La patronal propugna la desaparición de los coeficientes para bancos y cajas

"No me extrañaría que en el prurito desintermediador que nos invade, nos sucediera que cuando nosotros vamos los otros vuelven". Con estas palabras y con la calificación del proceso de desintermediación financiera española como "fotografía retardada" de lo ocurrido en Estados Unidos, el presidente de la Asociación Española de Banca Privada (AEB), Rafael Termes, atacó ayer el intervencionismo del Estado en el sistema financiero y ahogó por una liberación de coeficientes para cajas y bancos para competir, en igualdad de condiciones, con los nuevos intermediarios financieros.

El presidente de la AEB, en su intervención en el curso Introducción al sistema financiero español, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, tras hacer historia de la evolución del sistema financiero español desde 1959 y mencionar los distintos avances liberalizadores, criticó el intervencionismo estatal que aún perdura para los intermediarios clásicos (bancos y cajas) y propugnó una total libertad para que estas entidades dispongan de sus activos como única forma para lograr un sector financiero eficiente y competitivo.Rafael Termes, no obstante, expresó sus dudas en que la política del Gobierno vaya en tal sentido (el ministro de Industria y Energía, Carlos Solchaga, hablaba en otra aula, de la necesidad de que la banca privada participe en la reconversión y en la reindustrialización). "Desgraciadamente", dijo el presidente de la AEB, "los rumores sobre las medidas en preparación no van precisamente en esa línea y hoy existe un riesgo, más o menos configurado, de que el Gobierno, en forma explícita o subrepticia, intente aumentar el volumen relativo de recursos cautivos por disposiciones administrativas". Y añadió: "al margen de las intervenciones, desde luego indeseables, para detraer recursos del sistema bancario, en condiciones de plazo y coste fuera de mercado, para sostener sectores industriales sin futuro, se dice que es necesario homogeneizar los instrumentos de captación de ahorro financiero en relación con la aplicación de coeficientes obligatorios. Esta equiparación de trato es desde luego deseable pero, en mi opinión, sería mucho más fructífera, desde el punto de vista de la eficiencia, si la homogeneidad se buscara por la vía de suprimir los coeficientes en vez de por el camino de someter todos los instrumentos al peso de los mismos".

Nuevas medidas

Rafael Termes se refirió a las nuevas medidas "desregularizadoras" (así se denomina la liberalización en Estados Unidos) que han tenido lugar en los últimos años en Norteamérica y que han permitido a bancos y cajas recuperar buena parte de los depósitos perdidos en ejercicios anteriores por la competencia de nuevos intermediarios financieros.

Expresó su temor de que en España, una vez más se esté actuando por mimetismo y fuera de tiempo. Y los nuevos instrumentos financieros (pagarés de empresa, cédulas hipotecarias, letras y pagarés del tesoro) se estén promocionando en nuestro país cuando en aquellos en los que se originaron se ha rectificado ya esta política de desintermediación y se está eliminando la discriminación existente entre los intermediarios clásicos (bancos y cajas) y los nuevos intermediarios.

Raimundo Poveda, subdirector general del Banco de España, explicó, en una intervención anterior, la evolución y contenido de los coeficientes obligatorios para bancos, cajas y cooperativas de crédito en España.

En un tono muy crítico, aunque dejando muy claro que no era contrario a la necesidad de una financiación especial para determinados sectores o demandas sociales de carácter prioritario para el país, Poveda describió la irregular evolución de estos coeficientes, la ineficacia de algunas líneas de crédito amparadas en ellos y también los posibles fraudes a que habían dado lugar otras (en una población de Alicante hay una calle que se llama "del circulante", cuyos chalés han sido construidos con líneas de financiación a la exportación).

Poveda definió los coeficientes como "una especie de impuestos a los que se somete a bancos y cajas para evitar pedirles directamente que atiendan inversiones arriesgadas y poco rentables, pero de gran interés social.