"El decreto ley de expropiación de Rumasa es inconstitucional"

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Durante seis meses, desde que el 25 de febrero de este año fuera encargado de la defensa del caso Rumasa por José María Ruiz-Mateos, Matías Cortés ha declinado hacer declaraciones públicas sobre el caso. Ahora, una vez que le ha sido pedida la venia por otro colega, rompe el silencio; y lo hace para insistir en la solidez de su argumentación jurídica, en la trascendencia del caso y -según sus palabras- en defensa del Derecho.Matías Cortés, granadino de 45 años, es hijo y hermano de abogados. De pequeño recorrió los juzgados andaluces de la mano de su padre y, cuando terminó la carrera de leyes, con primer premio extraordinario de la facultad de Derecho de, Granada, se marchó a la universidad de Bolonia , donde hizo el doctorado y estudió economía.

Ganó la cátedra de Economía Política y Hacienda Pública de la universidad de Granada cuando tenía 26 años. En 1970 se instaló en Madrid y, desde entonces ocupa la cátedra de Derecho Financiero Tributario de la universidad Autónoma. Su nombre suena entre los estudiantes del Derecho por haber sido autor de un libro de texto considerado, quizá por su difusión masiva, como uno de los clásicos obligados para cualquier alumno de leyes. Matías Cortés, casado y con cuatro hijos, fue miembro del Partido Popular (sector Pío Cabanillas) al principio de la transición política, ha sido presidente de la Fundación para el Progreso y la Democracia y sigue siendo abogado de famosas causas multinacionales, por lo que, sin duda, ha sido en los últimos años uno de los letrados españoles que más impuestos ha pagado a la Hacienda Pública.

Pregunta: ¿Por qué ha pedido usted a José María Ruiz-Mateos que busque otro abogado para dirigir el equipo jurídico que le defiende en el caso Rumasa?

Respuesta: Básicamente, porque un asunto como éste, con la complejidad y envergadura que, implica la expropiación de Rumasa, exige una gran compenetración entre el cliente y el abogado defensor. Debo decir, desde luego, que, Ruiz-Mateos siempre ha respetado todas mis actuaciones profesionales y nunca ha discrepado de ellas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que éste es un asunto con otras facetas, políticas, de Prensa, de imagen pública, etcétera, en las que yo nunca he entrado. Estos temas los he entendido yo a veces de un modo distinto a RuizMateos, ya que él insiste más en soluciones y vías políticas y de Prensa que en las estrictamente jurídicas, que son las mías. Por esa razón me ha parecido que es mejor que él tenga un abogado con el que se entienda en todos los campos mucho mejor.

P. ¿Cree que Ruiz-Mateos tiene razones jurídicas para ganar este pleito contra el Gobierno?

R. Por supuesto. Estoy convencido de que el decreto ley de expropiación de Rumasa es inconstitucional y los centenares de folios, escritos judiciales, dictámenes, etcétera, que mis compañeros y yo hemos preparado y suscrito atestiguan nuestro convencimiento en ese sentido.

P. ¿Por qué ha llevado usted la defensa de Ruiz-Mateos tan en secreto?

R. En primer lugar, estoy obligado por el secreto profesional. En segundo lugar, he tenido durante estos seis meses un trabajo extraordinariamente extenso y difícil, silencioso y poco lucido, pero que nosotros creemos importante, aunque aún no se conozca en toda su dimensión jurídica. En esos centenares de folios a los que, me he referido antes se ha ido construyendo una doctrina sobre el caso, que estimamos sólida y cuyos resultados se verán en el futuro. Y, como el caso ha tenido una gran dimensión pública, vamos a publicar, en breve, los documentos de la defensa en un libro que incluirá un estudio introductorio que estoy elaborando ahora. De todas formas, en lo que era posible desvelar sin afectar al secreto profesional, y a pesar del silencio a que usted alude, la Prensa ha podido publicar información procedente de fuentes de la Defensa. De la lectura de los documentos públicos del caso Rumasa se desprenderá que la trascendencia del asunto es enorme.

"El proceso va a poner a prueba el sistema jurídico"

P. ¿Considera usted que la opinión pública tiene los datos suficientes para valorar el tema Rumasa?

R. Pienso que hay una gran confusión en este tema. Entre las declaraciones a la Prensa sobre los sospechosos de haber intervenido en la expropiación y el afán, por otra parte, de descubrir principalmente los aspectos policiacos del caso, creo que se está dejando huérfana a la opinión pública-española de la verdadera trascendencia del problema. Por eso, con la publicación del libro quiero contribuir a un debate más serio sobre ello.

P. ¿Cuál debería ser el centro de ese dabate?

R. En mi opinión, la verdadera importancia del proceso de Rumasa está en que va a poner de manifiesto no solamente la legalidad o no de la conducta del Gobierno o de los administradores del holding, sino que va a poner a prueba todos los mecanismos de defensa y de reacción, la propia elasticidad de nuestro sistema jurídico, la profesionalidad de la Prensa, la capacidad de la inspección de Hacienda, del Banco de España, de los abogados, del Parlamento" de la oposición, etcétera. Es como un ensayo general que va a poner a prueba todo nuestro sistema jurídico institucion«al.

P. ¿Cree usted que el sistema jurídico español está preparado para este reto?

R. Nuestro sistema funciona mal y es obvio que hay que reformar las leyes de enjuiciamiento ci vil, de enjuiciamiento criminal, et cétera, y tratar de construir un sis tema más eficaz y rápido para, ad ministrar justicia. Pero, desde luego, yo entiendo y estoy conven cido de que, a pesar de las imperfécciones del sistema judicial y del sistema procesal, y a pesar tam bién de la singularidad y de las dificultades del caso, el sistema jurí dico institucional español permite que se haga justicia; es decir, que se restablezca finalmente el equilibrio jurídico. La agresión contra Ruiz-Mateos es singular, rarísim y particularí sima, pero nuestro sis tema, con todos sus procedimientos, lentos y complejos, tiene capacidad objetiva para asumir el problema y restablecer el equilibrio jurídico.

P. ¿Cuál ha sido la principal di ficultad en la elaboración de una estrategia para la defensa de Ruiz-Mateos tras la ex propiación?

R. La principal dificultad nace de la propia singularidad del caso ya que no hay precedentes. El Estado español se está inventando un Derecho nuevo y particular para el caso Ruiz-Máteos, pues no puede haber en nuestro ordena miento jurídico una ley particular para penalizar a una persona. El debate jurídico puede ser infinito, pero precisamente en la singularidad del decreto ley y de la ley, redactados y aplicados a una persona, como un traje hecho a medida, ahí reside la profunda inconstitu cionalidad de la medida expropiatoria de Rumasa.

Hay muchos colegas que han criticado y critican duramente el decreto ley y señalan sus defectos técnicos, pero yo admiro, además, la capacidad de los redactores de tal decreto ley (quienes, dicho sea de paso, no sé si actuaron con nocturnidad, pero lo hicieron, desde luego, por la noche) porque han conseguido vestir de aparienciajurídica algo que no es posible. En el Derecho español no es posible que el Estado tome una medida legal por la que se, despoje a una persona de sus bienes.

P. Sin embargo, en nuestro ordenamiento jurídico existen leyes particulares.

R. Claro que hay leyes particu lares. Pero la ley particular es un privilegio que se concede y no un castigo. En la medida que la ley Ruiz-Mateos está cargada de una cierta substancia penalizadora, se está castigando una manera de ac tuar de un individuo y eso no es posible. En el caso Rumasa estamos ante un Derecho nuevo y, la principal dificultad para mí, al diseñar la estrategia defensiva, consistió en que estaba obligado a colgarla directamente de los princi pios básicos del ordenamiento jurídico.

Además, el ordenamiento jurídico español no tiene prevista respuesta rápida e inmediata a un decreto ley en virtud del cual se expropian todos los bienes de un señor o de un grupo.

P. ¿Quiere usted decir que Ruiz Mateos no puede defenderse?

R. No. Lo que quiero poner de manifiesto es la dificultad de esa, defensa, pero hay caminos y vía para la defensa. A un geñer le dicen, o mejor dicho, no le dicen sino que se entera por la televisión, de que le han quitado todo lo que tiene y ese señor no puede ir en el acto al Juzgado de Guardia o a otra instancia a defenderse y a pedir que le devuelvan lo que le han quitado. No hay un camino claro, un vehículo para defenderse de tal medida y había que buscarlo. Frente a una norma con rango de ley, sólo queda el recurso de inconstitucionalidad. Personalmente, Ruiz-Mateos no puede dirigirse al Tribunal Constitucional sin antes haber agotado las vías ordinarias y éstas son, como se está viendo, lentísimas, indirectas y complicadas. El Grupo Popular recurrió por su cuenta contra el decreto-ley en marzo y el Tribunal Constitucional tarda mucho en resolver porque está cargado de recursos.

"El acto de despojo es ilegal y nulo"

P. ¿Qué sentido contenía el interdicto presentado por José María Ruiz-Mateos contra el Gobierno ánte el juzgado correspondiente?

R. A través del interdicto le dijimos al juez que los hermanos Ruiz-Mateos eran los dueños de las acciones de Rumasal que se las habían quitado ilícitamente, porque el decreto-ley es una medida nula por inconstitucional, y que, por lo tanto, el juez tenía y tiene que reponerles en la posesión de lo que es de ellos. El mensaje del interdicto es "prirnero devuélvame los bienes que eran míos y luego se verá quién es el dueño auténtico, cuando resuelva el Tribunal Constitucional". Este procedimiento de carácter rápido y urgente aún no ha sido resuelto por el juez correspondiente.

El juez tiene que preguntar al Tribunal Constitucional si el decreto-ley es o no es constitucional. Por ello, el interdicto es una pieza clave de la estrategia defensiva: es un mecanismo para llegar al Tribunal Constitucional. No es una simple demanda- interdictal, sino que lleva implícito el recurso de insconstitucionalidad, pues el despojo de bienes es un acto ilícito. No hay precedentes. Estamos en agosto y aún no se sabe nada del asunto.

P. ¿En qué medida puede afectar el proceso judicial al desarrollo, a la Administración o a la reprivatización de las 500 empresas del holding de Rumasa?

R. Afecta profundamente. Cada vez que la Administración realiza un acto basándose en el decretoley y en la ley Rúmasa, Ruiz-Mateos puede poner un recurso con.. a la legalidad de éstos basándose en la inconstituciotialidad de la ley particular. La facultad de la Administración para disponer de Rumasa nace de un acto que consideramos nulo. El acto de despojo es un acto ilegal y nulo y debe, por tanto, reponerse a Ruiz-Mateos en la posesión de sus bienes y a.cciones. Además, hay que demostrar que lo que se le ha quitado a RuizMateos vale más de lo que éste debía, por ello tienen que pagarle una indemnización adecuada. No hay que olvidar que la expropiación no es una confiscación sino el cambio de titularidad de manos privadas a manos públicas para cumplir un objetivo de utilidad y previo pago de su valor.

Hay una dificultad adicional en este tema y es -que Ruiz-Mateos no dispone de los documentos para demostrar que era dueño de todo aquello, porque se los quedó el Gobierno y, además, no hay en España una legislación sobre sociedades holding. Y si teníamos dificultad para demostrar que la sociedad madre, Rumasa, era de los Ruiz-Mateos, excuso decir lo difícil que es probar sin papeles la propiedad de las filiales y tataranietas del holding. Todo ello era muy difícil hasta que, el pasado 5 de agosto, recibimos un escrito de la Dirección General del Patrimonio del Estado en el que, por primera vez, se reconoce a la familia Ruiz-Mateos como parte.

"Entendíamos de modo distinto la defensa"

P. ¿Cuál cree usted que es el origen de la expropiación?

R. El Gobierno, desde luego, no h dado a mi juicio una información detallada y suficiente de las razones por las que expropió a Rumasa. Al margen de la supuesta evasión de capitales, irregularidades fiscales, impagos a la Seguridad Social, y. todo lo que el Gobierno pudo saber, con posterioridad a la expropiación, hay que explicar las razones por las que tomó esa decisión tan desproporcionada. En seis meses, el Gobierno aún no ha sido capaz de terminar las auditorías y, sin embargo, amenazaba a Ruiz-Mateos con las penas del infierno si no las terminaba en cuatro meses.

Se está tratando de justificar la expropiación porque no pagaba impuestos, o se llevaba el dinero fuera, etcétera, y por ello, si se demuestra, se podrá condenar a Ruiz-Mateos, pero no hay razón para expropiarle. Creo que es muy importante que la opinión pública pueda distinguir el hecho fundamental y grave que es el despojo de bienes a un ciudadano particular. Todos los problemas penales, rocambolescos y misteriosos de que se ha ido rodeando el tema han llegado a apoderarse de la opinión pública. Con ello, se ha desviado la atención del hecho fundamental que es la expropiación.

P. ¿Cuáles son los objetivos prioritarios de la defensa?

R. En primer lugar, demostrar que la expropiación es ilegal y, en segundo lugar, obtener del Gobierno la mayor indemnización posible. Cualesquiera que sean los pecados y presuntos delitos de Ruiz-Mateos, se le puede condenar a cualquier pena que determinen las leyes. Pero, al mismo tiempo y paralelamente, habrá que devolverle sus bienes o la indemnización adecuada.

P. ¿Hasta qué punto estaba usted identificado con el comportamiento de su cliente?

R. Ya le he dicho que entendíamos de un modo distinto algunos aspectos de la defensa del asunto, lo que me ha llevado a pedirle el relevo, en el período de vacaciones judiciales, ya que me pareció el más conveniente para no afectar a sus intereses. Pero, en lo demás, a los abogados no se les puede definir nunca por -el tipo de clientes que defienden, sino por sus propios actos. Para defender a alguien de izquierdas o de derechas, guapo o feo, tan sólo hace falta ser abogado. Al abogado hay que respetarle un poquito más. Tiene que defender a su cliente y colaborar con la Justicia, pero no se le puede definir, en ningún caso, por el comportamiento de sus clientes. Esto creo que es importante, porque el abogado es pieza básica en la defensa de las libertades y derechos humanos. Por otra parte, yo no soy el único abogado de Ruiz-Mateos, sino que he coordinado a un grupo de eminentes profesionales en el que, dicho sea de paso, no se ha producido ninguna fisura ni nada por el estilo.

P. ¿Es cierto que ha cobrado usted por adelantado 400 millones de pesetas al hacerse cargo del caso Rumasa?

R. Este extremo lo he desmentido continuamente y, sin embargo, la Prensa sigue insistiendo en ello. La verdad es que hemos cobrado una cantidad a cuenta dé los gastos, desde luego, infinitamente inferior a los 400 millones a que usted se refiere. Ahora, cuando llegue el momento oportuno de conceder la venia al colega que me la ha pedido por encargo de Ruiz-Mateos, pasaremos la minuta de honorarios que corresponda al trabajo realizado hasta ahora de acuerdo con las normas de honorarios del Colegio de Abogados de Madrid y, por supuesto, dentro de la mayor moderación posible. Pero lamento que se siga insistiendo en esa cifra a pesar de que, en numerosas ocasiones, como le digo, he expresado que es absolutamente falso.

P. José María Ruiz-Mateos ha afirmado que la expropiación de Rumasa forma parte de una operación política de largo alcance dirigida contra el Gobierno socialista. ¿Qué opinión le merece esta afirmación de su cliente?

R. Me parece lógico que Ruiz-Mateos se pregunte y trate de encontrar una explicación satisfactoria a una medida del Gobierno que él ni entiende ni puede entender. Además, en la medida en que se afinan los argumentos jurídicos y se analizan los hechos con más calma, es difícilmente comprensible que el Gobierno, en lugar de adoptar otras medidas, acordara el decreto expropiatorio. De todos modos, yo me he preocupado de ordenar el trabajo jurídico, en frentes tan extensos que ignoro en absoluto cuál haya sido la génesis de la decisión del Gobierno. No he tenido tiempo ni información necesaria para pronunciarme sobre el origen de esta decisión. Pero, en todo caso, no creo que nadie, excepto el propio Gobierno y el Banco de España, pueda responder adecuadamente a su pregunta.

"José María Ruiz-Mateos volverá a España"

P. ¿Cree usted que Ruiz-Mateos puede volver algún día a España?

R. Estoy convencido de que José María Ruiz-Mateos volverá a España. En primer lugar, porque así lo desea él verdaderamente. Y en segundo lugar, porque creo que la evolución del proceso penal a que está sometido aquí le será muy favorable en el futuro. Hasta ahora se le ha juzgado en la calle, pero aún no le han juzgado en los tribunales de justicia. Y, evidentemente, el trato que se ha dado a Ruiz-Mateos ha sido, muchas veces, muy típico de la sociedad española, que modifica su valoración sobre las personas de una manera tan rápida y frívola.

P. ¿Cree usted que la oposición ha sacado provecho político de la expropiación de Rumasa?

R. La oposición no ha seguido el asunto de Rumasa con la necesaria presión, quizá por miedo a ser impopular. Sin embargo, han dejado pasar un caso muy importante, no por la cuantía de lo que está en juego, sino porque con él se va a poner a prueba una serie de tensores básicos de la musculatura de nuestro país.

P. ¿Qué influencia atribuye usted al pulso o desafío, según la palabra empleada por el vicepresidente Alfonso Guerra, entre Ruiz-Mateos y el ministro Miguel Boyer como desencadenante de la expropiación?

R. No sé qué influencia ha podido tener ese tema. Pero, en todo caso, sí observo una notable desproporción entre los antecedentes y los resultados. Es decir, se produce una aceleración vertiginosa a partir de un momento determinado. El proceso de expropiación desembocó de un modo explosivo. Es lo más contrario a un expediente administrativo.

P. ¿Qué opinión le merece la petición de responsabilidad penal a uno de los empleados a sueldo de Ruiz-Mateos por valor de 100.000 millones de pesetas?

R. Me parece totalmente desproporcionada. Mis compañeros, los profesores Rodríguez Mourullo y Oliva, cuando redactaron el recurso de reforma en contra del procesamiento de Jose Díaz Hidalgo, pusieron ya de manifiesto las razones que, a juicio de la defensa, hacían improcedente el mismo. Yo estoy de acuerdo con la opinión de mis compañeros, pero quisiera añadir, desde el punto de vista personal y humano, que el procesamiento de Díaz Hidalgo me ha afectado especialmente porque considero un error judicial exigirle una responsabilidad de 100.000 millones de Pesetas a una persona que, aunque tuviese el título de adjunto a la dirección, realmente era, como se ha puesto de manifiesto, un secretario particular a sueldo de José María Ruiz-Mateos.

P. ¿Hay alguna diferencia esencial entre el decreto-ley de 23 de febrero y la ley de expropiación?

R. El decreto-ley estaba, desde luego, peor hecho, pero la ley es una prueba más de la inconstitucionalidad del decreto-ley al modificar algunos artículos que eran inconstitucionales. Sin embargo, no han podido evitar el tema de fondo del decreto-ley que es, naturalmente, la expropiación y, por ello, la ley también es inconstitucional.

"Al Derecho no se le pueden hacer trampas"

Al final, se verá que al Derecho no se le pueden hacer trampas. Y Ruiz-Mateos debe ganar el pleito. Al Derecho le tienen que cuadrar las cuentas, como en una contabilidad. Y los actos que rompen el equilibrio jurídico acaban, tarde o temprano, siendo repudiados por el Derecho. Lo que le han hecho a Ruiz-Mateos no es una expropiación, sino una cosa rarísima y el Parlamento puede expropiar, pero no puede hacer cosas rarísimas. Y no puede inventarse una expropiación singular porque entonces está atacando al principio de igualdad ante las leyes.

Lamento que el debate público se haya desviado de lo fundamental para centrarse en la evasión de capitales y otras irregularidades o presuntos delitos cometidos por Ruiz-Mateos, que no afectan al motivo de la expropiación. Creo que, además, el delito monetario tiene en España una importancia desmesurada, propia del pasado. Hay que distinguir entre el señor que se lleva su dinero a una cuenta bancaria en Suiza y aquel otro señor que se lleva su dinero fuera para montar una cadena de distribución de sus productos en el exterior. Yo pienso que mi cliente no cometió ningún delito monetario, aunque pudo hacer cosas sin las autorizaciones pertinentes. Además, la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha dicho ya que es patente la inconstitucionalidad de la ley de Control de Cambios, en virtud de la cual se ha decretado la prisión incondicional de Ruiz-Mateos.