Alianza Popular denuncia en un informe que el Plan General vulnera la legalidad

Alianza Popular ha redactado un extenso documento donde presenta una serie de alegaciones a la revisión del Plan de Ordenación Urbana de Madrid, que se encuentra actualmente en período de información pública. El estudio recoge los puntos en los que este partido discrepa y los aspectos en los que el plan "vulnera la legalidad".

El Plan de Ordenación Urbana, según AP, supedita el análisis objetivo de la realidad a unas premisas ideológicas, con lo que se anula la validez del análisis y de los procedimientos sobre los que el plan se desarrolla.El estudio afirma que hay que compatibilizar justicia social y eficacia económica, y no contraponerlas como hace el plan. Añade que los planteamientos de la ordenación urbana del actual equipo municipal van a producir repercusiones negativas en los costes sociales y económicos de los ciudadanos de Madrid.

Según AP, lo redactado en el Plan de Ordenación Urbana de Madrid no cumple las directrices del Planeamiento Territorial Urbanístico para la Revisión del Plan General del Área Metropolitana de Madrid, redactadas en su día por Coplaco (Comisión de Planeamiento y Coordinación del Área Metropolitana), con lo que se establece una diferencia con los demás municipios afectados por esa normativa. Esta falta de compatibilidad debería impedir, a juicio de AP, la aprobación definitiva del Plan.

De acuerdo con el informe, las ilegalidades residen en que el plan "establece con carácter obligatorio la delimitación de unidades reparcelables discontinuas que sólo lo pueden ser con carácter voluntario", y "propone para el suelo urbano cesiones y cargas por encima de lo legalmente establecido". Igualmente, "incluye una regulación de la edificación de fuera de ordenación distinta de la que establece la Ley del Suelo". "El contenido normativo del plan", agrega, "ignora generalizadamente el planeamiento de detalle anterior". AP denuncia también la escasa participación ciudadana a la vista del número de sugerencias recogidas en el plan, lo que "muestra el evidente fracaso global de dicho proceso de participación".

Interferencia en la economía

El Plan General va a producir, en opinión de AP, una desaceleración económica porque plantea unas determinaciones que interfieren el proceso económico libre y fluido. El estudio económico-financiero del plan no cumple las exigencias legales, según este informe, al no incluir los compromisos y la aceptación expresa del sector público en aquello que le afecta. Para AP no queda justificada, por tanto, la viabilidad del programa de actuación. De los temas que se tratan en el Plan de Ordenación Urbana, uno de los más atacados en el documento es el relativo a las políticas de vivienda y suelo, que, a juicio de AP, encarecerán el proceso de producción residencial. Ello se traducirá en un alza de los precios de viviendas y en, un incremento del "tráfico en mercado negro" de las de protección oficial, según el informe.La ilegalidad general del régimen urbanístico del suelo urbano y urbanizable programado en el plan genera su nulidad radical, según AP, al ser el régimen urbanístico del suelo la base jurídica en la que se asienta. La nulidad de esta regulación invalidaría la totalidad del plan. La aprobación inicial, acordada por el último pleno de la corporación antes de las elecciones de mayo, y la suspensión generalizada de licencias van a agudizar a medio plazo la crisis económica del sector inmobiliario, debido a la carencia de suelo y al aumento incontrolado del precio de suelo edificable, como consecuencia del desequilibrio temporal entre oferta y demanda, desacuerdo con el informe. El estudio concluye con la siguiente afirmación: "Al tener el plan carácter de disposición general, todos los actos de desarrollo del mismo serán igualmente nulos, lo que ocasionará los consiguientes perjuicios y daños para los intereses particulares y generales".