Nuevos impulsos a la fusión de cajas de ahorro para fortalecer el futuro de estas instituciones de crédito

Tras el reciente acuerdo de fusión de las cajas de ahorro de Tenerife y La Palma, que han formado la Caja de Ahorros de Canarias, están en proceso muy avanzado de integración las dos entidades existentes en Avila y las otras dos de Palencia, según fuentes de este sector, que conjunta un tercio del sistema financiero. Los condicionantes detectados en anteriores operaciones han sido últimamente desplazados por la necesidad de garantizar la viabilidad futura de las instituciones afectadas. Entre las tres empresas resultantes moverán 120.000 millones de pesetas, procedentes de un millón de cuentas de clientes.

La Caja de Ahorros de Canarias, cuyo nombre ha sido impugnado por la Insular de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, tendrá más de 610.000 cuentas de clientes. De los 56.000 millones de pesetas que reúnen todas ellas, casi 51.000 serán aportados por la de Santa Cruz de Tenerife.En la provincia de Ávila, donde la operación acaba de pasar por los respectivos consejos de administración, según fuentes de la Confederación Española de Cajas de Ahorros, la entidad resultante contará con cerca de 42.000 millones de pesetas en depósitos de clientes, procedentes de 250.000 cuentas. La Caja General de Ahorros y Monte de Piedad de Ávila aportará 30.000 millones de pesetas en recursos ajenos y la Caja Central de Ahorros y Préstamos de Avila los otros 12.000 millones.

En Palencia la situación es intermedia con respecto a los otros dos procesos, pues ya ha sido acordada por los órganos de gobierno. Se trata también de las dos únicas entidades de la provincia: Caja de Ahorros y Monte de Piedad, con 14.200 millones de pesetas en 116.000 cuentas acreedoras, y de la Caja de Ahorros y Préstamos, con cerca de otros 6.000 millones en 36.000 cuentas.

Los tres casos, de dimensión similar al de algún otro actualmente en tanteo, han sido mucho más modestos que las dos grandes operaciones de los últimos años, de cada una de las cuales ha salido una entidad con 170.000 millones de depósitos. Primero fue las de Alicante y Murcia, que absorbió a siete cajas de la zona, y luego, de la de Galicia (La Coruña, Ferrol, Lugo y Santiago).

Otro proyecto, más ambicioso que los anteriores (las de Madrid, Toledo, Cuenca, Ciudad Real y Guadalajara), tardó varios años en fracasar. La posterior promoción de federaciones regionales, luego apoyada por la Administración socialista, ha dado lugar a diversas negociaciones para la fusión que tampoco han cuajado.

Recomendaciones "de todos"

Oficialmente, ninguno de los círculos de responsabilidad que podían haberse pronunciado sobre los tres últimos procesos (Ministerio de Economía y Hacienda, Banco de España y Confederación Española de Cajas de Ahorros, CECA) ha reconocido haber tenido intervención. Pero ha trascendido en medios financieros que, de alguna forma, todos los implicados habían recomendado las fusiones.Como en otros casos, la CECA ha considerado, al menos técnicamente, las posibilidades de cada caja resultante, lo que ha influido en la decisión después de valorar ventajas e inconvenientes.

Portavoces de la Confederación no han confirmado ni desmentido esto, aunque en otros medios de la CECA se ha recordado que un reciente proyecto entre dos cajas vascas no prosperó porque ambas llegaron a la conclusión de que su fusión beneficiaría a la competencia bancaria.

Actitud de las cajas

Es creencia extendida en medios del sector que uno de los principales inconvenientes de todos los proyectos, si no el mayor, ha sido siempre la resistencia a perder poder o a dejar que otros lo ganen por parte de los miembros de los órganos que debían aprobarlas o realizarlas. Desde que se inició la transición política, los rumores sobre un mayor control gubernamental para las cajas han coincidido con la revitalización de iniciativas, hasta el punto de que en reiteradas ocasiones se ha atribuido su origen a eventuales intentos de escapar a dicho control.Pero las recomendaciones a favor, según medios del sector, surten efectos seguros, y ahora el panorama parece ser diferente. Señalan que el Gobierno ha dado pruebas de que no quiere impulsar las fusiones "más que por necesidades".

Paralelamente, aunque el proceso de concentración de las cajas sigue vías muy distintas que el de los bancos -el Fondo de Garantía de Depósitos de las mismas no ha tenido que intervenir hasta ahora en ninguna ocasión-, diversos casos han puesto de manifiesto últimamente la necesidad de una racionalización de la competencia entre cajas y de éstas con los bancos, a juicio de los observadores.

Las dificultades, por regla general, han sido más de coyuntura que de estructura, y han recibido la solidaridad del sector y el apoyo del Banco de España, sin que entre en marcha el Fondo. Ha trascendido, por ejemplo, que el Banco de España acaba de levantar la intervención mantenida durante tres meses en la Caja de Ahorros de Cáceres (casi 24.000 millones de pesetas en depósitos), después de apreciar la concentración de riesgo en la actividad conservera, que entró en crisis.

La solución ha consistido en que la CECA le envió un director general, mientras el conjunto de las cajas y el Banco de España le facilitaban 3.000 millones de pesetas por tres años. Aparte de otros remedios en cajas de zonas afectadas por catástrofes, una salida similar tuvo hace cinco años la de Las Palmas, cuando el Banco de España le entregó varios miles de millones de pesetas a diez años, bajo la condición de que hicieran lo propio las cajas de ahorro.

De cara a la anunciada reforma de las cajas, los criterios que transmitirá el sector al Gobierno consisten en que la competencia entre las propias cajas no debe ser combatida desde las instancias gubernamentales y que las fusiones, cuando surjan, deben ser frutos de acuerdos voluntarios para conseguir unidades económicamente más racionales, pero en un proceso no forzado, quizá sin nuevas normas protectoras. "Sólo en los casos de que la difícil viabilidad de alguna caja lo requiriese debe ser impulsada la fusión de modo especial".