El Gobierno nombra consejero permanente de Estado a Landelino Lavilla

El Consejo de Ministros, reunido en una sesión maratoniana hasta las 10 horas de ayer, acordó nombrar consejero permanente de Estado a Landelino Lavilla, hasta ahora diputado del grupo parlamentario centrista, ex presidente de UCD y ex presidente del Congreso de los Diputados.Entre los asuntos tratados por el Consejo figuran la aprobación de los siguientes proyectos de ley: ley reguladora de habeas corpus; de modificación del artículo 338 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; sobre modificación del seguro privado; de concurrencia de España al octavo aumento de cuotas del Fondo Monetario Internacional; sobre reconocimiento de obligaciones exigibles al Estado de las derivadas del saneamiento financiero de la Cooperativa Provincial del Campo UTECO-Jaén y de la Cooperativa Provincial Agrícola de Jaén y, en su caso, la concesión de varios créditos extraordinarios por importe de 27.160 millones de pesetas; ley reguladora de tributos a las comunidades autónomas de Canarias, Castilla-León y Valencia y de comparecencia ante las comisiones de investigación del Congreso y Senado.

El Consejo de Ministros aprobó, de igual modo, varios expedientes del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo por los que se financian obras para abastecimiento y aprovechamiento hidraúlico por valor de casi 8.000 millones de pesetas en las provincias de Cádiz, Córdoba, Sevilla, Granada y Málaga.

Otros expedientes del mismo ministerio aprobados son los relativos a obras de remodelación-cosntrucción de 660 viviendas en el polígono San Cosme de Prat de Llobregat, en Barcelona, por un importe de más de 1.851 millones de pesetas y la aprobación de un gasto de 2.300 millones de pesetas para la construcción de 583 viviendas en el poblado dirigido de Orcasitas.

A propuesta del ministro de Trabajo, Joaquín Almunia, el Consejo aprobó un Real Decreto sobre regulación de la jornada de trabajo, sus ampliaciones y limitaciones, descansos y horas extraordinarias. El Consejo de Ministros también aprobó un Real Decreto por el que se revisan las tarifas del Canal Isabel II, con destino a la financiación del Plan de Saneamiento Integral de Madrid.