El Gobierno y Televisión

SEGÚN INFORMACIONES suficientemente contrastadas, el generalizado descontento producido en la sociedad española por la programación diaria de Televisión ha saltado por encima de los muros del Palacio de la Moncloa y ha penetrado, de rondón, en la sala donde se reúne el Consejo de Ministros. Algunos recientes sondeos de opinión y la oportunidad que los ocios veraniegos han deparado a los ministros para calibrar personalmente la naturaleza del cambio en la pequeña pantalla han modificado el prejuicio gubernamental de que la unanimidad de las críticas sobre Televisión era fruto de sospechosas coincidencias -para utilizar la original fórmula redescubierta por el portavoz del Gobierno-, alimentadas por oscuros intereses o malévolas intenciones. La bochornosa cobertura incialmente dada por Televisión, con su plana mayor en veraneo simultáneo, a las recientes inundaciones, probablemente ha contribuido también a esa mejoría en la percepción de la realidad por el poder.A comienzos de enero, la suspensión de un programa de La Clave sobre los ayuntamientos de izquierda mostró la continuidad de las prácticas censorias y del control gubernamental en Televisión Española, iniciadas en tiempos de Arias-Salgado y Manuel Fraga y proseguidas de manera mas debilitada por el centrismo. De añadidura, la insensata acumulación de mentiras proferidas por los altos cargos de Prado del Rey para ocultar los hechos colocó en una incómoda situación a un Gobierno que, sin embargo, había ganado las elecciones con un mensaje de moralización de la vida pública y la Administración. En aquella ocasión, el poder ejecutivo resolvió que los embusteros se mantuvieran en sus cargos, tal vez por el prepoterte deseo de afirmar el principio de autoridad y de ganar imaginarios pulsos librados entre la sociedad y el Estado. Pero si la invocación de la presunción de inocencia pudo en aquel momento servir de coartada a esa censurable decisión gubernamental, el posterior testimonio del antiguo jefe de prensa de Televisión Española, que corroboró públicamente y con su firma que los dírectivos del Ente Público habían mentido al avalar la imaginaria enférmedad del presentador de La Clave, privó de cualquier argumento de caracter ético a los defensores del equipo dirigido por Calviño.

Como suele ocurrir cuando los inferiores se sienten respaldados en sus tropelías por los superiores, los altos cargos de Televisión Española se sintieron poseedores de un cheque en blanco que les permitiría campar por sus respetos. De esta forma, los directivos del Ente Público hicieron suyas las viejas costumbres del anterior régimen, y las arrogancias personales y las bobadas ideológicas se convirtieron en su moneda corriente. Con la propensión a la obsecuencia y a la adulación de quienes se enmadran en la burocracia de los monopolios públicos, los programas informativos acentuaron su condición de escaparates de las actividades ministeriales, mientras que la inevitable mediocridad de los enemigos de la libre competencia se apoderaba del resto de los espacios culturales o recreativos.

Las comparaciones sólo son odiosas cuando perjudican a los afectados. Aunque la lamentable historia de Televisión Española hace excluir la coartada complaciente de que cualquier tiempo pasado fue mejor, las expectativas de cambio en los contenidos y en las formas de los programas televísivos han quedado ridiculizadas y frustradas. Por abundantes y meritorios que sean los esfuerzos del Gobierno en el campo educativo y en el terreno cultural, la sociedad española juzgará en gran medida la gestión socialista por los logros o los fracasos del poderoso medio televisivo, un monopolio estatal que será utilizado como torturante monopolio gubernamental mientras no se admita la competencia de emisoras privadas. El poder ejecutivo, sin embargo, parece ser en ocasiones víctima de la implacable lógica del principio de autoridad que le impide rectificar, en éste y en otros ámbitos, el curso de cualquier política equivocada que haya sido previamente criticada desde los escaños de la oposición o desde los medios de comunicación. Pero la absurda idea según la cual lo importante es quién hace las cosas y no qué cosas se hacen puede llevar al Gobierno socialista a convertinse en el titular o en el avalista de un inverosímil repertorio de medidas estrafalarias o conductas irregulares, amparado tan sólo por el viejo adagio de sostenerla y no enmendarla.

No es segpro, por tanto, que el Gobierno rectifique su política infermativa, pese a que tal enmienda pueda favorecer sus propios intereses, sea recibida con alivio por los ciudadanos y resulte inexcusable para el cumplimiento de las promesas electorales del PSOE. La rigidez en el ejercicio del principio de autoridad y el temor casi infantil a que la aceptaci¿,n de las razones de los críticos sea interpretada como síntoma de debilidad, puede colgar al cuello del poder ejecutivo las piedras de sus errores a lo largo de toda la legíslatura. Ni que decir tiene que los fabricantes de ese pesado lastre juegan con la viciada propensión gubernamental a no reconocer las propias equivocaciones, a proyectar sobre los discrepantes motivaciones malignas o conspirativas y a exigir que se silencien las críticas como condición previa a cualquier rectificación. No hay mas enérgicos defensores del cambio, devaluado a fórmulas retóricas de carácter paleorrevolucionario, ni más orgullosos profetas del evangelio un Gobierno que gobierna, triste sustituto de los compromisos electorales para ampliar las libertades, que quienes tratan de amparar sus intereses particulares bajo la cobertura del interés general y de disfrazar su incompetencia bajo la bandera de la ideología. El cálculo de probabilidades, sin embargo, hace inverosímil la suposición de que los nueve meses de ejercicio del poder socialista hayan demostrado que todos los nombramientos de altos cargos fueran acertados. Y, desde luego, el ámbito de la política informativa es el mejor ejemplo de esa conclusión.