La protección civiI en España, en manos de una organización prácticamente simbólica

Una organización prácticamente simbólica, integrada por 300 personas -en su mayor parte antiguos funcionarios de los sindicatos verticales y militares retirados- atiende en España las competencias relacionadas con la Protección Civil. Su presupuesto de inversiones para este año asciende a la suma de 60 millones de pesetas, frente a los 300 del año anterior, lo cual da idea de la importancia que en este país se concede a la previsión y dotación de medios frente a situaciones de emergencia. La subestimación de un servicio tan importante se debe tanto a sus extraños orígenes, en que funcionaba como un organismo paramilitar, como a la falta de marco legal, personal adecuado y recursos económicos a disposición de los nuevos responsables.

La cobertura del Campeonato Mundial de Fútbol y de la visita del Papa fue la razón de que se invirtieran 300 millones en protección civil durante 1982. Además de tareas de documentación, edición de folletos, etcétera, con ese dinero se estableció una red de radio, para unir las ciudades que sirvieron de sede al campeonato o fueron visitadas por el Papa, y se adquirieron cinco hospitales móviles y tres unidades de vigilancia intensiva, que la Dirección General de Protección Civil ha tenido que entregar a la Cruz Roja por falta de personal para utilizarlos. También comenzó la organización de agrupaciones de voluntarios.El presupuesto para este año, elaborado bajo el Gobierno de UCD, dejó en 60 millones la cantidad para inversiones. Esa cifra ha sido mantenida por el Gabinete actual, aunque a última hora se arbitró una cantidad complementaria de 84 millones bajo la vaga rúbrica de "nuevas actividades", que han permitido continuar campañas de formación y mejora de comunicaciones.

Una larga serie de carencias

En la actualidad, la protección civil está encomendada a una dirección general que cuenta con 76 personas -de ellos sólo una docena de técnicos- y pequeñas oficinas provinciales, dependientes de los gobernadores civiles, que totalizan poco más de 200 funcionarios. La red de radio, que debe asegurar un medio de enlace cuando fallan los demás, alcanza a 26 provincias. No existen un mapa de riesgo nacional, un inventario de recursos movilizables frente a emergencias ni planes para afrontar numerosos problemas, desde incendios en plantas petroquímicas hasta accidentes en túneles de ferrocarriles subterráneos. Desde luego, no está homologado el material de los diferentes cuerpos de bomberos. Lo que existe, hasta ahora, son planes parciales de seguridad en centrales nucleares, medidas para paliar la sequía, un plan para la lucha contra los incendios forestales y otro sobre transporte de mercancías peligrosas.El director general de Protección Civil, Antonio Figueruelo, 47 años, ex delegado de Seguridad del Ayuntamiento de Barcelona, trabaja en un edificio madrileño compartido con una empresa de hostelería y una asociación de radiotelevisión. El cartel de la empresa citada en la fachada es cinco veces más grande que el de Protección Civil, que apenas puede leerse a dos o tres metros de distancia; claro que hace unos meses no había signo externo alguno que denotara la presencia de dicho organismo, e incluso sus números de teléfono no habían sido incluidos en la guía telefónica. "Imagínese", comenta el actual director, "unos teléfonos que deben ser de acceso inmediato, ante cualquier emergencia, no figuraban en la guía".

Para el futuro, el máximo responsable de Protección Civil confía en que el presupuesto de inversiones se eleve a 700 millones de pesetas anuales y pueda conseguirse más personal, de manera que, se incrementen los servicios técnicos y comience la organización de columnas móviles de intervención inmediata en caso de emergencias. Todo ello sin olvidar la puesta a punto de un marco legal adecuado para este tipo de competencias, puesto que la coordinación efectiva de servicios y organismos variados -desde las Fuerzas Armadas hasta las Administraciones autonómicas y locales- es más fácil de plantear que de conseguir con la efectividad adecuada.

Uno de los proyectos existentes afecta a los objetores de conciencia, cuya adscripción a tareas de Protección Civil podría regularizarse en breve plazo. Otro plan consiste en movilizar imperativamente a los ciudadanos y a los recursos materiales necesarios en caso de declaración constitucional del estado de alarma, momento en que la Protección Civil llegaría a adquirir su máximo nivel de actuación. Por otra parte, los responsables de dicho organismo defienden la necesidad de disponer de un dispositivo suficiente, para limitar la intervención de fuerzas militares a las situaciones de emergencia verdaderamente extraordinarias, en lugar del actual estado de cosas, en que las Fuerzas Armadas son utilizadas de forma constante.