La escuela infantil Pulgarcito tendrá que desalojar los locales que utiliza

La escuela infantil Pulgarcito, situada en el barrio de San Blas, se verá obligada a desalojar las dependencias donde se desarrolla actualmente su actividad pedagógica, debido a una sentencia de la Audiencia Provincial. El juicio fue originado por el Consejo Parroquial de la iglesia de la Virgen del Mar, propietaria de los locales utilizados hasta ahora por la guardería. Pulgarcito, que acoge en sus aulas a unos 90 niños, tiene una larga historia de problemas, originados por la divergente postura pedagógica de los educadores y de los padres, por un lado, y el consejo parroquial, por otro. Frente a una línea basada en la evolución psicomotriz y afectiva, la parroquia plantea una educación cristiana para los niños, entre tres meses y seis años.Tras la sentencia de la Audiencia Provincial, que falla a favor del propietario legal de los locales, la escuela está en trance de desaparecer. Para evitarlo, los miembros de la asociación que la regenta están gestionando la cesión de locales por parte del ayuntamiento. En este sentido, el concejal del distrito de San Blas Joaquín García, ha expresado su intención de cambiar la calificación de unos terrenos situados en las proximidades, y que el avance del Plan General destina a zona verde, para construir en breve plazo unos nuevos locales. Es posible que, mientras tanto, la guardería sea trasladada a un local de propiedad pública, según los resultados de las conversaciones entre miembros de la escuela y el concejal de San Blas.

Larga historia conflictiva

La escuela infantil, "y no guardería, que esto no es un aparcamiento", según afirman sus promotores, nació en 1967 por iniciativa de asistentes sociales de San Blas. En 1971 se construye el edificio de donde ahora se les desaloja, en terrenos cedidos por la parroquia y con fondos procedentes del antiguo Ministerio de Gobernación, de Cáritas y donativos de particulares. En 1974, el Ministerio de Trabajo concede una subvención anual de cinco millones de pesetas en concepto de guardería laboral, y a nombre del párroco, Aquilino Ochoa. En 1976, la Asociación Jardín de Infancia Pulgarcito (formada al 50% por padres de alumnos y educadores) plantea un cambio en la línea pedagógica. Con ello empezaron los problemas.En 1978 y 1980, el párroco plantea el posible desalojo, y se producen manifestaciones de los padres y encierros en el arzobispado. El párroco exige la disolución del equipo de nueve educadores (actualmente son solamente seis), o, en caso contrario, cederles los locales por un alquiler de 150.000 pesetas. Los miembros de la asociación, según representantes de esta entidad, ofrecieron la supervisión económica por parte de la parroquia, pero sin que se inmiscuyera en la línea pedagógica. Posteriormente, y tras resultar infructuosa la búsqueda de locales, el párroco se niega a solicitar la subvención, y esta ayuda, al estar los locales a nombre del sacerdote, no es concedida a la Asociación Pulgarcito. El párroco inició a continuación un juicio por desahucio, pese a la oposición de la vicaría de Madrid, según dijo el provicario, José María Martín Patino.

El origen del problema se encuentra en la línea pedagógica, que el coordinador de la escuela, José Antonio González, define como "proyecto social, de carácter laico, adecuado a las características económicas del barrio, que es de gente trabajadora". Entre sus objetivos se encuentra "lograr la autonomía afectiva e intelectual del niño, que le proporcione recursos para enfrentarse al mundo de forma crítica y con deseos de transformarlo".

Según José Antonio González, "el párroco pretendía ideologizar la educación de los chavales, atendiendo a unos principios cristianos que no tienen nada que ver con las necesidades evolutativas de los niños".

Las cuotas de la escuela infantil oscilan entre las 12.000 y las 1.000 pesetas, según las disponibilidades económicas de cada familia. El ayuntamiento dona 100.000 pesetas mensuales.

El provicario de la diócesis ha señalado sobre este caso que, "aunque comprendo la postura de los educadores, la parroquia tiene derecho a que en sus locales se dé una educación acorde a los principios cristianos".