Rumasa podrá seguir embotellando y comercializando el Dry Sack hasta que se decida sobre la propiedad de la marca

ENVIADO ESPECIALWilliams & Humbert, la bodega jerezana propiedad de Rumasa, podrá seguir embotellando y comercializando la marca de jerez Dry Sack hasta que se decida sobre su propiedad en los tribunales británicos y en los de la Isla de Jersey, según el acuerdo alcanzado ayer ante el juez Vinelott, de la Sala 40 del Alto Tribunal de Londres, por los representantes legales del grupo expropiado español y los de José María Ruiz-Mateos. Esta decisión del juez, junto a las adoptadas el pasado viernes, aplaza de hecho hasta octubre, por lo menos, el problema de fondo del litigio que enfreuta al Gobierno español, a través de Rumasa, con el ex fundador del holding por el control de la denominada Rumasa Exterior.

El acuerdo, leído ayer ante el juez, establece que la familia Ruiz Mateos mantiene en depósito la marca Dry Sack, pero no puede vender, ceder ni gravar a terceros la misma, ni puede interferir en el proceso de fabricación y comercialización del jerez ni de la empresa española que lo embotella. Con esta fórmula, desaparece la figura del administrador judicial que había controlado el uso de la marca durante las últimas seis semanas.El aspecto más importante del acuerdo es que Williams & Humbert puede continuar, sin ningún tipo de interferencia exterior, el uso y la comercialización de la marca y consigue las garantías legales suficientes para que los hermanos Ruiz-Mateos, accionistas únicos de la firma de Jersey, Williams & Humbert Trade Mark Limited, no transfiera Dry Sack a terceros y mucho menos la use simultáneamente. La bodega jerezana, a cambio, concede a la firma de Jersey una garantía compesatoria suficiente a través de una entidad británica, que cubra los daños que el uso de esta marca pueda remitirle en el caso de que los tribunales británicos fallen en favor de los hermanos Ruiz-Mateos en el tema de fondo de la propiedad.

Bajo el acuerdo, el uso de la marca es total para Williams & Humbert y la bodega jerezana se reserva el derecho a registrar este acuerdo en todos los países del mundo donde se comercializa el famoso jerez, según declaró ayer José Luis Sarmiento, director general de la bodega de Rumasa. Ruiz-Mateos, sin embargo, obtiene a cambio la posibilidad de que una firma externa -se cita el caso de la empresa auditora Price Waterhouse- supervise la contabilidad de la compañía de vinos de Rumasa.

Más de una semana han durado en Londres, ante el Alto Tribunal de la ciudad, los procedimientos judiciales preliminares cuya misión era recabar información en relación con las demandas interpuestas en el Reino Unido por el Grupo Rumasa y cuyo objeto era obtener el control de la enrevesada red de empresas que el fundador del holding de la abeja creó fuera de España. Las acciones legales, en fase preliminar y que han culminado con resoluciones exclusivamente cautelares, tienen un valor más simbólico que real, ya que muy poco dinero se espera poder recuperar de unas empresas con escasos activos y que, como mínimo, o están muy endeudadas con los propios bancos del grupo o se encuentran en proceso de liquidación por quiebra, como es el caso de la cadena de tiendas de licores Augustus Barnett, según la interpretación de Rumasa.

Tan sólo el proceso por el control de la marca Dry Sack, un jerez con mas de ocho mil millones de pesetas de ventas anuales, tiene un trasfondo económico inmediato. Sobre la propiedad y uso de esta marca existen dos acciones legales en el Reino Unido (una en Londres y otra en la isla de Jersey), que enfrentan a Williams & Humbert, la compañía de Jerez que ha embotellado dicho sherry desde 1905, y a una sociedad denominada Williams & Humbert Trade Mark Limited, registrada en la isla mencionada del Canal de la Mancha. Los seis hermanos de la familia Ruiz-Mateos son los únicos accionistas de esta sociedad, que afirma controlar la marca en propiedad desde que Rumasa se la vendió en 1976.

Según se ha puesto de manifiesto en la sala londinense, en el contrato de venta de la marca se especificaba que Williams & Humbert podría seguir comercializando el sherry siempre que el contenido fuera de buena calidad y que la empresa no fuera nacionalizada o expropiada. Tras la expropiación del 23 de febrero, Ruiz-Mateos exigió a Williams & Humbert que dejara de comercializar dicho producto y le dio un plazo de 10 días para agotar las existencias del vino.

Williams & Humbert emprendió entonces las dos acciones legales mencionadas alegando que el contrato de venta de la marca se hizo sin su conocimiento ni consentimiento, y que, en todo caso, fue doloso para la compañía, ya que se le privó de su principal activo sin ninguna compensación a cambio. La bodega jerezana exige la invalidez del contrato ante los tribunales de Jersey y reclama además la propiedad de las acciones de la empresa allí registrada.

Acuerdo interino

La primera causa de esta complicada batalla por la marca se vio en el Alto Tribunal de Londres el pasado mayo y se llegó a un acuerdo interino que expiraba el pasado 11 de julio. Con la apertura de nuevos procedimientos cautelares en dicha fecha, los representantes de Ruiz-Mateos accedieron a negociar un compromiso que prolongara la situación de hecho y permitiese que el jerez Dry Sack no desapareciera del mercado salvaguardando los intereses de ambas partes. La diferencia con la situación anterior es que ahora desaparece el administrador judicial británico, extremo este que beneficia la posición de Ruiz-Mateos, pero a cambio Willianis & Humbert consiguen un compromiso firme de Ruiz-Mateos de no transferir la marca hasta que se decida su propiedad.

En la sesión de ayer, el juez también analizó la situación en que se encuentra la demanda presentada por Rumasa contra Multinvest, el holding exterior montado por Ruiz-Mateos. Sobíe esta demanda se llegó a un compromiso el pasado viernes y que deja a Multinvest N V bajo control judicial británico. Ahora se trata de que los documentos de esta sociedad y de su subsidiaria británica, en poder del administrador judicial, Ian Bond, puedan ser vistos por las dos partes. Como hasta ayer no se había llegado a ningún acuerdo sobre el acceso a estos documentos, el juez británico emplazó a las partes a que lo alcanzaran antes de las vacaciones judiciales, el próximo día 1 de agosto.