sindicato de los periodistas y otras organizaciones profesionales del sector de la información multiplican sus peticiones ante el Gobierno de Mario Soares para que sean encontradas soluciones urgentes que salvaguarden la libertad de información.

Causó especial preocupación en los medios de Prensa la noticia de que el Procurador general de la República había solicitado del ministro de Estado una lista de juristas en situación de excedencia para "investigar, a través de la lectura de los periódicos, noticias de posibles delitos públicos".

En una nota oficial, el ministerio precisó que no se trataba de un "plan maquiavélico del Gobierno para amordazar, a la Prensa", sino de una medida tomada en el contexto de la lucha emprendida contra la corrupción y el fraude, para evitar que permanezcan impunes presuntos delitos denunciados por los periódicos.