La futura ley de Prensa polaca reforzará el control del Estado
El proyecto de ley sobre derecho a la Prensa de que quiere dotarse el poder en Polonia tiene como líneas directrices una firme toma del control de los medios de comunicación y unas mayores facultades censoras, a pesar de que el texto se contempla como un paso más en el proceso de normalización del país tras el levantamiento del Estado de sitio.En el terreno de la censura propiamente dicha, el proyecto prevé la derogación o modificación de disposiciones liberales de la Ley de 31 de julio de 1981, votada por la Dieta (Parlamento) en los tiempos en que Solidaridad era aún un sindicato legal. Así, además de seguir vigente la prohibición de publicar todo aquello que pueda perjudicar a la "independencia o a la integridad de Polonia", se añade: "O de poner en peligro la seguridad del Estado". Se prohibe "calumniar" o "humillar" no solamente al "sistema constitucional", sino incluso a sus órganos supremos", entre ellos, naturalmente, el Gobierno.
La censura verá cómo se le someten textos hasta ahora exentos, como publicaciones científicas de la Academia de Ciencias y otros organismos de enseñanza superior.
En cuanto a los medios de comunicación, el poder declara abiertamente que son propiedad del Estado en tanto que tienen "el deber de consolidar el sistema socialista". El viceprimer ministro, Mieczyslaw Rakowski, en una intervención ante la Dieta, despejó cualquier duda al asegurar que "el perfifl político de la Prensa" está determinado por su "fundador", es decir, el partido comunista (POUP), el Gobierno o los otros partidos políticos autorizados y escasamente independientes del poder.
El proyecto de ley respeta el derecho de los periodistas a la "libertad de conciencia y de creación", pero añade que "eso no les libera del deber de realizar la línea política" del órgano de Prensa que los emplea. Cualquier actividad contraria a esta línea se considerará como una violación del "deber del trabajador en el espíritu del código del trabajo", lo que, en definitiva, podría suponer el despido, a juzgar por la purga que se cebó en los periodistas tras la introducción de la ley marcial.
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